El denominado "trato preferente del Estado para con sus universidades" radica en que se deben igualar las condiciones de recursos para promover en forma equitativa el desarrollo de modelos de calidad. No es menoscabar el rol de las universidades de corte privado en la acumulación y diseminación del conocimiento a través de la sociedad. Es cierto que algunas universidades privadas (dentro del Consejo de Rectores y fuera de él) muestran indicadores de desempeño de alto nivel, pero también que ellas poseen una naturaleza jurídica en sus instituciones que les permite moverse con flexibilidad (son instituciones de derecho privado) en relación con las universidades del Estado.
A su vez las casas de estudio del Estado enfrentan un lastre financiero (muchas de ellas) acumulado en los años en que se desreguló el mercado universitario, debilitando el rol del Estado para con ellas. Esto es, las universidades del Estado enfrentan una desventaja estructural que sólo podrá ser superada modificando la estructura legal-administrativa-financiera (léase "forma de asignar eficientemente los recursos"). A su vez, las universidades privadas, si fuera enteramente verdadero el rol social que afirman tener, deberían haber apoyado más abiertamente la reciente propuesta de cambio del AFI (Aporte Fiscal Indirecto anual de 36 millones de dólares) para introducir conceptos de equidad social en su asignación. Solamente asignar estos recursos AFI por puntaje en la PSU, como opera actualmente, equivale a un "subsidio regresivo". Además el acceso de alumnos de bajos ingresos y con buenas notas en sus colegios genera una diversidad social que requiere una formación educacional integral.
En cambio, para las universidades del Estado, la PSU es un instrumento de medición, que debe ser abordado de una manera más inclusiva socialmente. Sólo así se sirve efectivamente a la voluntad política del Estado en términos de incorporar más ciudadanos, en especial de los segmentos medios-bajos, al salto cuántico-social que significa ingresar a la educación superior universitaria.
La nivelación en los recursos que entrega el Estado no disminuye el monto de los medios estatales recibidos por algunas universidades privadas pertenecientes al CRUCh (léase AFD: Aporte Fiscal Directo); pero reconoce que la externalidad negativa que afectó en el pasado a la disposición de recursos de las universidades del Estado es un daño estructural que debe ser reparado. Esto no es un blank check; las universidades del Estado deberán cumplir con sus compromisos de gestión, evaluación del desempeño, etcétera. Además, ellas son parte del brazo de las políticas públicas del Estado para promover una mayor inserción social y contribuir a la descentralización del país, fortaleciendo la actividad económica en regiones, a través de una mayor interacción con los polos de desarrollo. Estas casas de estudios son valoradas monetariamente en el patrimonio estatal de las Cuentas Nacionales, y como tal generan un flujo económico de movilidad social que requiere una adecuada cantidad de recursos. Por cierto, la sociedad requiere precauciones para el buen uso de estos recursos fiscales. En consecuencia, la transmisión de la política pública en cuanto a sus objetivos es directa en relación con las universidades del Estado: elección de áreas prioritarias de desarrollo país, inclusión y equidad, balanceo y regulación indirecta del mercado privado de educación superior, y el consiguiente pluralismo de acceso y de formación.
Ya trabaja la Universidad de Santiago en los proyectos Propedéutico y Vocación Pedagógica Temprana (http://www.propedeutico.cl/) para subsanar las brechas sociales que se generan en la cadena de acumulación del capital humano desde sus fases previas. Aquí no opera ni el mercado libre, ni el concepto de excelencia académica por el carril PSU-investigación-infraestructura, aquí yace la esperanza de aquellos que esperan un nítido instrumento de oferta pública dispuesto a contribuir con su sueño de progreso. Es el rol de las universidades del Estado.
Publicado en La Nación
