Tras décadas de problemas, el juez norteamericano Thomas Griesa ordenó al país trasandino a cancelar su deuda el 30 de junio, mandato al que la presidenta Cristina Fernández se opone rotundamente.
Tras décadas de problemas, el juez norteamericano Thomas Griesa ordenó al país trasandino a cancelar su deuda el 30 de junio, mandato al que la presidenta Cristina Fernández se opone rotundamente.
Fue en 1994 cuando Argentina, bajo el gobierno de Carlos Menen, realizó una emisión de bonos con inversores internacionales conforme a la Fiscal Agency Agreement (FAA), es decir títulos emitidos en jurisdicción estadounidense bajo la cláusula pari passu, que significa que todos los bonitas serían tratados en iguales condiciones siempre.
Si no fuera por esta cláusula, Argentina no estaría hoy al borde de Default. El próximo 30 de junio, vencen los cupones de la deuda reestructurada, con lo que Argentina entrará técnicamente en suspensión de pagos.
¿Pero qué llevó al país trasandino a esta situación? Fue en 2001 cuando Argentina, bajo la presidencia de Alfonso Rodríguez (quien duró siete días en el poder), se vio obligada a declararse en default y no pagar a sus acreedores.
Aprovechándose de esta situación, un año después, inversores a través de los denominados "fondos buitres" (llamados así en Argentina a los fondos especulativos que compraron la deuda ya en default), pagaron 48 millones de dólares -según cifra entregada por la Presidenta Cristina Fernández-.
Ha pasado una década y el juez estadounidense Thomas Griesa ordenó a Argentina a pagar US$ mil 330 millones, más intereses, y en efectivo a los holdouts (bonos de deuda pública) con fecha 30 de junio; sin embargo, Cristina Fernández anunció que no cancelará los cupones del vencimiento de la deuda reestructurada, con lo que entrará técnicamente en suspensión de pagos, en el tan temido default.
Además. Griesa, activó la cláusula pari passu y exige que ninguno de los bonistas que aceptó el canje pueda cobrar los cupones de los nuevos bonos si antes no han cobrado los "fondos buitre". Por ello, ayer en Nueva York, se realizó una reunión clave para Argentina, en la cual el juez Griesa se juntó con representantes del gobierno y de los holdout.
Tras la junta, Thomas Griesa dijo a Infobae que "aquí hay que encontrar un mecanismo legal para que esto funcione. Argentina en los últimos doce años se ha reído de las sentencias judiciales, no quiero que Argentina se vuelva a reír de una sentencia judicial".
El problema para el país trasandino es que de pagar 15 mil millones de dólares (cantidad realista si el resto de bonistas que entraron en el canje no pide recibir más dinero), el país se gastaría la mitad de sus reservas –que según lo declarado por el Banco Central de Argentina, estas alcanzan a 28 mil millones de dólares- y tendría problemas para seguir haciendo frente a sus deudas. Entre este año y el que viene el país se enfrenta a vencimientos por unos 30 mil millones de dólares, según el gráfico de bloomberg, lo que deja a Argentina en un default técnico.
De manera extraoficial, circula la versión que Argentina podría ofrecer un pago inmediato de 200 o 300 millones de dólares y el resto después de este año, en forma de bonos. "Así evitarían un 'aluvión' de nuevas demandas, por parte de los acreedores que en 2005 y 2010 aceptaron un canje, con una rebaja sustancial en los valores adeudados", informó Infobae.
Por Karen Punaro Majluf