Para nadie es un misterio que el Transantiago no marcha como debiera.
Si bien por las calles moviliza a miles de personas día a día, en el
bolsillo del Estado sólo genera problemas. Con un déficit de US$ 50 a
55 millones mensuales, el Transantiago estaría perdiendo alrededor de
US$ 600 millones al año, por lo que el alza en los precios ha sido
inminente. Ya en abril el pasaje subió $30 y se espera que a mediados
de mayo, suba otros $20.
El subsidio que el Estado entrega a este programa no sería suficiente de mantenerse estas cifras. Si bien existen dos tipos de subsidio para el transporte capitalino vía Transantiago —uno transitorio, de US$ 1.500 millones hasta el año 2011, y uno permanente, de US$220 millones anuales hasta el 2014— ninguno de éstos podría sostener las elevadas pérdidas provocadas por la evasión de pago del pasaje.
Para el académico del Magíster en Economía Financiera de la Universidad de Santiago de Chile, Francisco Castañeda, el tema del aumento en los subsidios es bastante complejo. Según señala el especialista, las contribuciones estatales pretenden que el sistema se autosustente a mediano plazo, lo que será imposible si se mantiene el actual nivel de evasión.
En otro orden, cabe precisar que las empresas tienen parte de responsabilidad en el descalabro financiero del sistema. El académico de la Usach afirma que las empresas "también de alguna manera, tratan de señalar que tienen costos mayores para, en el margen, justificar un nuevo subsidio o un aumento de los subsidios actuales. Por lo tanto, aquí lo que se requiere es más transparencia, una mayor fiscalización de los costos, en cuanto a calidad y eficiencia del sistema".
De todas formas, apunta a la evasión como el mayor de los inconvenientes del Transantiago, lo que a juicio del experto, "está haciendo que el sistema sea más deficitario de lo que podría ser". Indica, también, que los problemas tienen su origen en el nacimiento del plan de transportes, donde "el sistema partió con una tarifa muy baja al principio", y hoy simplemente se estarían sincerando los costos reales.
Ante esta situación de alzas de pasaje, el especialista plantea que "hay que tomar medidas radicales en el sentido de subsidiar a la demanda, a los pasajeros más pobres a través de la tarjeta Bip y, de alguna manera, ir reduciendo el subsidio a la oferta, es decir a los operadores".
Francisco Castañeda explica que no se puede mantener un subsidio completo para las empresas. "Si se le da todo el cheque a los operadores, cada año va a ser un tema frecuente el riesgo de aumento de costos para seguir justificando aumento de subsidio a mediano plazo, por lo tanto se tiene que reducir ese sentido perverso. El Ministerio de Transporte tiene que exigir que las empresas también se ocupen de la evasión del sistema".
En esta línea de argumentación, el académico plantea una revisión de los contratos de los conductores, ya que actualmente están desligados del cobro del pasaje. Así,el salario de los choferes debería subir en función de ayudar a reducir la evasión de pago del pasaje.
Mayor transparencia
Pero no todo pasa por subsidios. Según el economista de la Universidad de Santiago, Francisco Castañeda, hay que crear conciencia en los usuarios, como una estrategia para que se pague el pasaje. "Una campaña ética nacional por televisión, por la prensa, por radio, etc., denunciando que cuando no se cancela el pasaje, se está aumentando el importe a todo el resto".
Finalmente, el experto enfatizó en la necesidad de revisar los balances de las empresas y aumentar la fiscalización. "Estas empresas son privadas y sus tarifas reguladas (monopolio natural), y como el Estado les entrega recursos debería existir una unidad especial, en este caso, del Ministerio de Obras Públicas con la Superintendencia de Valores y Seguros de modo que fiscalicen en detalle, de forma tal de hacer los balances auditados para monitorear si las reales pérdidas son lo que se señala", comenta.
El experto agrega que "cuando se opera con recursos del Estado, para evitar el riesgo moral de mal uso de los recursos, las empresas operadoras del transporte capitalino deberían publicar su balance auditado para que la sociedad pueda conocer realmente como se administran los recursos fiscales". De ser así, Castañeda, postula que este balance obligatorio (como cualquier empresa que está sujeta al escrutinio público) se transformaría en una herramienta de presión para que las empresas puedan contener sus costos, y así reducir el déficit operacional del sistema.
"El Estado no puede pasar cientos de millones de dólares por año sin un adecuado monitoreo del uso de estos recursos", concluye.
Publicado en Usach al Día.
El subsidio que el Estado entrega a este programa no sería suficiente de mantenerse estas cifras. Si bien existen dos tipos de subsidio para el transporte capitalino vía Transantiago —uno transitorio, de US$ 1.500 millones hasta el año 2011, y uno permanente, de US$220 millones anuales hasta el 2014— ninguno de éstos podría sostener las elevadas pérdidas provocadas por la evasión de pago del pasaje.
Para el académico del Magíster en Economía Financiera de la Universidad de Santiago de Chile, Francisco Castañeda, el tema del aumento en los subsidios es bastante complejo. Según señala el especialista, las contribuciones estatales pretenden que el sistema se autosustente a mediano plazo, lo que será imposible si se mantiene el actual nivel de evasión.
En otro orden, cabe precisar que las empresas tienen parte de responsabilidad en el descalabro financiero del sistema. El académico de la Usach afirma que las empresas "también de alguna manera, tratan de señalar que tienen costos mayores para, en el margen, justificar un nuevo subsidio o un aumento de los subsidios actuales. Por lo tanto, aquí lo que se requiere es más transparencia, una mayor fiscalización de los costos, en cuanto a calidad y eficiencia del sistema".
De todas formas, apunta a la evasión como el mayor de los inconvenientes del Transantiago, lo que a juicio del experto, "está haciendo que el sistema sea más deficitario de lo que podría ser". Indica, también, que los problemas tienen su origen en el nacimiento del plan de transportes, donde "el sistema partió con una tarifa muy baja al principio", y hoy simplemente se estarían sincerando los costos reales.
Ante esta situación de alzas de pasaje, el especialista plantea que "hay que tomar medidas radicales en el sentido de subsidiar a la demanda, a los pasajeros más pobres a través de la tarjeta Bip y, de alguna manera, ir reduciendo el subsidio a la oferta, es decir a los operadores".
Francisco Castañeda explica que no se puede mantener un subsidio completo para las empresas. "Si se le da todo el cheque a los operadores, cada año va a ser un tema frecuente el riesgo de aumento de costos para seguir justificando aumento de subsidio a mediano plazo, por lo tanto se tiene que reducir ese sentido perverso. El Ministerio de Transporte tiene que exigir que las empresas también se ocupen de la evasión del sistema".
En esta línea de argumentación, el académico plantea una revisión de los contratos de los conductores, ya que actualmente están desligados del cobro del pasaje. Así,el salario de los choferes debería subir en función de ayudar a reducir la evasión de pago del pasaje.
Mayor transparencia
Pero no todo pasa por subsidios. Según el economista de la Universidad de Santiago, Francisco Castañeda, hay que crear conciencia en los usuarios, como una estrategia para que se pague el pasaje. "Una campaña ética nacional por televisión, por la prensa, por radio, etc., denunciando que cuando no se cancela el pasaje, se está aumentando el importe a todo el resto".
Finalmente, el experto enfatizó en la necesidad de revisar los balances de las empresas y aumentar la fiscalización. "Estas empresas son privadas y sus tarifas reguladas (monopolio natural), y como el Estado les entrega recursos debería existir una unidad especial, en este caso, del Ministerio de Obras Públicas con la Superintendencia de Valores y Seguros de modo que fiscalicen en detalle, de forma tal de hacer los balances auditados para monitorear si las reales pérdidas son lo que se señala", comenta.
El experto agrega que "cuando se opera con recursos del Estado, para evitar el riesgo moral de mal uso de los recursos, las empresas operadoras del transporte capitalino deberían publicar su balance auditado para que la sociedad pueda conocer realmente como se administran los recursos fiscales". De ser así, Castañeda, postula que este balance obligatorio (como cualquier empresa que está sujeta al escrutinio público) se transformaría en una herramienta de presión para que las empresas puedan contener sus costos, y así reducir el déficit operacional del sistema.
"El Estado no puede pasar cientos de millones de dólares por año sin un adecuado monitoreo del uso de estos recursos", concluye.
Publicado en Usach al Día.