Los daños producidos por el terremoto que sufrió nuestro país obliga a recurrir a fuentes de financiamiento fiscal, siendo el alza de los impuestos a los combustibles una de ellas.

Todo incremento en la tributación tiene efectos, debiendo saber qué tributo alterar para no afectar sectores vulnerables. Es por ello que los tributos al consumo son menos provechosos que otros, ya que éstos son regresivos.

El impuesto a los combustibles tiene una eficiencia en la recaudación, ya que permite captar mensualmente ingentes cantidades de dinero, pero afectan a un gran número de contribuyentes, sin ponderar su capacidad de pago.

Estos impuestos indirectos también son reales, gravando un hecho en particular sin considerar al contribuyente, lo que redunda en afectar a personas que no tiene un capital importante y que ante un alza tributaria deberán castigar sus consumos.

Una opinión en contrario a lo que planteo, es que afecta a quienes tienen automóviles, concentrándose en el grupo de mayores recursos, evitando afectar a los más pobres. Esta afirmación es una verdad a medias. Tiene veracidad teórica, pero empíricamente sí afecta a sectores con menos recursos.

Tener un automóvil no es un lujo, sino en muchos casos una necesidad. Nuestra clase media es la más desvalida de las políticas fiscales, pues los sectores pobres tienen subsidios y los más pudientes tienen herramientas para maximizar su carga tributaria, amén del hecho que un incremento tributario sólo redundará en un menor ahorro. Pero la clase media tiene un nivel de gasto que no le permite ahorrar y verá afectados sus ingresos al tener que pagar más en combustible.

Además de lo anterior, se proyectarán otras alzas como en el transporte público (afectando a los que no tienen automóvil), en la producción de las Mipyme que tienen calderas y en los insumos de todos los artículos en que el petróleo forma parte.

De esta forma el incremento impositivo tiene que ir focalizado a sectores que tengan recursos para ser recaudados y no aplicar tributos reales, indirectos o directos que no disciernen en la capacidad de pago de los contribuyentes.

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