Guillermo Pattillo Departamento de Economía, Universidad de Santiago. 
En el contexto de las discusiones por los cientos de millones de dólares que el gobierno ha estado repartiendo en el último tiempo para usos diversos, algunos con una muy dudosa justificación y aun menos estudio de rentabilidad social, ha pasado relativamente inadvertida la aprobación de la extensión del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC).
El funcionamiento del FEPC implica el establecimiento, para cada combustible, de una banda de precios de ±5% respecto a un precio de referencia intermedio. El fondo entrega un crédito o cobra un impuesto por metro cúbico de combustible de acuerdo a la relación que muestre el precio de paridad de importación (calculado por el Ministerio de Minería) con los límites de la banda indicada. Lo primero que es evidente es que dado que el fondo periódicamente agota sus recursos, ha funcionado en promedio como un subsidio; lo segundo, es que no existe tamaño de fondo (aunque fuese sin fondo) que pueda modificar la tendencia de un precio internacional, por lo que la única validez que podría tener el FEPC es como un sistema para neutralizar oscilaciones, pero no más que eso. No ha funcionado de esa forma y lo que propondría es que se modifique la forma de calcular el precio de referencia intermedio y en vez de usarse medias móviles que miran esencialmente hacia atrás, pasen a tener un rol mucho más importante los mercados futuros. Pero, ¿qué tiene de negativo que funcione como hasta ahora; es decir, otorgando un subsidio? Sólo que es un subsidio, además de ineficiente, regresivo. Un estudio reciente (FMI, WP/07/71) para una muestra amplia de países, establece que en promedio el 42% del subsidio a los combustibles lo recibe el 20% más rico de la población y el 20% más pobre recibe menos del 10%.
Artículo publicado en Diario Estrategia
