Dr. José Gabriel Palma se refirió en su columna de opinión del Mostrador a este tema, indicando que un royalty de verdad puede ser el mejor mecanismo para generar nuestra tan necesitada industrialización del sector exportador, nuestro “green new deal”, y la gran transformación que generaría la digitalización de nuestra economía.

 El académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Usach publicó una columna de opinión en el diario electrónico El Mostrador, en la que se refirió al Royalty Minero Diferenciado, es decir que incentive a la misma minera a usar la parte de las rentas extractivas que quedarían en su poder en industrializar el sector.

 En este caso, por ejemplo, señala Palma, “el royalty al concentrado de cobre podría ser más alto que el del proyecto de la Cámara para el porfiado que insista en exportar escoria. Luego, se podría bajar en un porcentaje importante de ese royalty a quien exporte cobre fundido; y, luego, otra vez reducirlo a quien exporte cobre refinado; y, finalmente, otra reducción importante a quien exporte el cobre como ya elaborado, como por ejemplo en alambrón”, planteó el académico.

 Su columna prosigue indicando que, como sucedió con la “Ley Longueira”, grandes conglomerados están otra vez influyendo –y hasta redactando– la legislación que les afecta en lo relacionado al proyecto del royalty minero en discusión en el Senado. “De aprobarse este proyecto de ley como lo despachó la Comisión de Minería de la Cámara Alta (a pesar de los mejores esfuerzos de su presidenta), vamos en el camino a un déjà vu de la “Ley Longueira”: de igual forma como dicha ley terminó regalando cuotas pesqueras (y a perpetuidad) a unas pocas familias que controlaban el sector ―cuotas cuyo valor se mide en miles de millones de dólares―, ahora grandes mineras del cobre y litio también van a poder evitar tener que pagar muchos miles de millones de dólares respecto de lo que deberían haber pagado como royalty, según lo que propone el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados (con el voto del entonces diputado Boric)”.

 Además el escrito indica que “como nos dice incluso la teoría económica neoclásica ―aquella que supuestamente ha informado nuestro modelo de desarrollo por medio siglo―, la condición fundamental para que los mercados funcionen en forma eficiente es que ningún agente debe tener la capacidad para influir en la determinación de los precios o en la regulación: esto es, todos tienen que ser “price-takers” y “rules-takers”. Si no, la cosa simplemente no funciona”.

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