Gonzalo Martner, director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía, abrió el segundo debate sobre la Ley 20.500, organizado por la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Gonzalo Martner, director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía, abrió el segundo debate sobre la Ley 20.500, organizado por la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
En febrero de 2011 se promulgó la Ley N° 20.500 con el objetivo de institucionalizar la participación ciudadana en la gestión pública, generando nuevos espacios para el diálogo con la ciudadanía, permitiendo de esta forma fortalecer y fomentar la gestión pública participativa. Esta ley tiene una estructura que modifica cuerpos legales ya existentes, pero también introduce nuevas acciones como: generar un nuevo marco jurídico para la asociatividad, establecer la participación como un derecho ciudadano exigible ante los poderes del Estado, la incorporación de nuevos mecanismos de participación y el fortalecimiento de la sociedad civil entre otras acciones.
El director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la U. de Santiago, Gonzalo Martner, abrió este debate presentando su tesis enfocada en el principio de pertinencia en la toma de decisiones. En esta instancia, Martner argumentó que "todo lo que pueda ser decidido por las asociaciones democráticas debe dejarse en manos de éstas. Lo mismo para el gobierno local". Agregó además que, "nuestro Estado se ha construido en el centralismo, donde las órdenes van de arriba hacia abajo y no existe una lógica de traspasar las decisiones".
Martner también explicó que, la creación de espacios de gestión pública en el espacio sub-nacional, debería darle más poder a las regiones. De esta forma las entidades regionales importantes pasarían a tener a su cargo el fomento productivo, la educación y la salud. Finalizó su intervención asegurando que, "el modo en que convivimos es nacional, por eso la importancia de reflexionar a fondo sobre la pertinencia de las decisiones en cada espacio".
El segundo en debatir fue Camilo Ballesteros, director de la División de Organizaciones Sociales, quien afirmó que, "la Ley 20.500 se creó en un contexto que responde a la dualidad en que se encontraba Chile en ese momento", y agregó que "esta ley está dirigida a un público bien definido y no se ha logrado informar ni difundir de manera exitosa".
Por otro lado, Ballesteros mencionó que, "existe una falta de reflexión profunda sobre los nuevos mecanismos de participación, donde como ciudadanos estamos asumiendo que nos hace falta conocimiento profundo sobre la utilización de los mecanismos de participación". Finalizó su intervención, asegurando que hace falta buscar una fórmula que permita conciliar que los ciudadanos no sientan que están perdiendo el tiempo cuando utilizan estos mecanismos de participación y que al mismo tiempo de soluciones a las peticiones y problemas planteados por los ciudadanos.
Gloria de la Fuente, directora del Programa Calidad de la Política de la Fundación Chile XXI, fue la tercera en realizar una intervención en el debate. En su discurso fue categórica en mencionar los cuatro compromisos importantes de la Ley 20.500, que se traducen en el fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión pública, la creación del Consejo de Participación Ciudadana, la estrategia integral del fortalecimiento de la sociedad civil y la creación de la División de Participación Ciudadana.
El sub secretario de la Secretaría General de Gobierno, Osvaldo Soto, también estuvo presente y en su discurso se refirió a la importancia de la participación ciudadana en el ejercicio de la administración de un país, explicando que, "la participación ciudadana llegó para quedarse, la gente quiere ser partícipe de lo hace el Estado". Soto agregó que "nos interesa lo que ustedes nos quieran decir, vamos a construir un país con el apoyo de la ciudadanía".
La siguiente intervención, estuvo a cargo de Maximiliano Ravest, coordinador Programa Municipal de la Fundación Jaime Guzmán, quien fue categórico en hablar sobre la importancia de dotar a los municipios de profesionales y funcionarios que estén capacitados en la temática de participación ciudadana. "La legislación debe permitir a las distintas instancias de la sociedad civil participar en la elaboración de políticas públicas y también a que sean escuchados antes de la emisión de ciertos actos administrativos".
Silvana Calderón, directora ejecutiva de la Fundación Red para la Democracia, fue la última en intervenir en el debate planteando algunas preguntas con el objetivo de que los asistentes y expositores realizaran una profunda reflexión sobre estas. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Qué se pretende con una ley de participación ciudadana? ¿Queremos un sujeto crítico que vea un espacio de participación para incidir en las políticas públicas?
El debate finalizó con algunas palabras de Gonzalo Martner, quien fue enfático en asegurar que, "Chile vive un momento difícil en función de la confianza hacia las instituciones. ¿Hasta dónde puede llegar este distanciamiento de las ciudadanos hacia las instituciones?". Agregó además que, "el hecho de invitar a los ciudadanos a incidir en decisiones donde realmente no van a incidir aumenta más la desconfianza de éstos. Tenemos una necesidad de realizar un proceso claro y transparente donde no se generen falsas expectativas. Se debe convocar a participar a los ciudadanos en instancias donde realmente la ciudadanía pueda incidir".