Francisco Castañeda
Académico USACH

 
    El Gobierno de Bachelet ha concebido la red de protección social más ambiciosa de la historia de Chile. Ciertamente, estaban los recursos fiscales vía cobre y vía ahorro para financiar esto, pero también no es menos cierto que existió la voluntad política de llevarlo a cabo, tal como lo reconocen ahora los principales candidatos presidenciales. Quizás esto se deba a la popularidad de la Presidenta, y no sea necesariamente por convicción propia de los candidatos.
 
    En cuanto a las medidas a lo largo del tiempo tomadas por Hacienda, estas entrecruzan un moderado sistema de protección social, dada la realidad de ingreso medio de Chile, en conjunto con iniciativas que apuntar a hacer más competitivos los mercados.
 
    Sin embargo, las medidas de protección social abarcan desde la entrega de bonos a las familias más pobres ($40,000 por carga familiar) hasta medidas que combinan protección social con un nítido sello de productividad. Entre estas últimas se encuentran los seguros para créditos hipotecarios en caso de desempleo, garantías CORFO para proseguir estudios en caso de cesantía de Jefe de Hogar, el ingreso de menores de familias vulnerables a la red digital a través de la entrega de computadores, y Becas Milenio para alumnos de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, entre otras. Esto significa un apoyo sostenido a la formación de capital humano de las familias. Esto en el mediano plazo potenciará el stock de capital agregado que posee la economía. Sin interferir los mecanismos propio de los mercados, estas medidas potencian a los grupos más vulnerables, pero talentosos y con menor poder adquisitivo, en los mercados formales donde participan.
 
    Estas medidas se adicionan a las de incentivos de compras de viviendas, más recursos para financiamiento PYMEs, incentivos para retención de mano de obra y capacitación de esta, así como el fuerte incremento de la inversión pública y el adelantamiento de items relevantes en la ejecución presupuestaria del Fisco (intensivos en empleo).
 
    Ahora el Ministerio de Hacienda debe mirar otro ángulo y es como reponer la caída en la inversión medida interanualmente para el presente año (-14.6% es la proyección del Banco Central). Obviamente esta caída está inserta en la actual crisis internacional y en la contracción de la demanda doméstica.
 
    Si en el pasado fue rechazado el Proyecto de Depreciación Acelerada el cual implicaba un costo fiscal (debido a que equivale a un incentivo tributario intertemporal principalmente para las grandes empresas que invierten en activo fijo, y en menor medida para las PYMEs), es el momento de analizar su conveniencia.
 
    Si tres grandes sectores productivos constituyen el 80% de la formación bruta de capital fijo de la economía, la autoridad puede contribuir a mejorar el perfil de rentabilidad de los proyectos en el flujo de caja (con una mayor depreciación, para aflorar más liquidez en los primeros períodos), logrando que en el margen se materialicen más proyectos con su  impacto positivo en empleo y en más relaciones contractuales interempresas . Si ya las tasas de descuento han estado cayendo para los proyectos producto del impulso monetario,-excepto en el último mes que aumentaron en un 1,5% las tasas largas en UF- , es el momento de reponer esta discusión para crear incentivos adicionales a la inversión de las empresas.
 
    Así un mayor crecimiento económico, permitirá más y mejor protección social en el mediano plazo.

Publicado en La Nación.