FAE en Prensa

Ingresos que Tributan e Ingresos que NO Tributan

Prof. Germán R.Pinto Perry
Departamento de Contabilidad y Tributación
Universidad de Santiago de Chile

Los colegios subvencionados tienen un tratamiento especial que permite que todos lo recibido del Estado, no tribute. Esta calidad sólo está restringida a las subvenciones y no alcanzan a los cobros mensuales que realizan los establecimientos con financiamiento compartido

El DFL Nº2 de 1998, pero que fue promulgado en 1996, establece en su artículo 5 que la subvención, derechos de matrículas, derechos de escolaridad y donaciones que se destinen al pago de remuneraciones, en la administración, reparación, mantención o ampliaciones de las instalaciones de los establecimientos de educación "subvencionados", no estarán afectos a ningún tributo contenido en la Ley sobre Impuesto a la Renta. Este tratamiento es muy interesante, porque determina el carácter de ingreso no constitutivo de renta (en la práctica adquiere esta calificación) en todos los recursos que los sostenedores de colegios reciben del Estado a través del mecanismo de subvención por educación, que en estos últimos meses ha estado muy cuestionado. Esta exención es particular porque adquiere tal calidad (de no pagar impuestos) cuando se constate el destino dado, el cual está íntimamente ligado a la prestación del servicio de educación. En otras palabras, todo lo recibido del Estado no tendrá una tributación que la afecte, en la medida que se destine a las remuneraciones de docentes y administrativos, adquisición de material pedagógico y a mantención del activo fijo de los colegios.

Es importante señalar que el requisito fundamental para impetrar la calidad tributaria antes señalada, está dado exclusivamente en la constatación del destino claramente definido por el legislador, de los fondos entregados.

Hay que recalcar que el Derecho Tributario es una rama del Derecho Público y sólo amerita hacer lo que está expresamente señalado en algún cuerpo normativo, tal como es la mención expresa del destino que pueden tener los fondos de la subvención. Esto implica que si un sostenedor realiza retiros de los fondos estatales, deberá pagar Primera Categoría por el flujo íntegro, sin ser posible descontar gastos, y Global Complementario cuando refleje en su base imponible (como persona natural) el retiro realizado del colegio.

Esta restricción es tan clara y excluyente, que deja fuera a lo cobrado por los establecimientos educaciones como "financiamiento compartido". El Título II del DFL Nº2 antes señalado permite que los sostenedores perciban un ingreso adicional a la subvención, mediante un cobro que se hace a los padres y apoderados de los estudiantes que están matriculados en sus colegios. Este ingreso está normado en su naturaleza y cuantía. Sin embargo, como está en otro título, el cual no corresponde a la subvención estatal, y no queda incluida en el tratamiento que permite considerarlo como exento de toda tributación.

En efecto, el hecho de percibir un financiamiento adicional de los apoderados significa que está recibiendo un incremento de patrimonio que cumple los elementos del hecho gravado de la Ley sobre Impuesto a la Renta, teniendo la calidad de ingreso de Primera Categoría porque está expresamente señalado como tal en el número 4 del artículo 20 de la ley del ramo. De esta forma, el cobro del financiamiento compartido sería renta de Primera Categoría que debe ser declarada y demostrada según contabilidad completa.

Sin duda que para ojos inexpertos en el tema tributario, lo anterior es un intríngulis que sólo viene a complicar el oscuro panorama de los sostenedores, tan vituperados últimamente.

Sin embargo, la tributación es clara, y así lo ha señalado el Servicio de Impuestos Internos en su Oficio Nº 4197 de 2006 cuando señaló que el pago mensual que se realiza a los apoderados de colegios acogidos al sistema de subvención estatal con financiamiento compartido, no se les aplica la exención del artículo 5 del DFL Nº2 que sólo beneficia a los ingresos por subvención, siempre y cuando se respete el destino que ya señalé. Por otro lado, tendrá el carácter de ingreso renta ordinario, afecto a Primera Categoría y Global Complementario cuando sean retirados por los dueños, todo ingreso que reciban los establecimientos de parte de sus apoderados, bajo la modalidad de financiamiento compartido.

En la práctica, la disposición que he comentado tiene un fácil control, cuando los colegios llevan sistemas de contabilidad con la sofisticación suficiente que les permita demostrar el destino de las subvenciones y determinar, por otro lado, una renta líquida imponible según lo dispuestos en los artículo 29 al 33, en concordancia de los artículos 21 y 41, todos de la Ley sobre Impuestos a la Renta, según los ingresos adicionales que les cobren a sus padres y apoderamos, siendo menester tributar exclusivamente por este último concepto.

Francisco Castañeda
Académico Usach

En la década de los 90 se señalaba que desindexar (terminar con la UF!!) los contratos en la economía era una contribución para reducir aún más la inflación. De hecho, años más tarde, el B.Central aumentó su proporción de papeles en pesos (tasas nominales) en las licitaciones. Todo esto formaba parte de la necesaria credibilidad (el principal activo del instituto emisor) para bajar gradualmente la inflación y así enfrentar peticiones desmedidas de aumentos de salarios de grupos organizados. Hoy esto es ya lejano, debido a que el escenario central  de riesgo para la economía es la mayor inflación alimentaria internacional por masificación de biocombustibles (a lo que se adiciona el alto precio del crudo). Este escenario estaba asentado desde ya hace meses (basta observar los subsidios al etanol en Estados Unidos). Pero el B.Central subvaluó esto, y prefirió intervenir para hacer subir el tipo de cambio, debido al intenso lobby exportador y parlamentario. Y lo hizo pese a que la inflación estaba ya 2,5 veces alejada del rango objetivo (altamente peligroso!!). Cierto que hay factores internos y externos responsables de la mayor inflación doméstica, pero en este momento el tipo de cambio esta trasvasijando esa mayor inflación alimentaria (el IPC de Junio de 1,5% lo demuestra). Todo indica que el escenario central de riesgo se sinceró. Ahora el B.Central debe realizar los ajustes necesarios para alterar la intervención cambiaria en curso.

Francisco Castañeda
Académico Usach

Las Microfirmas y PYMES enfrentarán claramente en los próximos meses un panorama complejo. A las inevitables alzas de tasa de instancia del Banco Central para contrarrestar la inflación, se adicionará un creciente riesgo de crédito ya asimilado por la industria bancaria. Las provisiones bancarias tanto para personas como empresas han subido fuertemente. La posibilidad de que los controles de riesgo de la cartera se basen en parte en futuros incrementos de la tasa de interés para compensar el sobreapetito por riesgo del pasado, terminará empeorando la calidad de las carteras; el efecto Lemons ("clientes riesgosos") siempre opera en mercados con asimetrías informacionales. Las PYMEs con flujos inciertos y riesgosos, deberán soportar esta mayor tasa de interés. Los márgenes de operación ya se resienten con el mayor costo financiero, mermando el capital de trabajo de estas. Si a esto agregamos el escaso poder de mercado para negociar mejores condiciones de plazo y pago con los grandes conglomerados empresariales, la situación es con sesgo al deterioro. Así también la oferta crediticia para inversión productiva es insuficiente en relación con la amplia oferta total de consumo, representando una baja fracción. Los fondos con garantía del Estado (FOGAPE y FOGAIN, que son operados por la banca), tan importantes para proyectos sin garantías reales, requieren de inyección de más recursos y de una administración menos burocrática. También las PYMES deben mejorar sus procesos y readecuar sus  estructuras financieras.

Francisco Castañeda
Académico USACH

Esta meridianamente claro que el actual nivel del tipo de cambio esta creando una presión inflacionaria adicional. El actual desanclaje de las expectativas inflacionarias, viene desde la época de Corbo. La política monetaria fue complaciente con los grados adicionales de inflación en tal período. A esto se agregaba la discusión entre quienes "eran protectores del empleo" versus los "protectores de una baja inflación". El trade-off estaba presente en el mapa político, pero no en el mapa de la institucionalidad. La inflación global de alimentos y el alto precio del crudo han contribuido a que esta disyuntiva (trade-off) sea hoy notoriamente clara. Con la actual intervención cambiaria operando a razón de 50 millones de US$ diarios, y con expectativas de inflación total y subyacente, fuera de las predicciones de la convergencia a la meta en el plazo de 12 a 24 meses, la autoridad monetaria ha comenzado a actuar incrementando la tasa de instancia. Pero con una inflación cercana al 10%, y reajustes salariales de esa magnitud, el tipo de cambio real tampoco despega significativamente (que era el objetivo encubierto de la intervención). Por su parte, el crecimiento del gasto fiscal ya ha agotado su espacio macroeconómico, alterando otras variables, pese a cumplir la regla de ahorro estructural. Alargamiento del plazo de la intervención, o disminución de los montos diarios de compra, serán alternativas que se deben explorar para mitigar este considerable mayor umbral de inflación, que afecta sobre todo a los más pobres.

En el trabajo de investigación Access to credit for low-income segments vital - Regional que encargó Mastercad-Miami, participó el académico de la FAE, Francisco Castañeda.

Esta información ha sido entregada por Business News Americas (http://bnamericas.com/), Agencia de Noticias Especializada en Negocios en América. MasterCard: Access to credit for low-income segments vital - Regional.

Friday, June 20, 2008 13:23 (GMT -0400)

Access to credit and other financial products for Latin America's low-income segment is vital, not just to facilitate the purchase of consumer goods but also for the economic survival of the region, according to a study by MasterCard (NYSE: MA).

MasterCard released the results of the Mass Market Credit in the Seven Leading Latin American Cities study carried out by the UK's Loughborough University which analyzes access to credit and consumer habits of the low-income segments in Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Mexico City, Sí£o Paulo, Rio de Janeiro and Santiago.

"Access to credit by the low-income population, either by personal or corporate credit, is fundamental to promote economic growth in developing countries. The ability of SMEs to access credit lines plays a significant role in this scenario", said Max Chion, MasterCard Latin America and Caribbean senior VP of products.

"Greater political and economic stability in the region has increased the purchasing power in segments D and E, emphasizing their importance for the economies of these countries", said Dr Jon Cloke, one of the researchers.

The research also shows the contrast between the featured cities. For example, in capitals such as Mexico City, where only 50% of the population has access to basic financial services, there is a low level of usage of banking services. In 74% of the cities outside Mexico City, where 22% of the population is located, there are no bank branches.

On the other hand, Brazil has registered a continuous growth in credit card offerings, which rose 165% in the 2001-07 period to 93mn, or from one card for every 4.9 inhabitants to one card for every two, the study reads.

Sergio Andrés López Bohle
Académico del Departamento de Administración
Universidad de Santiago

Las compañías están experimentando una fuerte presión por alcanzar resultados en un entorno cada vez más competitivo. Por tanto, requieren lograr incrementos significativos en productividad, flexibilidad y agilidad para crear valor.

Esto último, es importante en los escenarios actuales donde las empresas prosperan primeramente, enfocándose en los ámbitos de especialización y de dominio. Luego se expanden y posteriormente cuando pierden relevancia, se redefinen y enfocan en nuevos negocios, o bien, entran en profundas crisis, hipotecando drásticamente el futuro organizacional.

De hecho, para ilustrar lo anterior, la duración promedio de una empresa disminuyó de 14 años a sólo 10 años y la permanencia de un Gerente General hace una década se redujo de 8 años a menos de cinco.

De esta forma, enfrentar estas condiciones, supone desarrollar un conjunto de competencias centrales que permitan optimizar y evaluar las decisiones en términos de generación, desarrollo y mantención de nuevos proyectos.  Estas actividades se desarrollan a través de un eje cuyos extremos son la continuidad y la discontinuidad.

El primero de estos, permite reducir la confusión, vulnerabilidad y desorientación propia del cambio, privilegiando la obtención de simplicidad, orden y cautela. Aquel es el perfil tradicional que adoptan los asesores y gerentes que "administran" estas unidades.

Luego, las PYMES requieren de líderes que les permitan superar la réplica del pasado, creando modelos de gestión y de talentos orientados hacia el emprendimiento e innovación.

De esta forma, se debería cultivar un recurso escaso, los llamados alquimistas, quienes son expertos en transformar las iniciativas básicas en oro puro a través de una adecuada combinación entre eficiencia y oportunismo.

Para esto, se requieren individuos pioneros, que asumen riesgos y compromisos desafiantes, que superan lo convencional y buscan continuamente nuevas formas de hacer las cosas.

Estos liderazgos se relacionan con "títulos" distintos de los pergaminos de la educación formal, que a pesar de ser necesarios, deben ser articulados con los fracasos y con la sabiduría que brinda el contacto con el mercado, espacio donde verdaderamente, se conocen el talento vital de la organización.

Francisco Castañeda
Académico Usach

La continuación de las actividades de huelga, paro y/o tomas en USACH sólo le hacen un daño a ella. Ciertamente los alumnos (y académicos también) tienen el derecho de expresar su repudio y molestia con los marcos regulatorios imperantes en la Educación. La suspensión de actividades por un breve período de tiempo nos debería llamar a la reflexión profunda. El Rector en innumerables artículos de opinión en prensa, y también como presidente del Consorcio de Universidades del Estado, y miembro del Consejo Asesor Presidencial, ha expresado su defensa de la educación pública, del pluralismo, así también como ha propuesto la eliminación del AFI (aporte fiscal indirecto) que reciben todas las universidades por atraer los mejores puntajes. Y que este fondo AFI sea asignado por vulnerabilidad social. La gran mayoría siente un interés genuino porque nuestra universidad salga adelante, en un entorno de mercado (nos guste o no) cada vez más competitivo. Esto significa que nuestra universidad debe liderar la defensa de los valores de la educación pública. Se requiere avanzar en mejorar las estructuras de gobierno que transformen a nuestra Educación Pública (desde la básica hasta la educación universitaria) en educación de calidad. Y esto es de incumbencia de todos los actores. Pero seguir inmovilizando a la Usach, sólo produce descrédito, desesperanza y desgano en los miles de alumnos de estratos medios-bajos  que apuestan a un futuro mejor. No es que no luchemos por aquello que consideramos legítimo, pero los canales formales e informales han sido agotados, y es hora de que el sistema político actúe y procese los eventos de este último mes. Esperar que una paralización en nuestra universidad solucione los problemas de índole sistémico es suicida. La prolongación de la falta de actividades daña el esfuerzo de las familias que mes a mes trabajan duro para apoyar a sus hijos. Además, esto daña su título profesional a futuro, entorpece sus opciones en el mercado laboral y por sobre todo, afecta en forma negativa la decisión de quienes están optando por ingresar a nuestra universidad. Y no se trata de esconder problemas, ni de ocultar tampoco las debilidades que tiene el modo de gestionar políticas públicas en el Estado. Se trata de reflexionar pacíficamente, sin afectar el derecho del resto de la comunidad universitaria, a que esta desarrolle normalmente sus actividades.

Usach no se puede quedar atrás en este escenario público-mixto-privado imperante. No podemos claudicar sin decir de forma sincera, que estos eventos afectan la imagen de la universidad, su posicionamiento, y finalmente en el margen podrían afectar las posibilidades de ascender profesionalmente a un ritmo más acelerado. Todo lo cual va en detrimento de Uds y sus familias.

No demos más ventajas al sistema privado!!.. Esta en nuestras manos.

Francisco Castañeda
Académico Usach

La oposición (consistentemente) se opone a agregar el párrafo para fortalecer la educación pública en la LGE. Grupos de estudiantes, profesores y parlamentarios de gobierno se oponen al concepto de lucro y lo aceptan a duras penas. Casi la totalidad de los parlamentarios y miembros del gobierno tienen a sus hijos en colegios privados. Al menos "el lucro" para ellos no ha evidenciado caída en la calidad. Por su parte, los sostenedores de colegios particulares subvencionados deben obtener una renta legítima por su inversión y el exceso de lucro que causa daño a los alumnos debe ser regulado a través de las figuras de giro único, calidad del sostenedor, y otras regulaciones. Pero no puede ser a expensas de rotar permanentemente a los profesores para no pagar leyes sociales y así sesgar a la baja el salario de ellos; por tanto, faltan incentivos de mercado reales para el desarrollo académico de largo plazo.
La educación municipalizada presenta una serie de desventajas producto del poder excesivo de los sindicatos de profesores y la vulnerabilidad social de sus alumnos. Aquí el Estado tiene que apoyar estas desventajas con inyección de recursos a cambio de mediciones concretas. El rol de la educación pública en cuanto a que educa a los más pobres, no puede ser devaluado. Pero si la educación municipal quiere tener mejores resultados, debe tener un marco legal flexible, con estímulos monetarios significativos a los mejores profesores, terminar con la inamovilidad, e incrementar los presupuestos. Y hacer todo esto, es responsabilidad de la autoridad.