Patricia Muñoz fue la invitada en una nueva versión de "AP Conversa con...", instancia en la que la profesional explicó cómo la Defensoría de la Niñez busca mejorar la situación de la infancia en Chile.
Patricia Muñoz fue la invitada en una nueva versión de "AP Conversa con...", instancia en la que la profesional explicó cómo la Defensoría de la Niñez busca mejorar la situación de la infancia en Chile.
El pasado miércoles 14 de julio el Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, realizó una nueva versión del webinar "AP conversa con..." con la presencia de la Defensora de la Niñez y Adolescencia, Patricia Muñoz.
La abogada por la UC de Temuco y Magíster en Docencia Universitaria de la UDD, comenzó indicando que la Defensoría de la Niñez tiene por objetivo la difusión, promoción y protección de los derechos de los cuales son titulares los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la Constitución, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, velando siempre por su interés superior.
"La Defensoría de la Niñez desempeña sus funciones con autonomía de los principios del Estado y las instituciones públicas y fue creada por la ley 21.067", recalcó Muñoz.
Con respecto a la función pública y los derechos de niños, niñas y adolescentes, Patricia Muñoz indicó que la premisa de función pública, es que el Estado está al servicio de las personas, ofreciendo, y en algunos casos, garantizando las mejores condiciones que les permitan su máximo desarrollo posible. "Éste sólo resulta factible, cuando el respeto y la protección de los derechos fundamentales de las personas está asegurado, y cuando las autoridades públicas, y la sociedad en su conjunto, se comprometen con la efectiva promoción, difusión y protección de estos derechos, propendiendo hacia formas de convivencias justas", sentenció, agregando que es este contexto se generan y o modifican las políticas enfocadas en la niñez y adolescencia en Chile.
"Siempre he tenido la convicción que, en el Estado, debieran estar los/as mejores, y eso debiera involucrar también, un proceso de gestión estatal riguroso que permita que el funcionamiento sea de carácter de excelencia. Por lo tanto, es esencial que las funciones públicas entiendan que su responsabilidad está en garantizar el ejercicio de los derechos y por supuesto, las mejores condiciones para las personas a quienes está sirviendo de manera tal, de propender al mejor desarrollo posible", dijo Muñoz.
Respecto a la evolución de las políticas públicas en niños, niñas y adolescentes, Muñoz explicó que, en los últimos 30 años, las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia distingue una primera ola de acciones, entre 1990 y 1994, con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del niño y un primer Plan de Infancia. La segunda ola de acciones se generó de 2004 a 2010, período que se caracteriza por la Ley de Tribunales de Familia, la Creación de Chile Crece Contigo, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y la Ley de Subvenciones.
La Tercera ola de acciones se desarrolla entre 2017 y 2020, la que comprende la creación de la Subsecretaría de la Niñez y la creación del Servicio de Protección Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes. "Cuando se plantea la planificación y la coordinación de políticas de niñez, podemos observar en nuestra realidad diferentes mecanismos e instrumentos que no han logrado articularse suficientemente, por la falta de conducción de la entidad central del Poder Ejecutivo. Tenemos la agenda relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está el Acuerdo Nacional por la Infancia, la Comisión Coordinadora de Protección, comisiones de protección regional, la Política de Niñez y Adolescencia, la Política de Reinserción Social Juvenil, un Plan de Acción de Niñez, el Plan Nacional de Derechos Humanos, y podemos ver ahí que, en definitiva, si toda esta generación de instancias se articulara debidamente y hubiese una estructura lineal de conducción específica, liderada por la Subsecretaría de la Niñez, esto debiera tener una incidencia efectiva en la forma en la que niños, niñas y adolescentes reciban no sólo prestaciones en aquellos casos que sea necesario, si no que más bien, el reconocimiento de sus derechos y por lo tanto, la facilitación para que los puedan ejercer de manera efectiva", puntualizó.
Muñoz agregó que como Defensoría de la Niñez tienen funciones de realizar recomendaciones o peticiones a las instituciones del Estado, de manera tal, que vayan generando esos cambios que dicen relación con satisfacer exigencias que normalmente impone la Convención Sobre los Derechos del Niño. "Dentro de eso, está velar por que los responsables de formular las políticas públicas nacionales, incluidas las económicas, tengan en consideración los derechos del niño al establecer y evaluar planes, políticas y programas", aseveró Patricia Muñoz, agregando que este es un desafío trascendental en un Estado que dificulta la acción de instancias autónomas de derechos humanos en el sentido de no entender ese rol y tampoco comprender que es un error ponerlo en contraposición como si fuera un enemigo.
La Defensora de la Niñez destacó el informe anual de 2019, en el que hicieron un capítulo específico que se relaciona con las deudas de la gestión pública en la garantía y restitución der los derechos de niños, niñas u adolescentes. "Es un capítulo donde planteamos si es que la función pública y la intervención social requiere de una reforma institucional o sustancial. Se analizó el proceso de implementación de su sistema integral de garantías de los derechos de la niñez y adolescencia, los problemas asociados a la evaluación de la acción del Estado en políticas de niñez y el enfoque de derechos humanos. Además, los problemas detectados en el ejercicio de las funciones de la Defensoría de la Niñez, desde la perspectiva de la función pública, la violencia del Estado y la vulneración de derechos de niñez en el Caso Catrillanca, conflictos medioambientales y vulneración de derechos de niños con la contaminación de Quintero y Puchuncaví, entre otros".
Para Patricia Muñoz, las deudas de la gestión pública se relacionan a las malas prácticas transversales en el ejercicio de la función pública, que si bien, no sólo afecta a las políticas y programas enfocados en temas de niñez, generan situaciones deficitarias e inaceptables que deben ser remediadas. "Un elemento central de la política de niñez y adolescencia, es la intervención integral, la que exige coordinación intersectorial. Lo anterior, sólo es declarativo y a la fecha no se han visto prácticas sistemáticas con resultados de dicha intervención integral", sentenció.
Currículum
Patricia Muñoz García fue designada como la primera Defensora de los Derechos de la Niñez por votación unánime del Senado, en abril de 2018, asumiendo el cargo el 1 de junio del mismo año.
Es abogada de la Universidad Católica de Temuco, Magíster en Docencia Universitaria de la Universidad del Desarrollo, desarrollando su carrera profesional en ámbitos relacionados con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Se desempeñó, anteriormente, como gerenta de la División de Atención a las Víctimas y Testigos, como directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales y durante nueve años como fiscal especializada en delitos sexuales y violentos, todo en el Ministerio Público de Chile.
A lo largo de su desarrollo profesional ha comprometido su accionar con la generación de políticas públicas transversales que potencien el reconocimiento y respeto irrestricto de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.
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