Guillermo Pattillo, académico del Departamento de Economía y director del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, de la Facultad de Administración y Economía USACH y la Fundación Contexto Ciudadano, analiza el crecimiento en los gastos reservados del gobierno en 4.1% nominal respecto al 2016.
Guillermo Pattillo, académico del Departamento de Economía y director del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, de la Facultad de Administración y Economía USACH y la Fundación Contexto Ciudadano, analiza el crecimiento en los gastos reservados del gobierno en 4.1% nominal respecto al 2016.
Aunque no es un tema discutido normalmente, el presupuesto del gobierno central incluye todos los años una autorización a la Presidencia y a los ministerios del Interior y Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Defensa, para ejecutar gastos clasificados como reservados en pesos y en dólares. Estos gastos reservados se autorizan por glosa presupuestaria (en el subtítulo 22, gastos en bienes y servicios de consumo) todos los años y su aprobación en el Congreso, al momento de discutir el proyecto de presupuesto, es virtualmente automática.
En el proyecto de presupuesto para 2017 los gastos reservados en pesos crecen 4,1% nominal respecto de 2016; es decir, del orden de 1% real.
"Ese crecimiento, sin embargo, se da en una sola repartición pública: la Subsecretaría del Interior, cuya autorización de gastos reservados aumenta en 14,4% nominal respecto de este año. Los gastos reservados en dólares se mantienen constantes respecto de 2016", indica Guillermo Pattillo, director del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile de la Facultad de Administración y Economía y la Fundación Contexto Ciudadano.
Los gastos reservados existen, explica el académico, tanto en el sector civil del gobierno como en el sector militar. Existe, sin embargo, una diferencia fundamental en la definición del nivel y estructura de los gastos reservados entre ambos sectores. Los de las Fuerzas Armadas están definidos, en cuanto a monto y división entre instituciones, en su Ley Orgánica Constitucional.
Los del sector civil, en cambio, agrega Pattillo, se definen cada año en la ley de presupuestos. "El monto asignado en moneda nacional para gastos reservados en 2017 no es menor. Corresponde, por ejemplo, al 54% del presupuesto del Sernac, al 91% del de la fiscalía Nacional Económica, al 13% del de la Dibam, al 17% del de Fondos Culturales y Artísticos, y es un 174% mayor al delComité Innova Chile. El monto en dólares, por su parte, equivale al 0,3% del gasto total en esa moneda del presupuesto de 2017", explica el economista de la FAE .
Patillo agrega que "existen dos problemas muy relevantes con los gastos reservados en nuestro país: la definición de su nivel y el control sobre su ejecución. Respecto del nivel de estos gastos, y excluyendo los asignados a las FF.AA. que están definidos por ley, su determinación es fuertemente inercial y las variaciones que puedan existir, como en el caso del presupuesto para 2017, son decididas en el Ejecutivo sin ningún cuestionamiento relevante en la etapa de discusión del presupuesto en el Congreso".
Lo anterior implica que la autoridad superior de cada una de las partidas presupuestarias con derecho a asignación de gastos reservados, decide ante sí y sin mucho contrapeso real, cuál será el nivel de esos gastos.
El primer filtro que este proceso debería tener, a juicio del director del Observatorio del Gasto Fiscal, es la Dirección de Presupuestos, donde "debería exigirse una justificación razonablemente precisa del motivo de tales gastos". Pero el segundo filtro, aun más fundamental, dado que está fuera del Ejecutivo, -continúa el académico- debería ser la discusión en las Subcomisiones y luego en la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso al momento de decidirse la aprobación del proyecto de presupuesto. Esto no existe en la práctica actual (aunque nada lo impide) y es una clara falencia de nuestro sistema decisional.
Tan importante como aprobar la autorización de gastos reservados con un conocimiento aunque sea parcial del uso que esos recursos tendrán, es controlar luego que fueron usados para los fines que se pretendió originalmente. "Aquí surge el segundo problema, los gastos reservados se rinden con lo que se ha dado en llamar "certificado de buena inversión", que en la práctica significa que el jefe del servicio que los usa firma un documento por medio del cual "certifica" que los usó bien. No obstante, tras esa "certificación" no existe ningún medio de verificación que permita
una idea ni siquiera aproximada que lo que se dice es correcto", dice Pattillo.
El aumento de 14,4% nominal de los gastos reservados asignados a la Subsecretaría del Interior, ¿qué justificación tienen? ¿Por qué la Presidencia requiere poco más de $1.700 millones para gastos reservados? ¿Por qué los otros organismos públicos autorizados los tienen en las cifras que se les aprueban?
"Ninguna de esas preguntas tiene respuesta conocida y no será la discusión del proyecto de ley de presupuesto en el Congreso el lugar donde se podrá dilucidar.
claramente en Chile estamos bajo el estándar OECD en este sentido", indica, agregando que debería ser tarea del próximo gobierno hacer un cambio hacia la mejor asignación y uso de los gastos reservados. El principio aquí debería ser que menos es mejor y que no puede usarse recursos públicos sin justificación y control.