La Dra. Denise Laroze se refirió a que un sistema de pensiones necesita que personas en edad activa contribuyan un porcentaje sustantivo de sus ingresos para su vejez y para lograrlo, es imperioso que las y los ciudadanos confíen en que el regulador, y quienes administren los recursos de las pensiones, tengan mecanismos de rendición de cuentas efectivos e interés de protegernos de los riesgos de inversión, de longevidad, e inequidades de género, asignando los beneficios de pensión en forma equitativa.

La académica del Departamento de Administración y directora del Doctorado en Ciencias de la Administración de la Facultad de Administración y Economía de la Usach, Dra. Denise Laroze, publicó esta semana una columna de opinión en el diario digital eldesdconbcierto.cl, titulada "Desafíos en materia de pensiones".

La Ph.D. en Gobierno de la Universidad de Essex, Reino Unido, e investigadora afiliada del Centre for Experimental Social Science (CESS) de la Universidad de Santiago de Chile, indicó en su columna que "La legitimidad no sólo es importante para satisfacer las demandas sociales coyunturales, sino que es integral al adecuado funcionamiento del sistema de pensiones. Independiente de que los recursos los administre el Estado o los privados, un sistema de pensiones necesita que personas en edad activa contribuyan un porcentaje sustantivo de sus ingresos para una vejez que les cuesta imaginar".

Agregó que, para lograrlo, es imperioso que las y los ciudadanos confíen en que el regulador, y quienes administren los recursos de las pensiones, tengan mecanismos de rendición de cuentas efectivos e interés de protegernos de los riesgos de inversión, de longevidad, e inequidades de género, asignando los beneficios de pensión en forma equitativa.

Además, la Dra. Laroze, explicó que uno de los grandes desafíos de la reforma de pensiones es que el nuevo sistema sea legítimo y sustentable. "Conceptos que en muchos debates de pensiones parecen ser erróneamente considerados antagonistas, reduciéndose la legitimidad al monto de la pensión básica asegurada, y la sustentabilidad, a controlar que el ítem de pensiones no se transforme en una carga financiera (para públicos y privados) que obstaculice el desarrollo del país. Esa visión antagónica ha permeado las negociaciones de pensiones de los últimos gobiernos, obstaculizando la formación de acuerdos a pesar de que las propuestas tenían grandes coincidencias en el marco normativo de los cambios aceptables. Hoy el escenario es distinto, las reglas del juego están borrosas, las certezas del pasado ya no existen, y se hace imperativo reconocer que se necesita tanto legitimidad como sustentabilidad para sacar adelante la reforma que tanto demanda la ciudadanía".

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