Es increíble los vaivenes que ha dado la autoridad en el tema tributario: cambió el discurso inicial en cuanto a subir impuestos, a diluir temporalmente el tema y ahora a convencer a los grandes empresarios de una reforma moderada. Cuando importantes mineras no han sido afectadas en lo absoluto por el terremoto, y cuando grandes compañías que operan en Chile a lo más deberán ajustar a la baja su tasa de ganancias, los chilenos volverán a pagar un impuesto específico a la bencina más alto.

La precaución fiscal impide un uso masivo de los fondos soberanos y cuando el margen de endeudamiento externo e interno debe considerar la equidad intergeneracional y los efectos en las tasas de interés, surge la alternativa privatizadora y la alternativa tributaria. El Estado es accionista minoritario en las sanitarias: una privatización total de éstas equivaldría al incremento del royalty minero a niveles del 10%, aproximadamente, y, además, podría dejar en flanco débil la regulación del sector.

Si las grandes empresas que operan en Chile se benefician de los bienes públicos que entrega este país-estabilidad, bajo riesgo, buen ambiente de negocios, entre otros- es necesario que estén dispuestas a realizar su contribución en función de mayores tributos. Estos impuestos equivaldrían a un compromiso de largo plazo con los chilenos damnificados, con las empresas pequeñas, con la educación, con el sistema de salud y la infraestructura.

Francisco Castañeda
Economista Universidad de Santiago