Con el título La Alta Dirección Pública: Contingencia y condiciones requeridas para su optimización el Departamento de Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, invitó a la Coordinadora del Consejo Superior de Alta Dirección Pública, Marian George.
Con el título La Alta Dirección Pública: Contingencia y condiciones requeridas para su optimización el Departamento de Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, invitó a la Coordinadora del Consejo Superior de Alta Dirección Pública, Marian George.
El proceso chileno de modernización del Estado tiene dentro de sus reformas más relevantes y exitosas el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP). El principal objetivo es ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad. Para esto, entrega a las instituciones del gobierno central (a través de concursos públicos y transparentes) directivos con una alta capacidad de gestión y liderazgo.
EL ADP tiene 12 años de funcionamiento y actualmente se espera una reforma que transparente y logre un balance entre el mérito y la confianza para acceder a este tipo de cargos. A juicio del académico de Administración Pública de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Pedro Ortega, la alta dirección pública no está funcionando bien. "Este megaproyecto que pretende que el Estado de Chile sea manejado por ministros, subsecretarios, directores de servicios, debe procurar que los cargos de Alta Dirección Pública sean ocupados por personas que hayan pasado por una mínima selección en atención a requisitos, vocaciones, atributos, a obras realizadas, y esto no está siendo así", señala Ortega.
Es por esto que en virtud del compromiso de la Facultad de Administración y Economía de la U. de Santiago y como apoyo al curso Mega Proyectos de Optimización del Estado que dicta el profesor Pedro Ortega para lograr una formación integral a sus alumnos, la Coordinadora del Consejo Superior de Alta Dirección Pública, Marian George fue invitada a realizar una charla sobre el megaproyecto de Alta Dirección Pública en su realidad, debilidades y propósitos de mejoramiento.
George expuso por más de una hora a alumnos, académicos e invitados del Estado, sobre el SADP, su realidad y desafío para mejorar. En términos generales las funciones de la alta dirección pública es aprobar los perfiles, desarrollar los concursos y elaborar la nómina, mientras que la autoridad es quién solicita el concurso, quién propone el perfil y quién nombra, entre otras funciones.
"Es necesario reformar la Alta Dirección Pública para proyectar una política que ha contribuido a mejorar la gestión pública en nuestro país y la alternancia en el poder junto al uso excesivo de herramientas destinadas a facilitar la gobernabilidad democrática han tensionado el sistema", explica la Coordinadora del Consejo Superior de ADP.
Para Marian el actual sistema no retiene a los mejores con los cambios de coaliciones gobernantes. "Después de más de una década ha sido posible constatar la necesidad de incorporar perfeccionamientos en ámbitos como la disminución de la duración de los procesos de selección, fortalecimiento en los convenios de desempeño y en la institucionalidad del SADP", agrega la profesional.
Con la reforma de Modernización del Estado se pretende ampliar la cobertura de Alta Dirección Pública, fortalecer las garantías de mérito y profesionalismo, la inclusión de género, evaluación de convenios de desempeño de los Altos Directivos Públicos con los objeticos estratégicos del gobierno y mejorar la gobernanza del sistema.
Uno de los desafíos de la reforma al Sistema de Alta Dirección Pública, argumentó Marian, es resolver la tensión entre mérito y confianza, separando claramente las funciones de definición de política pública de la ejecución de estas. Esto va de la mano con el mejoramiento de la eficiencia del sistema en el que se pretende disminuir los tiempos de duración de los concursos y avanzar en la especialización de la dirección pública.
Junto a esto se pretende mejorar la medición del desempeño directivo, ampliar el sistema al gobierno central y poner a la Alta Dirección Pública al servicio de la descentralización