Es hora de que las nuevas autoridades reconozcan que la economía requerirá una fuerte dosis de impulso fiscal. Este terremoto ha dañado severamente la infraestructura del país, aparte del costo infinito en vidas humanas. Localidades rurales costeras enteras han sido devastadas y aniquiladas. También el comercio en Curicó, Talca, Concepción y zonas aledañas está severamente dañado. Sectores donde la pequeña empresa y la microempresa («el dueño lo hace todo») requerirán de una ayuda estatal directa para poder restablecer los flujos de comercio local. También las familias pobres requerirán de una intervención masiva del Estado para reconstruir viviendas, colegios y hospitales.

Se debería aceptar en forma más humilde la ayuda internacional: la fragmentación social vista en los saqueos refleja ese otro Chile, el cual está escondido para la élite. Los municipios también deberán hacerse parte de las demandas legales (si no el Estado en forma directa) contra constructoras e inmobiliarias que entregaron edificios de calidad deficiente (a menos de 200 metros de un edificio colapsado se pueden ver otros intactos); en esas demandas deberá concurrir el jefe de obras y acompañarse por los dudosos cambios de planos reguladores visados por los municipios. Se ha construido, entre otras cosas, en lugares en que el terreno se hundió. Debería el nuevo gobierno hacer un «salvataje» de las propiedades afectadas, para cuando no opere el esquema de seguros o para cuando constructoras e inmobiliarias se declaren en quiebra: una especie de Fondo de Reconstrucción Nacional con bajísimas tasas de interés.

La tranquilidad síquica es vital para los ansiados aumentos de productividad que busca la nueva administración. Las reformas microeconómicas de la administración Piñera deberían partir en las zonas más afectadas: se deberán reconstruir las economías regionales y fortalecer las comunidades locales. Es el momento de la acción, no del dogmatismo.