En la actividad estuvieron presentes el fiscal regional de la Región de O´Higgins, Emiliano Arias; el abogado litigante penal del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes; el auditor forense del Colegio de Criminalistas de Chile A.G Christian M. Nino-Moris; el subcomisario del CENACRIM, Ángelo Dini y la presidenta del Colegio de Criminalistas de Chile A.G., Natalia Letelier.

 El Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración y Economía de la USACH  a través del director del Área de Auditoría, Arturo Cerda, y el Colegio de Criminalistas de Chile A.G., con el apoyo del grupo de investigación Bosch y Vargas organizaron la "Segunda Jornada de Criminalística sobre delitos económicos", realizada este 30 de junio en el Aula Magna de la U. de Santiago.

Con una gran asistencia de público, entre los que se encontraban, personal de carabineros, de la PDI, abogados, contadores auditores y estudiantes; los expositores entregaron un completo escenario a cerca de los fraudes corporativos, el compliance, el rol y los límites de los auditores y la investigación de los delitos económicos.

Antes de las ponencias, el Jefe de Carrera CPA FAE USACH, Felipe González, explicó la razón de esta instancia, debido al nivel de desconfianza que existe en la ciudadanía, con respecto a todas las instituciones del país. "El Departamento de Contabilidad y Auditoría no está ajeno a esta realidad ya que nuestra misión es formar a ministros de fe pública, y esperamos que esta instancia ayude a crear una conciencia general que pueda construir una mejor sociedad", dijo.

Quién también dio la bienvenida a la audiencia, fue la presidenta del Colegio de Criminalistas de Chile A.G., Natalia Letelier. La profesional invitó a los presentes a conocer las distintas miradas de los delitos económicos y destacó que la criminalística por lo general, se asocia a delitos violentos, argumentando que su aplicación es más amplia e interviene en delitos económicos que deteriora a las instituciones y permea el poder público y político.

"Esperamos que con eventos como estos, surjan avances para encontrar las falencias y darle un mejor tratamiento a los delitos de colusión y corrupción", señaló Letelier.

El primer exponente fue el fiscal regional de la Región de O´Higgins, Emiliano Arias, quién se refirió a los fraudes corporativos en las empresas y su impacto en la investigación criminal. "Existe una expansión en el derecho penal, sin dilucidar si esto es consecuencia de las sociedades modernas o efecto de la perversidad estatal. Están surgiendo nuevos intereses sociales y a la vez nuevos riesgos. Por lo tanto, hay un espacio de expansión razonable. Los ciudadanos tienen una sensación de inseguridad subjetiva, por lo que se producen demandas intensificadas de protección, que apoyadas por los movimientos sociales, apelan al derecho penal", indicó el abogado.

A esto, agregó que las dimensiones económicas, sociales, culturales y la globalización ayudan a la expansión de este tipo de derecho, el que asume la gestión macro del problema y se convierte progresivamente en el derecho" de la sociedad de riesgos del estado de la prevención.

"Esta expansión se refleja en tres tipos: la expansión en la tipificación de nuevos hechos económicos como constitutivos de derecho; la expansión de la autoría, donde se amplía la responsabilidad penal no sólo al que comete un delito y la expansión en los sujetos responsables penalmente, es decir, no sólo personas naturales, si no que además, personas jurídicas", manifestó Arias.

También indicó que una de las materias donde se expande el derecho penal es en la economía, donde nacen hechos constitutivos de delito como la colusión y la responsabilidad de las personas jurídicas en este tipo de transgresión. Destacó entre los fraudes penales en esta materia la estafa, el fraude de seguros, de subvenciones, las falsificaciones y la obtención indebida de créditos.

El segundo exponente en esta Segunda Jornada de Criminalística, fue el abogado litigante penal del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes, quién se refirió al compliance y los riesgos legales.

Definió al compliance como el cumplimiento o grado de adherencia a la ley, regulaciones y otros estándares. Tiene por función permitir a las instituciones detectar y gestionar los riesgos de inobservancia o incumplimiento de obligaciones normativas. Además, pretende mitigar los riesgos de sanciones y las pérdidas patrimoniales o de reputación que deriven de tales incumplimientos.

"Debido a la instauración de este concepto, es que se hace necesario tener un compliance officer quién debiera tender a tener mayores competencias no sólo en materia de prevención penal, sino que instar por una autorregulación al interior de la organización cumpliendo las normas con una visión ética y una responsabilidad social empresarial o corporativa" señaló Reyes, agregando que de esta forma, se pueden elevar las sanciones y la responsabilidad "de iure" objetiva, por infracciones cometidas por empleados.

Los principales delitos en esta materia son el soborno a funcionarios públicos nacionales o extranjeros, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la receptación; los que a su vez, son cometidos por ejecutivos de las empresas para el beneficio de la personalidad jurídica.

La tercera ponencia estuvo a cargo del auditor forense del Colegio de Criminalistas de Chile A.G., Christian M. Nino-Moris, quién explicó el rol y los límites del auditor en la investigación de fraudes, destacando que cuando hay un problema de fraude, al primero que apuntan es al auditor y este profesional no es el llamado en la primera línea a la detección inicial del fraude. "La atmósfera ética que se crea en una entidad, ejercida por el liderazgo vertical se denomina tone at the top, y tiene un efecto de goteo sobre los empleados de la organización. Si el tono establecido por los gerentes defiende la ética y la integridad, por ejemplo, los empleados estarán más inclinados a defender esos mismo valores", dijo el profesional.

A su juicio, la responsabilidad del auditor es profesional, administrativa y civil. Con argumentos en NAGA 70 AU 200, Nino –Moris expresó que una auditoría no es una investigación oficial de la imputación de un presunto acto indebido, que no tiene ninguna responsabilidad para obtener una seguridad razonable que las incorrecciones que no son significativas para los estados financieros , tomado como un todo, sean aceptadas. Además, indicó que el auditor no está entrenado para, ni se espera que sea un experto en la autenticación de documentos.

Finalmente, la presentación de Ángelo Dini, subcomisario del Centro Nacional de Análisis Criminal (CENACRIM), abordó el análisis de inteligencia como eje central de la investigación de delitos económicos, haciendo un análisis histórico de la policía de investigaciones e el mundo, y el análisis criminal en la PDI. En este último caso, muchas unidades de la institución investigaban un mismo hecho, es por eso que se creó el CENACRIM, que evita la duplicidad de trabajo y la efectividad en la investigación y captura.

"El análisis criminal en la PDI se enfoca en el área de la gestión y la planificación, la investigación e innovación tecnológica y el análisis estadístico. Además trabaja en alianzas con la INTERPOL, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Autopista Central, el Poder Judicial, Costanera Norte, la Dirección General de Movilización Nacional y el Registro Civil", finalizó Dini.