Recientemente se ha promulgado la ley que fortalece los gobiernos corporativos de las empresas listadas en bolsa, y que además consagra un mayor empoderamiento de los Directores Independientes en el Comité de Directores de estas firmas.
Mercados concentrados en términos bursátiles (Chile, y Latinoamérica en general) y mercados diluidos accionarios (Estados Unidos e Inglaterra) presentan ventajas y desventajas en términos de la estructura de financiamiento de las empresas, en términos de mecanismos coercitivos para el funcionamiento de Directorios y Gerentes, y lo más relevante, en términos de la protección del patrimonio de accionistas minoritarios (léase inversionistas institucionales y accionistas retail).
En el caso Enron (transnacional energética que quiebra fraudulentamente el año 2001 en Estados Unidos), las lecciones son claras: el doble rol de las firmas auditoras (Auditores y Consultores) permitió los maquillajes contables realizados por los directivos. También los "stock options" (incentivos patrimoniales a la alta administración por cumplimiento de metas accionarias) a corto plazo de estos ejecutivos terminaron de incendiar a Enron. Las soluciones fueron dadas por la normativa Sarbanes Oxley Act (SOX), el cual encareció las penas (con cárcel) para la plana superior en caso de fraudes contables y así estos no pudieran diluir su responsabilidad en ejecutivos de nivel intermedio de las compañías. Pero esto no desmorona el potencial de diversificación de riesgos que posee el sistema bursátil norteamericano, atenuado recientemente por la crisis de burbujas.
Así, con un esquema de dilución bursátil, Estados Unidos alcanzó el alto standard de ingreso percápita que posee (entre otros factores que gatillan el crecimiento de su economía). También existen otros modelos de gobiernos corporativos como el alemán (concentrado bursátilmente con bancos actuando como controladores de las firmas) en el cual los trabajadores tienen un puesto en el directorio, y tienen derecho a acceso a toda la información de la firma.
En el caso de Chile, existe el temor justificado de accionistas minoritarios por eventuales licuación de utilidades desde la empresa ancla hacia empresas relacionadas (en el caso de conglomerados empresariales - holdings). Estas transacciones, según la ley, deberían realizarse a precios de mercado (precios de transferencia). Aquí esta el abultamiento de precios en los contratos entre empresas relacionadas, el ajuste al alza de gastos de administración y ventas en la empresa en que exista una base de minoritarios más extensa (para traspasarles el costo de financiamiento de este sobreprecio), y las asesorías del directorio (aprobadas por el controlador indirectamente y sin posibilidad de rechazo de parte de los accionistas minoritarios, entre otras).
En empresas con claros grupos empresariales controladores (caso chileno), esta externalidad negativa podría ser reducida a través de la figura de un Director Independiente (aquel que no fue elegido con los votos del controlador, y que es diferente a la figura del Director Profesional de Estados Unidos) que reduzca esa asimetría de información, a la vez que el actual proyecto de ley contempla que los Comités de Directores de las firmas en bolsa deberán tener una mayoría de directores independientes (actuando en un real contrapeso al controlador). Es cierto que se diluye el porcentaje objetivo del controlador, pero protege a los minoritarios en términos de integrar un outsider al directorio.
La figura del Director Independiente contribuirá a valorizar más las empresas chilenas en la bolsa; habrá más inversionistas locales y extranjeros, más liquidez, y menores costos patrimoniales para las firmas, con la consiguiente reducción de su tasa de costo de capital. A menos que... "los controladores quieran sólo maximizar el valor de su paquete accionario, en desmedro de maximizar el valor de la firma como un todo".
Si el objetivo del controlador es la maximización de la firma en términos globales, entonces no se entiende tanta resistencia a esta figura jurídica que reduce la asimetría de información al transformarse en un insider para velar por una adecuada toma de decisiones. Las AFPs y los inversionistas institucionales y por cuenta propia, requieren más y mejor información.
La autorregulación en términos de gobiernos corporativos para las empresas chilenas en bolsa (en el caso FASA la evidencia es abrumadora) no funciona adecuadamente en presencia de holdings y transferencias cruzadas. También la nueva ley contempla una modificación de la ley de valores actual de modo de evitar el uso de información privilegiada, incorporando los conceptos de uso y posesión de esta. Esto último para evitar lo ocurrido con la compra de acciones de Lan Chile por parte de un candidato presidencial, que una vez que conoció los Estados de Resultados como accionista controlador (primero que el resto de la masa de accionistas), infirió que estos aumentarían el precio de las acciones de Lan (llevándolo a comprar acciones para realizar una ganancia sin riesgo de 380 millones de pesos; ganancia que fue extraída a costo de las AFPs y acciones minoritarios que no disponían de información).
La autorregulación en empresas listadas en bolsa, no funciona con todos estos conflictos de interés e información asimétrica.....y debe regularse de manera clara y transparente, sobre todo si están invertidos en este tipo de empresas los ahorros previsionales de millones de chilenos.
Publicado en La Nación
