Dr. José Gabriel Palma escribió una columna para El Mercurio Inversiones en la que entrega tres propuestas específicas: un royalty "costo fijo", y royalty diferenciado, y uno "asiático".

Dr. José Gabriel Palma escribió una columna para El Mercurio Inversiones en la que entrega tres propuestas específicas: un royalty "costo fijo", y royalty diferenciado, y uno "asiático".

El académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. José Gabriel Palma, acaba de publicar una columna en el diario El Mercurio Inversiones en la que entrega tres propuestas específicas de como afinar el Proyecto de Ley que está hoy en el Senado.

Las propuestas son: un royalty "costo fijo", y royalty diferenciado, y uno "asiático". El objetivo es siempre el mismo: crear nuevos motores de crecimiento de la productividad (como la industrialización del sector exportador, y lo "verde"), y financiar la muy necesitada protección social.

La columna comienza indicando que -si bien- para algunos el royalty no es más que un "impuesto", y uno altamente negativo para la minería, parte del pliego de peticiones "hiperventilado" pos-estallido social, el tema de fondo es otro. "Primero, aún en la Constitución actual los chilenos somos propietarios de los recursos naturales, o bienes comunes, del país. Segundo, como bien expresa la Academia de la Lengua, el royalty no es más que "la cantidad que se paga al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo". De eso se trata: como los chilenos tenemos derecho de propiedad sobre el cobre que está en la roca y el litio en el salar, tenemos el derecho a cobrar por el permiso para explotarlos", expresa Palma en su columna.

El escrito continúa explicando que fue la ley Minera de 1981 la que "intentó quitarnos ese derecho, lo cual era una simple expropiación. Y llamar al ejercicio de ese derecho un "impuesto", en lugar de royalty, es un absurdo; es como si el dueño de un fundo le diga a su mediero que por trabajar su tierra le va a cobrar tal porcentaje de las ventas, y a eso lo va a llamar un "impuesto". O que el dueño de un departamento le diga al arrendatario que le va a cobrar tanto al mes, y a eso prefiere llamarlo "impuesto" en lugar de arriendo. Como decía Confucio, cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su libertad".

Ese derecho a cobrar un royalty también aplica al agua de las lluvias y deshielos, las cuotas pesqueras y tanto otro bien común de nuestra exclusiva propiedad. "La nueva Constitución no puede dejar espacios para tergiversaciones como "concesiones plenas" o Leyes Longueiras.

Tercero, el royalty es la forma más efectiva para financiar nuevos derechos ciudadanos, protección social, defensa del medioambiente, y otras necesidades que abordará la nueva Constitución. Y cuarto, el royalty también es un gran mecanismo para reactivar el crecimiento de la productividad ya prácticamente estancado por más de una década. Por tanto, más que "problema", el royalty es la forma más efectiva y eficiente -¿la única? para enfrentar dichos desafíos (ingresos públicos y reactivación).

Y como el royalty viene sí o si, ahora el desafío es buscar la forma más eficiente para ejercer ese derecho ciudadano. ¿Cómo valuar el cobre que está en la roca, o el litio en el salar? ¿Cómo asociarlo a la ley del mineral y movimientos del precio. ¿Cómo ajustarlo para la mediana y pequeña minería? La teoría económica neo-clásica ignora que el total de la renta de los recursos naturales se apropia en lo meramente extractivo. Luego vienen actividades industriales que sólo ofrecen utilidades operativas "normales" (fundición, alambrón, baterías, etc.), pues usan tecnologías maduras y generan productos homogéneos. Para volver a generar rentas hay que avanzar más, hasta procesos industriales donde se requiera innovación. Por eso, economías como las Nórdicas o Australia invierten tres a cuatro veces más que nosotros por trabajador -incluso más que Corea, Taiwán o Singapur.

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