Dr. José Gabriel Palma, académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE USACH indica que es claro que Chile necesita un nuevo sistema de pensiones, pero se requiere diseñar un mecanismo de transición que evite efectos contraproducentes.
Dr. José Gabriel Palma, académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE USACH indica que es claro que Chile necesita un nuevo sistema de pensiones, pero se requiere diseñar un mecanismo de transición que evite efectos contraproducentes.
El Dr. en Economía y académico de la U. de Cambridge y del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE USACH, José Gabriel Palma, en su rol de líder de opinión pública, escribe constantemente columnas en diversos medios de comunicación de Chile y el extranjero. En esta oportunidad, analiza en El Mercurio Inversiones, una propuesta para el sistema de pensiones post- AFPs.
El académico comienza su columna indicando una dura realidad: Hay pocos temas en el Chile de hoy que generan tanta incertidumbre y ansiedad como la crónica de la muerte anunciada de las AFPs. "Entre ellos está su impacto en el mercado financiero, y en especial en el de renta fija – donde el mercado ya está prácticamente "seco" y las tasas subiendo–", indica Palma.
A esto, agrega que un tema fundamental es qué va a pasar con los ahorros existentes de las personas (o lo que queda de ellos) en las AFPs. "Por ejemplo, políticos de todo el espectro proponen que esos fondos simplemente se devuelvan a las personas. Creo que es una mala idea si se hace sin al menos diseñar un mecanismo de transición que ayude a que el financiamiento de largo plazo que genera un esquema como el actual sea borrado súbitamente. Por todas las críticas que uno le pueda hacer –¡y con razón!– a como ha operado dicho financiamiento, borrarlo del mapa con una plumada podría ser contraproducente", explica el destacado economista.
Para mi lo básico- prosigue el académico de la FAE- es que, como en otros países (por ejemplo, Nueva Zelanda) construyamos un sistema de pensiones mixto, con un componente obligatorio de seguridad social (el mal llamado sistema "de reparto"), y uno voluntario –público y privado– sobre ese.
"Para el primero, las personas deberían estar obligadas a pagar al menos un 10% de su ingreso, y esa contribución aseguraría que todos tengan al final una pensión alrededor del salario mínimo. Además, debería existir la opción de agregar otro componente voluntario a esa seguridad social (por ejemplo, cotizar otro 3%) para asegurar una pensión estatal mayor. También se debería poder transferir los fondos que se tienen en las AFPs para dicho fin. Junto a ello, debería haber flexibilidad para que las personas puedan subir o bajar su contribución voluntaria a su pensión estatal según sea su situación personal, y que eso al final se pueda traducir en un incremento correspondiente a la pensión mínima", indica en su columna.
El texto prosigue explicando que en el largo plazo, pues es difícil ahora por falta de recursos, toda persona debería tener derecho a esa pensión básica (como se hace en muchos países desarrollados). Una mujer que pasó su vida criando niños y de dueña de casa tiene el mismo derecho a una vejez digna. A esa seguridad social obligatoria (y su posible componente adicional voluntario) se podría agregar la opción de una pensión extra privada también voluntaria. Lo que propongo es que se creen cuentas que sean realmente individuales para dicho fin, para lo cual debería haber una amplia gama de posibilidades de cómo hacerlo.
"Una es una cuenta en la que la misma persona pudiese administrar sus ahorros para la jubilación. Son sus ahorros, y tiene todo el derecho a hacer lo que quiera con ellos dentro de un marco mínimo regulatorio, tomando en cuenta que su naturaleza es ser ahorro de largo plazo (por ejemplo, poner la plata en bitcoins no parece ser una buena idea). También se podría contratar a una persona o institución para que, por una comisión, le administre esas platas. Pero aquí lo fundamental es terminar con el actual sistema que obliga a las personas a cotizar en una institución específica (AFPs). Hay que generar competencia entre individuos y distintos tipos de instituciones para administrar esos fondos – y todos los posibles agentes administradores deberían estar propiamente regulados", añade el Dr.Palma.
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