El abogado Jorge Canals de la Puente, fue el encargado de analizar la crisis ambiental que vive el país y el futuro de la Institucionalidad Ambiental con el próximo proceso constituyente.
El abogado Jorge Canals de la Puente, fue el encargado de analizar la crisis ambiental que vive el país y el futuro de la Institucionalidad Ambiental con el próximo proceso constituyente.
Organizado por el Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, se realizó este miércoles 26 de mayo un nuevo seminario AP Conversa Con... En esta oportunidad, estuvo presente el exsubsecretario de Medio Ambiente de la Presidenta Michelle Bachelet, Jorge Canals de la Puente.
Bajo el título, "Institucionalidad Ambiental: ¿Del dicho al hecho?", el abogado comenzó refiriéndose al proceso constituyente y cómo esto, está atravesado por temas medioambientales. "Hoy la Institucionalidad Ambiental está en crisis, y la discusión probablemente estará orientada a la parte social y a los proyectos de inversión. Los desafíos que tiene la Institucionalidad Ambiental, son por un lado la descentralización del poder y otros globales que no respetan las diversidades", explicó.
Antes del 2010 – prosiguió Canals- había muy pocas leyes inorgánicas. Las normas que surgen después del Golpe de Estado del 73, tiene que ver con la regulación de recursos naturales por inversores extranjeros. "A partir de 1990 hasta el 2005, una serie de presiones fueron incidiendo en la regulación ambiental. En los 90había un enfoque reactivo, donde lo importante era crecer y se está dispuesto a crecer primero y limpiar después. Además, hubo una desregulación de la mayoría de sectores económicos, hubo una reducida capacidad regulatoria y un esfuerzo legislativo aislado", explicó Canals.
A juicio del exsubsecretario, existen problemas que permanecen como la contaminación atmosférica, la hídrica, los residuos sólidos, el crecimiento urbano, los suelos, el bosque nativo, la pesca. "La Institucionalidad Ambiental se relaciona con el modelo de desarrollo del país. Por lo tanto, estas presiones en los años 93 y 94, pasaron a un enfoque más proactivo y significó una ley ambiental en Chile, que indica el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, corporales e incorporables. También, se refiere a los derechos de los particulares sobre las aguas, y reconoce en conformidad de la ley, la otorgación a sus titulares de la propiedad sobre ellos", puntualizó Jorge Canals.
La ley 19.300 del año 1994, establece en su artículo uno la conservación del patrimonio ambiental e instaura principios que hasta hoy atraviesan la Institución Ambiental, como el Acuerdo de París que intenta hacerse cargo de la reducción de los gases de efecto invernadero que atraviesa la legislación ambiental.
Canals especificó los principios de la Ley 19.300 "Bases Generales sobre el Medio Ambiente". En ella se destaca el principio preventivo que apunta a evitar o reducir las situaciones de deterioro, antes que ellas se produzcan. También está el principio, el que contamina paga, donde el particular debe incorporar a sus costos de producción todas las inversiones necesarias para evitar o mitigar la contaminación. Existe, además, el principio de gradualismo, que introduce un proceso de regulación ambiental como un marco general por etapas. Destacó también el principio de responsabilidad, el que señala que los responsables del daño ambiental deben reparar a sus víctimas. El principio participativo, en tanto, indica que todos los afectados en la problemática deben concurrir en este tema ambiental y finalmente, el principio de eficiencia que implica un menor costo social de las medidas.
"El artículo 69 indicaba que la Comisión de Medio Ambiente es un servicio público, formado por la CONAMA y que dependía del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Luego las funciones se fueron pasando al Ministerio del Medio Ambiente", expresó.
En 2005-prosiguió el abogado- la Institucionalidad Ambiental vuelve a hacer crisis, reaccionando a conflictos medioambientales como Celco-Valdivia, Pascua Lama, La Farfana, Ralco, etc. Esto significó críticas negativas a la Institucionalidad Ambiental. "Cada vez que ha habido cambios, han tenido relación con la evaluación de desempeño ambiental de Chile en la OCDE. En 2005 este organismo entregó 52 recomendaciones al país respecto de su desempeño ambiental. Entonces se pasó de la CONAMA al Ministerio de Medio Ambiente, se creó el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medioambiente, los Tribunales Ambientales y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas", puntualizó Canals.
El exsubsecretario de Medio Ambiente, explicó, además, que del 2010 a la fecha la Institucionalidad Ambiental ha crecido exponencialmente, sin perjuicio de las fallas que ésta tiene. El 2016 fue la última evaluación de la OCDE, la que determinó pasivos ambientales: emisión de gases de efecto invernadero, zona saturada de material particulado, generación de basura, relaves mineros, distribución desigual de los recursos y falta de coordinación entre las instituciones. "Al Ministerio de Medioambiente todos los años les reducen el presupuesto. Si uno quiere un Estado con estándares de países desarrollados, se deben destinar los recursos para eso", sentenció Jorge Canals y agregó que cumplir con el Acuerdo de París requiere de una reestructuración radical de la generación y transmisión a nivel global.
Finalmente, el expositor concluyó que la implicancia que una Constitución Ecológica tendrá en la Institucionalidad Ambiental es ambigua, ya que puede que cambie o deje las cosas tal como están. Ahí, la mejora de la toma de decisiones será clave", puntualizó Canals.
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