Germán R.Pinto Perry
Departamento de Contabilidad y Auditoría
Universidad de Santiago de Chile
Muchos contribuyentes se ven frustrados por la demora y hasta negativa de la autoridad fiscal de devolver sus "impuestos" productos de la Operación Renta que acabamos de terminar, debido a problemas con los agentes retenedores y no por errores o situaciones imputables a los contribuyentes.
Es muy común escuchar que en abril se hace la declaración para que "devuelvan impuestos". Este tema ya lo he desarrollado en esta misma Columna Tributaria, indicando que en realidad no nos devuelven impuestos. En efecto, el caso más recurrente es el relacionado con las personas naturales que realizan prestaciones de servicios que son documentadas con boletas de honorarios. Estas remuneraciones deben sufrir una retención del 10% que deberá enterar en arcas fiscales el beneficiario del servicio cuando éste es una persona jurídica o que está obligado a llevar contabilidad completa. En este caso, es la "empresa" la que debe retener la suma indicada a más tardar el día 12 del mes siguiente de cuando realizó el pago de honorario.
Además de esa obligación tributaria accesoria, el retenedor debe en el mes de abril enviar una declaración jurada, la número 1879, al Servicio de Impuestos Internos (SII) indicando a todas las personas a las cuales realizó el pago de honorarios y las respectivas retenciones. En este documento se vinculan los RUT de los prestadores con el pago realizado y permite al organismo fiscalizador preparar la "propuesta de declaración" que ofrece en abril de cada año a los contribuyentes, y que a algunos causa mucha sorpresa, a otros susto y temor, pero para la gran mayoría representa un alivio porque simplifica significativamente el proceso de declaración. Sin embargo, esta propuesta está influencia por la información que el retenedor realizó y no es una declaración que fehacientemente muestra las verdaderas rentas pagadas.
Pensemos en una situación, de las muchas que me tocó conocer en este proceso de declaración, en donde a la persona natural se le pagó el noventa por ciento de su honorario (recordemos que el 10% se retiene y se paga al Fisco), pero que la empresa no realizó el pago en el mes siguiente. Este hecho implica que el prestador recibió menos dinero por su servicio y la autoridad fiscal no percibió la retención pertinente. Después, en marzo del año siguiente, el SII tendrá una información distorsionada de la realidad para preparar su propuesta. En este caso, la persona que realizó el servicio tendrá el problema de ver en su declaración propuesta, que el organismo fiscalizador le muestra menos rentas a declarar, debiendo, si actúa correctamente, corregirla e incluir el honorario no informado. Sin embargo, este hecho generará una evidente e inmediata incoherencia entre su declaración y la información que se entregó a través de la Declaración Jurada 1879, que redundará en la observación de la declaración del contribuyente y la consiguiente demora en la emisión del "cheque" con los "impuestos", ya que será menester notificar al sujeto, someterlo a una fiscalización y luego de haber satisfecho al funcionario en los requerimientos, amén del hecho de notificar a la empresa retenedora y obligarla a pagar lo no retenido, se percibirá la tan anhelada devolución de tributos.
Otro problema, aún más recurrente, es el generado por el envío erróneo de la Declaración Jurada 1879. Pensemos una empresa que ha contratado a honorarios a un número muy importante de personas. En marzo deberá informar todos los RUT de estos sujetos, cuyo ingreso al sistema no está exento de algún yerro humano en su digitación. Si así fuere, es muy probable que más de alguna propuesta de declaración no se ofrezca al contribuyente o que esté falta de algún dato.
Esta situación anómala puede ser detectada en la propuesta de declaración o por el mismo SII durante el mes de abril y "observar" la declaración jurada. Cuando ocurre esta observación, también se objeta la declaración del prestador de servicios, quien evidentemente, no tuvo concurso por el error acaecido, pero sufriendo la rémora en la percepción de sus fondos.
Los hechos que menciono son los detalles que pueden empañar el proceso de cumplimiento del común de los contribuyentes que esperan con ansias la recepción de la parte de sus honorarios que innecesariamente se efectúan y que limitan la liquidez que desean tener de sus fondos. Son hechos que resultan inevitables y que al final son consecuencia de un proceso de fiscalización eficiente que el SII quiere hacer. Pero en este ejercicio surgen situaciones que generan frustración al común de las personas que sólo esperan recibir la famosa "devolución de impuestos".
Hace pocos días el tema de modernizar la gestión de Codelco se ha puesto nuevamente en la discusión pública. La verdad que este no es un tema nuevo y los cambios no son sólo necesarios en Codelco, sino en todas las empresas públicas. En el pasado, sin embargo, no hubo consenso político para avanzar sobre el problema. Hoy la situación es algo mejor: está ingresado a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica los gobiernos corporativos de las empresas del Estado y de aquellas en que este tiene participación. Asimismo existe un proyecto de ley para modificar el gobierno corporativo de Codelco. 
"Los recientes hechos lamentables ocurridos en la UTEM y en la U. La República, dejan al descubierto que el marco regulatorio que gobierna a la educación superior sigue siendo muy precario. Cuando está envuelta la fe pública, con presencia de altas inversiones de las familias (aranceles relativamente altos) y con difíciles costos de salida, es necesaria una nueva hoja de ruta para los modelos educacionales imperantes. La UTEM subcontrató la venta de carreras de pregrado (lo que agravó su "No Acreditación"), sin tener un mayor control sobre su oferta académica. En la lógica de allegar recursos (y así "ser eficientes"), estuvo en el límite de las leyes sobre las cuales el derecho público asigna espacio para actuar. No puede delegar en un tercero su misión. En el caso de la Universidad la República, la inexistencia de balances auditados del proyecto educacional, hacía imposible predecir el abismo al cual se enfrentan hoy estudiantes, administrativos y académicos. No puede el mercado, sin contrapesos, (en ambos casos), ser el factor igualizante sobre el cual descansa la acción de las universidades en su integridad. La acción correctora de la autoridad para fortalecer las universidades del Estado a cambio de cumplimientos de desempeños de gestión y académicos, debe ir acompañada de mayor transparencia en la toma de decisiones empresariales de universidades privadas. Sólo así las familias y alumnos en justicia, podrán decidir en que modelo educativo desean educar a sus hijos"
El vuelco conceptual a producir es que debe constatarse que el gasto más rentable es el preventivo, desde la maternidad y la infancia temprana, antes que el paliativo de reinserción desde la marginalidad. La Comisión Presidencial sobre Trabajo y Equidad ha entregado un informe que tiene varios méritos. No buscó un consenso artificial, sino que expuso de forma abierta las divergencias para su resolución por la esfera política, donde deben tratarse estos temas en democracia. Realizó un gran trabajo de recopilación de opciones y expuso algunos consensos importantes. Éstos dejan, sin embargo, una sensación poco sustanciosa para acometer la tarea principal: reducir las desigualdades en Chile. Es de lamentar que la mayoría de los consejeros, expresando las voces de derecha, no hayan aceptado la opinión de otros de ellos en el sentido de recomendar establecer metas de reducción de las disparidades de ingreso y de oportunidades en nuestra sociedad, así como umbrales garantizados tipo AUGE.En Chile se aceptan metas de inflación, pero no de equidad. Se exigen garantías a la propiedad del capital, pero no garantías de medios mínimos de subsistencia. Así va el país de las más bajas tasas de riesgo financiero y las más altas tasas de desigualdad. Así va la mayoría de sus elites, que por interés pecuniario y/o convicción neoliberal, a veces de reciente data, han abandonado la búsqueda de grados decentes de justicia social. Esto se refleja en varias consideraciones criticables. Afirma la comisión que los niveles de desigualdad varían muy poco en el tiempo ("esto es algo que se repite en todos los países") y que en forma simultánea dependen de la intensidad de las políticas sociales: ¿no bastaría entonces con hacerlas más intensas? Más allá de la contradicción, cabe subrayar que las desigualdades pueden variar, incluso de modo dramático en períodos breves. En las últimas dos décadas, como lo reseña el FMI en su más reciente World Economic Outlook sobre el tema, la desigualdad en las grandes zonas del mundo ha aumentado en el Asia en desarrollo, en la Europa emergente, en América Latina y en las economías avanzadas, pero ha disminuido, en algunos casos de manera sustancial, en el ífrica subsahariana, en Rusia y los ex países del Este. Digno de mención es que la desigualdad ha disminuido también en Brasil y México, aunque desde niveles muy altos, y en el sudeste asiático se ha mantenido en bajos niveles, mientras entre los países industrializados ha disminuido en Francia. Como se observa, la clave aún está en las opciones de sociedad que las democracias modernas procesan y no en una imposibilidad que la evidencia disponible no muestra y en la que pertinazmente se nos quiere hacer creer. Asumir esa clave supone partir por no seguir empleando el lenguaje neoliberal de crítica al "asistencialismo y la dependencia", como si no fuera legítimo que los niños, los discapacitados, las personas de edad y aquellos en dificultad sean asistidas como lo merecen. La única dependencia intolerable es la de los que deben aceptar cualquier cosa porque no tienen medios para subsistir y dependen de lo que encuentren disponible para no sufrir graves privaciones. El vuelco conceptual a producir es que debe constatarse que el gasto más rentable es el preventivo, desde la maternidad y la infancia temprana, antes que el paliativo de reinserción desde la marginalidad, cuando no desde la infracción de la ley. Es allí donde debe darse prioridad a nuevas metas.Insiste el informe, por otro lado, en validar cálculos de desigualdad que no incluyen los ingresos disponibles por habitante, lo que toda la metodología internacional recomienda hacer, y de esa manera la subestima. Pero lo más importante es que bien calculada ha disminuido recientemente (para 2006 el ingreso disponible del 20% más rico es 16,5 veces mayor que el ingreso del 20% más pobre, contra 18,4 veces en 1990), mientras mantiene cálculos incompletos del Ministerio de Planificación sobre la incidencia del gasto e ingresos públicos que no se avienen con estudios más rigurosos sobre el tema (como el de Engel, Galetovic y otros) y que cabría corregir con urgencia.Lo que cabe ahora es sobre todo apurar el tranco. Usando los datos de la última encuesta Casen, si por la vía de hacer más amplio y progresivo el sistema de tributación-gasto público (que simplificando mucho es el método más eficiente en el corto plazo para disminuir las desigualdades de ingreso), se redistribuyera 5% adicional del ingreso disponible del 20% más rico, la relación pasaría a la mitad, es decir a 8,6 veces. Éste ya es un nivel parecido a la media de las democracias industriales o de los países del sudeste asiático, aunque aún muy superior al de cuatro veces de las socialdemocracias nórdicas o de Japón.Las propuestas de la comisión en esta materia son tímidas (destaca un subsidio a los salarios bajos) y de aplicarse no incidirían sino de forma marginal en la desigualdad de ingresos, pero van en la buena dirección. Tímidas son también las propuestas laborales y las ambiciones desarrollistas, esenciales para reequilibrar la relación capital-trabajo y aumentar la prosperidad colectiva, y que se limitan a buenas proposiciones sobre corrección de las fallas de mercado en el financiamiento de las empresas pequeñas.
Cuando las empresas se dieron cuenta que les era más rentable invertir en mantener sus actuales clientes, que conseguir nuevos, dieron origen al nacimiento del CRM (Customer Relationship Management), gestionando la relación tecnológicamente con los clientes a través de la utilización de bases de datos, entendiendo sus necesidades y preferencias individuales, es decir, segmentando al cliente. De esta manera, desarrolla estrategias diferentes para cada uno de ellos, dando más a aquellos que la empresa juzga lo merecen. Todo lo anterior, tiene una lógica. De esto se deriva la gran penetración que este tipo de sistemas ha tenido. Sin embargo, si leemos el libro "Not for bread alone" de Matsushita, él señala algo distinto, que amerita una reflexión. "Los clientes adinerados como aquellos que no lo son, tienen similares percepciones de aquellos productos/servicios que brindan calidad y status. Pero los primeros concurren a su tienda por rutina, por lo que si de verdad quiero crecer, debo focalizar los esfuerzos en los segundos." Matsushita explica, que el consumidor más humilde, estará feliz, que aunque sea de una gama diferente, estará orgulloso del producto y será una caja de resonancia en ese segmento, provocando el deseo de compra.