El estudio realizado por el académico del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas y Rubén Jara, Lilian Soto y Felipe Calderón, del Observatorio OPPES-USACH; reconoce la existencia de un problema relevante para el sistema de gratuidad en Educación Superior, al establecer que la actual forma de pago de este beneficio genera una brecha negativa entre los pagos fiscales por gratuidad que hace el Estado y el valor de los aranceles reales que cobran las instituciones adscritas al sistema.

El estudio realizado por el académico del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas y Rubén Jara, Lilian Soto y Felipe Calderón, del Observatorio OPPES-USACH; reconoce la existencia de un problema relevante para el sistema de gratuidad en Educación Superior, al establecer que la actual forma de pago de este beneficio genera una brecha negativa entre los pagos fiscales por gratuidad que hace el Estado y el valor de los aranceles reales que cobran las instituciones adscritas al sistema.

Este miércoles 7 de julio se llevó a cabo el webinar "Hablemos sobre Gratuidad y sus efectos en las instituciones de la Educación Superior chilena", organizado por el Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile.

En la oportunidad, el profesor Víctor Salas presentó los resultados del estudio "Pagos Fiscales por Gratuidad y su impacto en ingresos de pregrado de las instituciones de educación superior de Chile". Este trabajo se refiere a cómo la instalación de la gratuidad en la educación superior chilena constituyó un avance en el derecho a la educación de los y las jóvenes del país. A 2018 el 47,41% de sus beneficiados está concentrado en las universidades CRUCH, que están todas adscritas a gratuidad.

Salas inició su exposición explicando por qué importa cómo se paga la gratuidad, aseverando que los mecanismos de financiamiento no deben influir en las conductas de las instituciones de educación superior de tal forma que terminen configurando un sistema no deseado. "Se espera que la forma de financiar sirva para el logro de los objetivos que la sociedad quiere alcanzar con la educación superior, entre ellos calidad de ésta, diversidad de proyectos educativos, actualidad de la formación profesional y técnica que entreguen sus instituciones", explicó el académico de la FAE.

La gratuidad de la educación superior, constituyó un gran avance en el derecho a la educación de las y los jóvenes del país. Se define como un derecho social y, por consiguiente, la ley 21.091 de mayo 2018 considera que es un derecho universal. "Pero, como lo indica la misma ley, está condicionado al crecimiento económico del país, para financiarlo. Hasta la fecha se financian los estudios de alumnos y alumnas que provengan de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos del país, que estudien en instituciones que estén adscritas al sistema, voluntariamente", aclaró Salas.

El estudio arrojó que la mayor parte de beneficiados de gratuidad están en las universidades del CRUCH (47,41%, en 2018). Las universidades privadas son (2018) las que más alumnos tienen en el sistema, pero, son las de menor matricula entre las instituciones de educación superior adscritas a gratuidad (71 mi). "Por eso, tienen el menor número de estudiantes gratuitos/as de todas ellas (36 mil) y el menor porcentaje de alumnos con gratuidad de la matricula total de cada tipo de institución de educación superior (9,55%). Sin embargo, tienen uno de los más altos porcentajes de alumnos con gratuidad entre los tipos de instituciones de educación superior adscrita a gratuidad (51,44%) al igual que los IP (56,29%) y los CFT (63,41%) ", sostuvo el economista de la FAE.

En 2020- prosiguió el académico- los beneficiados fueron 395.171, de una matrícula total de 1.221.017 alumnos en educación superior (32,36%). Las instituciones adheridas a este sistema fueron: 27 universidades del CRUCH, 6 universidades privadas, 7 institutos profesionales y 9 centros de formación técnica.

Gratuidad

La gratuidad significa que el estudiante no paga por estudiar y que las instituciones reciben el pago por cada alumno/a en gratuidad, desde el Estado, según los valores que éste defina. El Pago Fiscal por Gratuidad comprende, desde 2016 a 2021: el valor del arancel regulado, el valor adicional al arancel regulado, por hasta un máximo de 20% de éste y el valor de la matricula que está en análisis para un nuevo arancel regulado. "Estamos hablando de cerca de 2 billones de pesos (2018) que reciben las Instituciones de Educación Superior (IES) por ingresos por aranceles de pregrado. Las IES adscritas reciben cerca de 100 mil millones menos por sus alumnos/as en gratuidad", indicó.

La brecha de gratuidad, reconoce el menor monto que reciben las IES adscritas a gratuidad por sus alumnos/as beneficiados/as con ella. Para su cálculo, primero se estima, para cada una de las IES, los montos totales que recibirían, si sus alumnos con gratuidad, les pagaran los aranceles reales que efectivamente cobran. Estos son ingresos teóricos, a los que se agrega el valor de la matrícula. "Luego, al valor obtenido se resta el total de Pagos Fiscales por Gratuidad, que cada IES recibe por sus alumnos en esta situación. Queda así determinada la Brecha de Gratuidad", explicó Salas.

El impacto de la brecha en el presupuesto de cada IES adscrita, se reconoce calculando el monto total de ella para cada institución (multiplicando el valor de la brecha por alumno por la matrícula de gratuitos que tiene) y expresando, porcentualmente, este valor en términos del total de ingresos por aranceles reales de pregrado de esa institución. En este sentido, Víctor Salas indicó que sí existe brecha por gratuidad, a pesar del valor adicional que agrega el Estado al arancel regulado. "En casi todas las instituciones de educación superior, el Pago Fiscal por Gratuidad que hace el Estado, no alcanza a cubrir el arancel real que ellas cobran, por lo que se genera una Brecha por gratuidad, que afecta negativamente los ingresos por aranceles de pregrado de las instituciones adscritas".

El profesor Salas indicó que la brecha entre los pagos que el Estado realiza y el arancel real que cobran las instituciones adscritas, tiene impactos negativos sobre sus ingresos por aranceles de pregrado. "Las pocas universidades privadas adscritas (6) son las más afectadas, con un impacto de -11,23% en 2018. Las universidades CRUCH, todas adscritas, también son afectadas, pero sólo en -2,85%, mismo año", explicó el director del OPPES FAE USACH.

En relación a los factores que determinan la Brecha por gratuidad, estos son: el monto de los aranceles reales de las instituciones adscritas; o la importancia de matrícula de gratuitos/as en su matrícula total. "Con los resultados obtenidos, se concluye que las seis IES que lideran el ranking tienen una brecha promedio por alumno muy por encima de la brecha mediana de todas las universidades, exceso que fluctúa entre ´ $410.000 y $1.330.000. Sin embargo, solo una de estas instituciones tiene una cantidad de alumnos matriculados con gratuidad por encima de la mediana, que asciende a 10.982 alumnos".

Culpa de los aranceles

A juicio del investigador, los altos aranceles son el principal factor explicativo en cinco de las seis universidades con mayor brecha por gratuidad, mientras que, en la otra, se explica por la matrícula en gratuidad. Para los IP el factor explicativo de la brecha es el nivel de matrícula en gratuidad en la mayoría de los que están adscritos a este sistema. Para los CFT, la brecha se explica tanto por el nivel de matrícula en gratuidad (INACAP p.e.), como por los altos aranceles que cobra (DUOC p.e.).

Finalmente se refirió a la relación entre brecha por gratuidad y una educación superior segmentada. "Este hecho genera nuestra primera duda: La Brecha de Gratuidad ¿induce a las instituciones de educación superior a no adscribirse? Los datos indican que se está generando una educación superior segmentada: instituciones de educación superior con gratuidad y las sin gratuidad. Observamos que existe un diferente efecto de la Brecha por gratuidad entre las universidades privadas y las del Cruch (-11,23% y -2,85%, respectivamente, en 2018). Este podría ser un factor relevante para mantener pendiente la adscripción de instituciones privadas a la gratuidad. Igual situación ocurre para IP y CFT. Esta no adscripción podría seguir ocurriendo mientras el Estado siga financiando con créditos (CAE) a sus estudiantes".

Adicionalmente, el hecho de que los altos aranceles sean el principal factor explicativo de la brecha de gratuidad- prosiguió Víctor Salas- también se puede asociar a la decisión de las instituciones privadas de educación superior de mantenerse fuera del sistema de gratuidad. "Si las IES privadas entraran al sistema de gratuidad tendrían altos impactos negativos en sus ingresos por aranceles de pregrado. En cambio, sin adscripción, las IES privadas pueden, en general, cobrar altos aranceles y estarán poco interesadas en someterse a un pago menor que esos aranceles reales que cobran, especialmente si tienen capturados segmentos del sector.

"Nuestro análisis establece que el método de pago fiscal por gratuidad, al estar en compañía de otros mecanismos de ayudas estudiantiles, como el CAE, tienden a determinar conductas institucionales de una parte no menor de IES, que prefieren no adscribirse a la gratuidad mientras el Estado les entregue a sus estudiantes de menores recursos los créditos o becas que ellos demanden", concluyó el académico de la FAE.

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