Mario Radrigán, director del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa, explica los alcances de este proyecto orientado a enfrentar una de las dimensiones más problemáticas de la discapacidad: la inserción sociolaboral.
En Chile existen un millón 800 mil personas con discapacidad y 700 mil de ellas con una discapacidad severa. La Ley de Inclusión Laboral de 2018, que establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad en organismos con más de cien trabajadores, resulta insuficiente si se piensa que, funcionando al máximo, generaría 40 mil puestos de trabajo.
Para enfrentar esta problemática dimensión de la discapacidad, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) cuenta con diferentes líneas de desarrollo. Entre éstas se encuentran los programas de Estrategias de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI), los que buscan fortalecer el trabajo de los municipios, en términos de inclusión, con personas en situación de discapacidad.
Un programa clave apunta a la creación de Incubadoras de Cooperativas Inclusivas. Este año, seis municipios pertenecientes a cinco regiones del país postularon a la licitación de una asesoría técnica en la materia. Tras eso, SENADIS abrió una convocatoria a instituciones privadas sin fines de lucro, la que fue adjudicada por un proyecto presentado por la FUDE de EFUSACH con la participación del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa (CIESCOOP), para el diseño, puesta en marcha y funcionamiento de estas incubadoras.
Mario Radrigán, director del centro perteneciente a la Facultad de Administración y Economía USACH, es el responsable de este proyecto de asesorías en la instalación de incubadoras de Cooperativas Inclusivas y uno de los mayores expertos en el país sobre este modelo, el que se ha instalado en el mundo como uno de los mecanismos más efectivos de inserción sociolaboral.
"El modelo de Cooperativa Inclusiva busca que las personas, de manera autónoma y dependiendo de su nivel de discapacidad y del apoyo de familiares o centros educativos, generen cooperativas. Éstas les permiten, mediante el autoempleo colectivo, desarrollar una actividad económica, y les reporta un ingreso, un empleo protegido y autonomía", explica.
El proyecto, que comienza en enero de 2021 y que se prolongará hasta marzo de 2022, tendrá lugar en seis municipios de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana. Su objetivo es traspasar habilidades y capacidades directamente a los funcionarios municipales, pues son los municipios los encargados de consolidar las cooperativas después de los quince meses que dura la asesoría.
Cabe destacar que desde el año 2016 se están implementando cooperativas inclusivas en Chile. Actualmente existen 25 compuestas por personas con distintas discapacidades físicas, cognitivas y mentales, y dedicadas a actividades económicas de distinta naturaleza en las áreas gastronómicas, de servicios de limpieza y terapéuticas, principalmente.
En países europeos, en cambio, las cooperativas inclusivas existen hace varias décadas. Por esa razón esta iniciativa, respaldada por la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, contará con la experiencia de un consorcio italiano que reúne a 130 cooperativas, las que en conjunto generan 4 mil puestos de trabajo.
"En Italia el 50% de estos puestos de trabajo provienen de más de 10 mil Cooperativas Inclusivas, que allá se llaman Cooperativas de Solidaridad Social, y que al estar consorciadas logran tener contratos más grandes. En la medida que sigan avanzando en nuestro país, estas cooperativas debieran ir formando consorcios y generando un trabajo cada vez más asociativo, lo que les permitirá presentarse a licitaciones y actuar con mayor solidez en las actividades comerciales que desarrollan", concluye.
Fuente: Empresas y Fundaciones USACH
