Francisco Castañeda G. Académico Universidad de Santiago
"La tolerancia es un concepto social valioso en si mismo. Tiene efectos positivos en la creación de ideas, en el quehacer cotidiano en las empresas, y por sobre todo cimenta la base social. Base social que a veces diluimos en un concepto amplio y difuso denominado "mercado". Y un buen mercado, es un mercado que premia el esfuerzo, que distribuye las mayores ganancias cuando estas crecen, y que llama a la prudencia cuando las cosas no andan bien. Un buen mercado para crecer requiere que el Estado y las empresas no discriminen por factores "no mercado". Capacidad, inteligencia, honestidad, deberían ser los factores a considerar. Claro esta que hay trabajos que requieren características adicionales. Pero cuando se produce discriminación, se pierde la capacidad de resolver satisfactoriamente las demandas del mercado. Si no se es tolerante en el medio social, no habrá tolerancia en las ideas, y estas ideas nuevas, discutibles, no permearán el medio productivo, y frenarán la innovación. También a veces existen verdades irreconciliables, ortodoxias campeantes, y la simple visión del mundo real, nos llama a comprender la visión del otro, su vida, su historia. Se requiere tolerancia con el fracaso, con el disenso, con abrirse a nuevas corrientes de pensamiento. Así la tolerancia se transforma en una fuerza correctora que debe humanizar el mercado".
René Fernández Montt. Académico, Departamento de Gestión y Políticas Públicas Universidad de Santiago de Chile.
La regulación y la fiscalización son fundamentales para el desarrollo del mercado de capitales en Chile y en cualquier país. Al alzamiento de voces contrarias a una mayor regulación, atendiendo a la posibilidad de sobre-regulación, -asunto que a mi personal parecer está lejos de ocurrir-, considero útil el ejercicio de describir como sería el mercado de capitales si no existiese regulación.
Observar el "modus operandis" de un negocio perteneciente a la Economía Informal Santiaguina nos servirá para asimilar como sería un mercado de capitales sin regulaciones.
El juego callejero "Pepito paga doble" y que ha sido tantas veces mencionado en diferentes programas de reportajes, será el negocio de la economía informal que utilizaremos para nuestro análisis. Para iniciar al potencial "inversionista" en este juego callejero, hay que observar que la técnica de ventas utilizada por los dueños se caracteriza por intentar cubrir los potenciales perfiles de los clientes con "vendedores" adecuados a cada uno, vale decir que cada "vendedor" se caracteriza como un par encubierto que actúa en forma cercana al inversionista o potencial cliente (oficinista, estudiante o la tan recurrente señora Juanita).
Una vez que el transeúnte accede a jugar, la táctica es que gane algunas veces, para incentivar un mayor monto futuro de inversión. Sin embargo, al igual que en el mercado de capitales no podrá vencer al mercado sistemáticamente, pues ahí actúan las "fuerzas del mercado" con medidas como aumentar la dificultad del juego, la velocidad del movimiento, apelar a la distracción y a los "palos blancos".
En un mercado sin regulaciones, se podría afirmar que existirían incentivos para que una mayor cantidad de especuladores intentaran maximizar sus ganancias sin necesariamente cuidar el bolsillo del potencial comprador, que aunque asumamos que actúa en forma racional, obviamente existen asimetrías de información que los palos blancos aprovechan.
Cuando el jugador mantiene una actitud agresiva y además ha obtenido ganancias en términos netos con respecto a lo que ha ganado la casa o mercado, bajo el argumento que en esta casuística en particular se denomina "vienen los pacos"(sic) se cierra el mercado y en este período de Black-Out, se pierde el monto que estaba en juego, asunto que obviamente no ocurre en el Mercado de Capitales chileno, pero de no existir regulación, sería bastante probable su ocurrencia.
Con las condiciones de este mercado tan competitivo y centralizado, la forma de generar potenciales ganancias obedecería a la estrategia de "hit and run", aunque no conozco a alguien que haya podido llevarla a cabo, pues este subsistema de la economía informal toma fuertes y amenazantes resguardos.
El comportamiento ético y la autorregulación no se generan espontáneamente, es necesario que haya un ente regulador y coordinador. Además, un contexto que plantee como amenaza creíble una mayor regulación aumenta la probabilidad de aumento en autorregulación. Puede haber discrepancias en el enfoque y es preciso determinar que no exista sobre-regulación en eso estamos de acuerdo. Pero, para quienes pudieran pensar aún que el mercado solucionará todos los problemas, es necesario consideren el ejemplo de este habitual juego de la economía informal.
Germán R.Pinto Perry, Departamento de Contabilidad y Auditoría Universidad de Santiago de Chile
Mucho se ha especulado sobre la necesidad que el SII emita normas que homologuen las normas tributarias a los criterios contables que imperarán a contar del 2009 en Chile para evitar desmedros en las empresas, pero este postulado desconoce las diametrales diferencias que existen y siempre han existido entre estos dos mundos
Mucha extrañeza me causan los anuncios apocalípticos que expertos tributarios han realizado ante las diferencias que se surgirán en la implementación de las normas internacionales de contabilidad (NIC), respecto de los criterios tributarios aplicados en la determinación de la renta líquida imponible (RLI) de los contribuyentes que llevan contabilidad completa. Me causa asombro, ya que siempre han existido estas discrepancias.
La contabilidad es una disciplina que abstrae los hechos económicos y los expone de una forma útil para realizar el proceso de toma de decisiones. En cambio, las instrucciones que están contenidas en la Ley de Impuesto a la Renta (LIR) establecen el resultado que determinará el tributo de categoría. Son dos realidades absolutamente distintas, pues la contabilidad recoge las motivaciones subjetivas del contribuyente – lo que podemos denominar como "motivación contable" –, los criterios financieros y fines económicos que están involucrados en las transacciones. En cambio, la LIR tiene por hecho gravado la generación de renta, que es todo ingreso que genera beneficio o utilidad por una cosa o actividad, y en general todo incremento de patrimonio devengado o percibido. Según la interpretación del SII, la renta implica un flujo a favor del sujeto, siendo éste el elemento fundamental para que exista tributación, no debiendo considerar estimaciones o recursos que aún no se han realizado jurídicamente.
Las NIC son las normas que en europeas recogen criterios nacidos de la dinámica de los negocios de empresas de esas latitudes, considerando mecanismos como el valor justo y el deterioro para valorizar sus cuentas. Estas prácticas no tienen el mismo origen de los principios que el legislador ha consagrado en el concepto de renta, situación que es obvia.
Las normas que se aplicarán contienen criterios más sofisticados que los aplicados en la actualidad. Según se ha manifestado, existirán "grandes" diferencias respecto al tratamiento tributario en materia de consolidación. Ante esto, sólo me resta decir que es evidente que en Chile tributan los contribuyentes que tienen un RUT en particular, lo que implica que cada empresa satisface su obligación tributaria por separado. En cambio, los principios contables conciben una entidad que suma todas las cuentas de las empresas en las cuales tiene participación, llegando a establecer que el único balance válido es el consolidado. Este criterio tiene plena validez en el campo de la toma de decisiones, pero no tiene cabida a la hora de cobrar impuestos. Esta discrepancia existe en la actualidad, motivo por el cual, la convergencia no generará mayores traumas.
Existen diferencias surgidas del deterioro, depreciación por componentes y no por unidad del activo fijo, leasing y lease back, valorización de existencias y otras relativas a la primera aplicación de las NIC que afectarán cuentas de patrimonio, que han sido expuestas como verdaderos abismos entre los valores contables y tributarios. Sin embargo, puedo decir que muchas de estas discrepancias existen en la actualidad. Creo que las nuevas normas contables tienen un nivel mayor de sofisticación, lo que demandará al contador preocuparse más en los cálculos que en el asiento, pero esta mayor prolijidad está en la Contabilidad y no en la tributación.
Los cálculos tributarios son relativamente sencillos y se pueden controlar con planillas electrónicas extracontables, pues no existe una "contabilidad tributaria". Las discrepancias no justifican un llamado al SII para homologar sus principios a los criterios de las NIC, pues implicaría una derogación de la LIR en su totalidad, dado que cambiarían los fundamentos de su hecho gravado.
Es por eso que considero que los llamados al SII para que emita normas para evitar una mayor carga de trabajo para los contadores, es simplemente no conocer que siempre ha existido una diferencia entre el mundo contable y el tributario, la cual puede convivir con la implantación de las NIC, como se ha llevado hasta ahora y que sus efectos sólo demandarán un mayor análisis en la contabilización del impuesto diferido.
Gonzalo Martner Académico Departamento de Administración Pública Universidad de Santiago de Chile
Si nada se quiere hacer, es porque nada se quiere hacer para disminuir la desigualdad. Terminemos con los dobles discursos, declarémoslo con claridad y entonces que cada cual asuma su responsabilidad.
Desde la reciente campaña presidencial se ha hablado mucho sobre la necesidad de redistribuir los ingresos. Incluso un ex candidato perdedor forma hoy parte de la comisión que fue creada por la Presidenta Michelle Bachelet para hacer proposiciones en esta materia. Venimos arrastrando una persistente desigualdad de ingresos desde que en la década de 1970 se produjeron gigantescas transferencias de activos (contrarreforma agraria, privatizaciones) en beneficio de una minoría poderosa vinculada con la dictadura militar. La globalización de los mercados y varias crisis hicieron lo suyo, más tarde, para acentuar la concentración del capital productivo y financiero.
La más reciente encuesta Casen, cuya presentación oficial resulta algo confusa en sus criterios, revela una mejoría en la desmedrada situación chilena que es digna de destacarse. La distribución del ingreso autónomo por habitante entre el 20% más rico y el 20% más pobre -es decir, medida sin las transferencias públicas distintas de las pensiones- era de 19,7 veces en 1990 y de 21,3 veces en 2003. Se reflejó a esa fecha un deterioro en la distribución del ingreso primario (el que emana de la actividad económica) fruto del mal manejo de la crisis asiática y de sus efectos prolongados en el desempleo en nuestro país. Pero la buena noticia es que esta relación disminuyó a 19,3 veces en 2006.
La distribución del ingreso monetario o disponible entre el 20% más rico y el 20% más pobre -es decir, el ingreso que en definitiva está en manos de los chilenos- era de 18,4 veces en 1990 y de 18,9 veces en 2003. Estas cifras muy similares contrastaron con las del ingreso autónomo y reflejaron el buen impacto de una cierta focalización y expansión de los programas de transferencias monetarias. Aquí, de nuevo, la buena noticia es que esta relación disminuyó de manera importante a 16,5 veces en 2006, reflejando, probablemente, la mejoría en el empleo y en las transferencias a los más desfavorecidos.
No obstante, esta cifra sigue dejando al desnudo la enorme brecha de ingresos que todavía persiste (para no hablar de aquella en la posesión de activos productivos, que es aún mucho mayor). Cuando las cifras oficiales morigeran este dato sin considerar los ingresos por habitante (que es la variable pertinente, pues las familias más pobres son más numerosas y el mismo ingreso tiene que alimentar más bocas) o bien introduciendo de modo sólo parcial algunos gastos y recaudaciones públicas, equivocan el camino. La realidad hay que enfrentarla desnuda para poder actuar sobre ella y modificarla.
Hagamos un ejercicio simple con los datos de la Casen 2006: si por la vía tributaria y mediante subsidio directo se redistribuyera adicionalmente 5% del ingreso monetario disponible por habitante de los que pertenecen al 20% más rico hacia los que pertenecen al 20% más pobre, la relación entre sus ingresos promedio pasaría de las 16,5 veces mencionadas a 8,6 veces, es decir una cifra como la de EEUU (aunque este país no es de los más igualitarios si consideramos las 3,8 veces de Finlandia y Japón y las cuatro veces de Noruega y de Suecia).
En dinámica, este tipo de redistribución (que debiera organizarse desde los muy ricos a los que no tienen capacidad de ganarse la vida -niños, ancianos, discapacitados- o posibilidades de hacerlo debido a que están desempleados o enfermos) según los liberales plantearía un problema de incentivos que disminuiría el crecimiento. Esto no está probado en absoluto más que en sus dogmas, y debe dejar de ser un obstáculo mental, que es el que básicamente nos impide avanzar a una sociedad más igualitaria. La resignación es el mal nacional por excelencia de esta época de pragmatismos y dogmatismos mediocres.
Lo que nadie objetaría, pues no admite ningún problema de incentivos, es crear un fondo de redistribución de una parte de los excedentes del cobre que gastara sus intereses sólo para este fin, simplemente porque se declara prioridad nacional atacar directamente la desigualdad. A los fondos de estabilización y de reservas de pensiones ya creados por la Ley de Responsabilidad Fiscal, se podría agregar este fondo de redistribución en una ley de responsabilidad social, voluntad política mediante. El precio del cobre todavía más alto a lo previsto podría alimentarlo de modo significativo, en especial si se modifica el royalty que resultó ínfimo ante las increíbles ganancias que acumulan las mineras privadas con un recurso que es de todos los chilenos.
Si nada se quiere hacer en esta materia, es porque nada se quiere hacer para disminuir la desigualdad. Y, en ese caso, terminemos con los dobles discursos, declarémoslo con claridad y entonces que cada cual asuma su responsabilidad frente a la oportunidad histórica que se nos presenta con la prolongación de la bonanza del cobre.