Ha
ingresado al Congreso el proyecto de ley que deroga la "ley reservada
del cobre". La ley reservada Nº 13.196 fue promulgada en noviembre de
1958 con el objeto de asegurar a las Fuerzas Armadas una fuente de
financiamiento de su equipamiento bélico que no estuviese sujeta a los
vaivenes de la política local y a las percepciones subjetivas de los
políticos. Los incidentes ese año en el Islote Snipe encontraron
nuevamente a estas instituciones en una muy pobre condición de
equipamiento, por lo que el Gobierno decide gravar con un impuesto de
15% las utilidades de la gran minería del cobre y destinar eso a la
compra de sistemas de armas. Esta ley fue modificada a fines de 1973 y
luego a mediados de los 80. Como es evidente, su existencia deriva,
finalmente, de la incapacidad del sistema político nacional para
conciliar la mirada de largo plazo propia de los problemas de defensa
con la óptica política centrada en el corto plazo.
En el proyecto de ley del gobierno los fondos son provistos en el presupuesto general de la nación sobre la base de una planificación cuatrienal inserta en planes generales a 12 años. Asimismo se crearía un Fondo de Contingencia para usos excepcionales. La línea general de este proyecto es correcta; no obstante, pasar a financiar el equipamiento de las Fuerzas Armadas vía el presupuesto, cosa normal en el mundo desarrollado, implica mucho más que cambiar la fuente de recursos: conlleva generar un proceso de tecnificación del sistema decisional en el Ministerio de Defensa que no ha existido en Chile y para lo cual su orgánica actual no está preparada. Antes de derogar la ley necesitamos desarrollar la estructura lógica que nos permita definir las capacidades estratégicas que el país requiere; de otra forma podemos enfrentar un deterioro significativo de la calidad de las decisiones y dar espacio a su potencial politización. En síntesis, el análisis de opciones a la "ley del cobre" no puede hacerse aisladamente, sino como parte de un sistema institucional y de procesos que se afectan mutuamente. Por esto, si bien es importante que como sociedad discutamos este tema, claramente su definición es tarea del próximo gobierno.
En el proyecto de ley del gobierno los fondos son provistos en el presupuesto general de la nación sobre la base de una planificación cuatrienal inserta en planes generales a 12 años. Asimismo se crearía un Fondo de Contingencia para usos excepcionales. La línea general de este proyecto es correcta; no obstante, pasar a financiar el equipamiento de las Fuerzas Armadas vía el presupuesto, cosa normal en el mundo desarrollado, implica mucho más que cambiar la fuente de recursos: conlleva generar un proceso de tecnificación del sistema decisional en el Ministerio de Defensa que no ha existido en Chile y para lo cual su orgánica actual no está preparada. Antes de derogar la ley necesitamos desarrollar la estructura lógica que nos permita definir las capacidades estratégicas que el país requiere; de otra forma podemos enfrentar un deterioro significativo de la calidad de las decisiones y dar espacio a su potencial politización. En síntesis, el análisis de opciones a la "ley del cobre" no puede hacerse aisladamente, sino como parte de un sistema institucional y de procesos que se afectan mutuamente. Por esto, si bien es importante que como sociedad discutamos este tema, claramente su definición es tarea del próximo gobierno.
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