Para el especialista de la Facultad de Administración y Economía, Enrique Marinao, el principal error de la normativa es que no diferencia entre empresas que ofrecen el servicio. "Hay una diferencia conceptual tremenda que el legislador no consideró. La ley está hecha como si solo estuviéramos hablando de edificios que prestan el servicio de estacionamiento como negocio principal", critica el economista.
