Dr. José Gabriel Palma propone un royalty "costo fijo", y royalty diferenciado, y uno "asiático". El objetivo es siempre el mismo: crear nuevos motores de crecimiento de la productividad (como la industrialización del sector exportador, y lo "verde"), y financiar la muy necesitada protección social. Palma concluye que la forma más efectiva y eficiente para hacerlo es la primera; esto es, transformar el royalty en un costo fijo de la minera.
Dr. José Gabriel Palma propone un royalty "costo fijo", y royalty diferenciado, y uno "asiático". El objetivo es siempre el mismo: crear nuevos motores de crecimiento de la productividad (como la industrialización del sector exportador, y lo "verde"), y financiar la muy necesitada protección social. Palma concluye que la forma más efectiva y eficiente para hacerlo es la primera; esto es, transformar el royalty en un costo fijo de la minera.
En su columna del Diario El Mostrador, el Dr. en Economía y académico de la Universidad de Cambridge y del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE USACH, José Gabriel Palma, explica que todo el debate del royalty parte de dos temas muy simples: ¿quién es el que tiene el derecho de propiedad sobre el cobre que está en la roca, o el litio en el salar? Y sea quien sea el propietario del recurso natural, ¿tiene este el derecho a cobrar a quien quiera extraerlo?
"Los fundamentos del royalty son tan simples como eso. Una vez aclarados dichos temas, se derivarían otras dos preguntas: ¿cuál es el precio de eficiencia que se le deberían cobrar quienes son dueños del mineral en bruto a quien quiera extraerlo, por el permiso para hacerlo? Y ¿cuál es el uso más eficiente que se debería dar a esos recursos? Lo fundamental para poder debatir el tema del royalty con la seriedad que merece, es no mezclar estos cuatro asuntos en el debate", aclara.
En relación a la primera pregunta, indica el Dr. Palma, puede quedar poca duda sobre su respuesta: incluso la actual Constitución, que por ilegítima y tramposa que sea, en eso es clara: los propietarios de los recursos naturales, o bienes comunes del país, somos nosotros, todos los chilenos ― y no las mineras que hoy tienen la concesión, o permiso para explotarlos. De las pocas cosas que se puede predecir de la nueva Constitución es que va a reafirmar ese derecho de propiedad colectivo que tenemos todos los chilenos sobre los recursos naturales, o bienes comunes.
Respecto de la segunda pregunta- prosigue el académico de la FAE-también puede caber poca duda que en una economía de mercado el propietario de un mineral en bruto tiene todo el derecho del mundo a cobrarle a quien pida premiso para extraerlo. El desafío es determinar ese precio, en especial porque como los dueños del mineral somos todos los chilenos tenemos que buscar un precio que sea socialmente (y no solo privadamente) eficiente.
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