Francisco Castañeda

Economista USACH

- Estos recursos serían destinados a capitalizar a empresas públicas para el desarrollo de proyectos de inversión, y fortalecer los programas de fomento de Corfo a las PYMEs, lo que permitiría liberar recursos del Estado para la reconstrucción del país (Felipe Larraín)
 

- Fontaine reconoció que los dineros que saldrán de la venta se pensaron para la reconstrucción, pero que con el Consejo de la Corfo se estudiará el uso que puede darse a las platas.
 

Los argumentos de que los ingresos por la venta minoritaria del Estado en empresas sanitarias serán utilizados en capitalizar empresas públicas (Codelco, EFE, etc) y así liberar recursos para la reconstrucción,  es financieramente contradictorio, de acuerdo a lo señalado arriba por ambos ministros.
 

Cualquier proyecto emprendido por una empresa pública rentabiliza en el largo plazo: los chilenos deberían esperar muchísimos años para que la reconstrucción sea finalizada completamente, si es que se asume una de las lógicas.
  

El mercado de las sanitarias es ya un mercado regulado, que le genera utilidades estables al Fisco (a través de Corfo, su propietario) de 100 millones de dólares anuales. No existen riesgos como en la típica renta variable (fluctúan menos en su rentabilidad que las acciones insertas en mercados no regulados y sólo las afecta el denominado riesgo sistemático o macroeconómico). Y además, pero principalmente,  todas las ganancias producto de la incorporación de capital privado en estas compañías, se han ya materializado en el pasado.
 

Con la venta de este paquete minoritario estatal no hay ganancias por sinergías, no hay mejoras en la gestión ni nada asociado a las virtudes del capital privado incorporado a la gestión.
 

Al contrario, le resta al Fisco una corriente estable de ingresos ad eternum. La obtención inmediata de estos recursos (1.600 millones de dólares al menos de acuerdo a valorizaciones bursátiles) es innecesaria dado el volumen de Fondos Soberanos acumulados, producto de la regla fiscal estructural (se empinarán el 2011 sobre los 20 mil millones de dólares, mas del 10% del PIB). No existe ninguna necesidad apremiante que no pueda ser financiada con la mayor recaudación, el altísimo precio del cobre o con los actuales niveles de deuda externa bruta (bajísimos). También seria interesante conocer la evaluación social de proyectos asociados a esta venta, y conocer las tasas de descuento de los nuevos proyectos donde se invertirían los fondos, y compararlos con la pérdida patrimonial estatal. Además dicha evaluación debe realizarse a largo plazo.
 

En todo caso más parece una medida que busca "completar los mercados financieros" para satisfacer necesidades de grandes inversionistas líquidos. También habrá más presiones sobre el marco regulatorio (sólo habrá ahora inversionistas privados, ansiosos del corto plazo y no del largo plazo) lo que podría redundar en una lesión a los consumidores. Pero el verdadero motivo es que el actual gobierno considera (legítimamente según su punto de vista) que el Estado no debería participar en empresas estatales. Debería transparentar en consecuencia su discurso.
 

Publicado en USACH al Día y en El Periodista.