FAE en Prensa

IFRS v/s SII Una Guerra de "Dos" Mundos

Germán R.Pinto Perry, Departamento de Contabilidad y Auditoría
Universidad de Santiago de Chile

Mucho se ha especulado sobre la necesidad que el SII emita normas que homologuen las normas tributarias a los criterios contables que imperarán a contar del 2009 en Chile para evitar desmedros en las empresas, pero este postulado desconoce las diametrales diferencias que existen y siempre han existido entre estos dos mundos

Mucha extrañeza me causan los anuncios apocalípticos que expertos tributarios han realizado ante las diferencias que se surgirán en la implementación de las normas internacionales de contabilidad (NIC), respecto de los criterios tributarios aplicados en la determinación de la renta líquida imponible (RLI) de los contribuyentes que llevan contabilidad completa. Me causa asombro, ya que siempre han existido estas discrepancias.

La contabilidad es una disciplina que abstrae los hechos económicos y los expone de una forma útil para realizar el proceso de toma de decisiones. En cambio, las instrucciones que están contenidas en la Ley de Impuesto a la Renta (LIR) establecen el resultado que determinará el tributo de categoría. Son dos realidades absolutamente distintas, pues la contabilidad recoge las motivaciones subjetivas del contribuyente – lo que podemos denominar como "motivación contable" –, los criterios financieros y fines económicos que están involucrados en las transacciones. En cambio, la LIR tiene por hecho gravado la generación de renta, que es todo ingreso que genera beneficio o utilidad por una cosa o actividad, y en general todo incremento de patrimonio devengado o percibido. Según la interpretación del SII, la renta implica un flujo a favor del sujeto, siendo éste el elemento fundamental para que exista tributación, no debiendo considerar estimaciones o recursos que aún no se han realizado jurídicamente.

Las NIC son las normas que en europeas recogen criterios nacidos de la dinámica de los negocios de empresas de esas latitudes, considerando mecanismos como el valor justo y el deterioro para valorizar sus cuentas. Estas prácticas no tienen el mismo origen de los principios que el legislador ha consagrado en el concepto de renta, situación que es obvia.

Las normas que se aplicarán contienen criterios más sofisticados que los aplicados en la actualidad. Según se ha manifestado, existirán "grandes" diferencias respecto al tratamiento tributario en materia de consolidación. Ante esto, sólo me resta decir que es evidente que en Chile tributan los contribuyentes que tienen un RUT en particular, lo que implica que cada empresa satisface su obligación tributaria por separado. En cambio, los principios contables conciben una entidad que suma todas las cuentas de las empresas en las cuales tiene participación, llegando a establecer que el único balance válido es el consolidado. Este criterio tiene plena validez en el campo de la toma de decisiones, pero no tiene cabida a la hora de cobrar impuestos. Esta discrepancia existe en la actualidad, motivo por el cual, la convergencia no generará mayores traumas.

Existen diferencias surgidas del deterioro, depreciación por componentes y no por unidad del activo fijo, leasing y lease back, valorización de existencias y otras relativas a la primera aplicación de las NIC que afectarán cuentas de patrimonio, que han sido expuestas como verdaderos abismos entre los valores contables y tributarios. Sin embargo, puedo decir que muchas de estas discrepancias existen en la actualidad. Creo que las nuevas normas contables tienen un nivel mayor de sofisticación, lo que demandará al contador preocuparse más en los cálculos que en el asiento, pero esta mayor prolijidad está en la Contabilidad y no en la tributación.

Los cálculos tributarios son relativamente sencillos y se pueden controlar con planillas electrónicas extracontables, pues no existe una "contabilidad tributaria". Las discrepancias no justifican un llamado al SII para homologar sus principios a los criterios de las NIC, pues implicaría una derogación de la LIR en su totalidad, dado que cambiarían los fundamentos de su hecho gravado.

Es por eso que considero que los llamados al SII para que emita normas para evitar una mayor carga de trabajo para los contadores, es simplemente no conocer que siempre ha existido una diferencia entre el mundo contable y el tributario, la cual puede convivir con la implantación de las NIC, como se ha llevado hasta ahora y que sus efectos sólo demandarán un mayor análisis en la contabilización del impuesto diferido.

La Reducción de la Desigualdad

Gonzalo Martner
Académico Departamento de Administración Pública
Universidad de Santiago de Chile

Si nada se quiere hacer, es porque nada se quiere hacer para disminuir la desigualdad. Terminemos con los dobles discursos, declarémoslo con claridad y entonces que cada cual asuma su responsabilidad.

Desde la reciente campaña presidencial se ha hablado mucho sobre la necesidad de redistribuir los ingresos. Incluso un ex candidato perdedor forma hoy parte de la comisión que fue creada por la Presidenta Michelle Bachelet para hacer proposiciones en esta materia. Venimos arrastrando una persistente desigualdad de ingresos desde que en la década de 1970 se produjeron gigantescas transferencias de activos (contrarreforma agraria, privatizaciones) en beneficio de una minoría poderosa vinculada con la dictadura militar. La globalización de los mercados y varias crisis hicieron lo suyo, más tarde, para acentuar la concentración del capital productivo y financiero.

La más reciente encuesta Casen, cuya presentación oficial resulta algo confusa en sus criterios, revela una mejoría en la desmedrada situación chilena que es digna de destacarse. La distribución del ingreso autónomo por habitante entre el 20% más rico y el 20% más pobre -es decir, medida sin las transferencias públicas distintas de las pensiones- era de 19,7 veces en 1990 y de 21,3 veces en 2003. Se reflejó a esa fecha un deterioro en la distribución del ingreso primario (el que emana de la actividad económica) fruto del mal manejo de la crisis asiática y de sus efectos prolongados en el desempleo en nuestro país. Pero la buena noticia es que esta relación disminuyó a 19,3 veces en 2006.

La distribución del ingreso monetario o disponible entre el 20% más rico y el 20% más pobre -es decir, el ingreso que en definitiva está en manos de los chilenos- era de 18,4 veces en 1990 y de 18,9 veces en 2003. Estas cifras muy similares contrastaron con las del ingreso autónomo y reflejaron el buen impacto de una cierta focalización y expansión de los programas de transferencias monetarias. Aquí, de nuevo, la buena noticia es que esta relación disminuyó de manera importante a 16,5 veces en 2006, reflejando, probablemente, la mejoría en el empleo y en las transferencias a los más desfavorecidos.

No obstante, esta cifra sigue dejando al desnudo la enorme brecha de ingresos que todavía persiste (para no hablar de aquella en la posesión de activos productivos, que es aún mucho mayor). Cuando las cifras oficiales morigeran este dato sin considerar los ingresos por habitante (que es la variable pertinente, pues las familias más pobres son más numerosas y el mismo ingreso tiene que alimentar más bocas) o bien introduciendo de modo sólo parcial algunos gastos y recaudaciones públicas, equivocan el camino. La realidad hay que enfrentarla desnuda para poder actuar sobre ella y modificarla.

Hagamos un ejercicio simple con los datos de la Casen 2006: si por la vía tributaria y mediante subsidio directo se redistribuyera adicionalmente 5% del ingreso monetario disponible por habitante de los que pertenecen al 20% más rico hacia los que pertenecen al 20% más pobre, la relación entre sus ingresos promedio pasaría de las 16,5 veces mencionadas a 8,6 veces, es decir una cifra como la de EEUU (aunque este país no es de los más igualitarios si consideramos las 3,8 veces de Finlandia y Japón y las cuatro veces de Noruega y de Suecia).

En dinámica, este tipo de redistribución (que debiera organizarse desde los muy ricos a los que no tienen capacidad de ganarse la vida -niños, ancianos, discapacitados- o posibilidades de hacerlo debido a que están desempleados o enfermos) según los liberales plantearía un problema de incentivos que disminuiría el crecimiento. Esto no está probado en absoluto más que en sus dogmas, y debe dejar de ser un obstáculo mental, que es el que básicamente nos impide avanzar a una sociedad más igualitaria. La resignación es el mal nacional por excelencia de esta época de pragmatismos y dogmatismos mediocres.

Lo que nadie objetaría, pues no admite ningún problema de incentivos, es crear un fondo de redistribución de una parte de los excedentes del cobre que gastara sus intereses sólo para este fin, simplemente porque se declara prioridad nacional atacar directamente la desigualdad. A los fondos de estabilización y de reservas de pensiones ya creados por la Ley de Responsabilidad Fiscal, se podría agregar este fondo de redistribución en una ley de responsabilidad social, voluntad política mediante. El precio del cobre todavía más alto a lo previsto podría alimentarlo de modo significativo, en especial si se modifica el royalty que resultó ínfimo ante las increíbles ganancias que acumulan las mineras privadas con un recurso que es de todos los chilenos.

Si nada se quiere hacer en esta materia, es porque nada se quiere hacer para disminuir la desigualdad. Y, en ese caso, terminemos con los dobles discursos, declarémoslo con claridad y entonces que cada cual asuma su responsabilidad frente a la oportunidad histórica que se nos presenta con la prolongación de la bonanza del cobre.

Vocación social de Administración Pública, destaca nuevo director

Dr. Pedro Ortega, nuevo director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE

Muy motivado y confiado en cumplir con las tareas que tiene por delante, se muestra el nuevo director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE, Dr. Pedro Ortega. El académico fue recientemente elegido y reemplaza al ex director subrogante de la unidad, profesor Gonzalo Martner. Expresa que "puedo apoyar mucho el desarrollo del departamento, por eso decidí postular al cargo".

Además, considera que es un gran desafío tomar las riendas de este departamento, pues "la carrera de Administración Pública de la Usach es muy bien vista entre sus pares, siendo la única que tiene cinco años de acreditación". Esta carrera es impartida por ocho universidades en el país y, según las propias palabras del Dr. Ortega, "se debe tener real vocación social para ejercerla y perfeccionarse constantemente".

En cuanto a sus primeras medidas en el cargo, el académico tiene tres áreas claramente definidas: mejorar el clima laboral; crear una mejor organización, instaurando líderes y generando programas; y desarrollar nuevos planes de crecimiento. Todo esto apunta a generar proyectos de investigación, asesorar técnicamente a instituciones externas y establecer un ambiente armonioso de trabajo, en el cual se pueda ser franco y "poder poner los puntos sobre la mesa".

Sostiene que la formación de los futuros administradores públicos es muy importante, existiendo dos aspectos fundamentales que se deben tomar en cuenta. En primer lugar, cree que actualmente se es "muy individualista en cualquier orden de cosas, lo que impide que se pueda desarrollar un buen trabajo de equipo" y estima que para enseñar esta carrera se debe tener experiencia laboral en el área, haber trabajado en organizaciones públicas o privadas. Agrega que espera "concretar la mayoría de estos proyectos en los próximos dos años, vinculados siempre a la contingencia nacional".  AI 

Gobiernos Corporativos

Francisco Castañeda, Académico
Departamento de Administración, Universidad de Santiago

Se señala que "el mercado premia a las empresas que voluntariamente tienen buenos gobiernos corporativos, y castiga a las que no lo tienen". Un precio de acción más alto o más bajo reflejaría esto. Sin embargo, surgen las siguientes interrogantes: (1) Cuando los fondos de pensiones en Chile tienen invertidos miles de millones de US$ en acciones y bonos de empresas domésticas, ¿habría que esperar la autorregulación de las empresas?. El caso Enron es emblemático: sus altos ejecutivos estaban en contra de la regulación del mercado. ((2) Dado que los controladores en Chile (grupos económicos) tienen un alto porcentaje en control de la propiedad de las empresas listadas en bolsa (sobre el 51%), esto es una externalidad negativa para los minoritarios (léase AFPs, la señora Juanita, etc). Claro está que hay factores de reputación que no los llevarán a licuar utilidades a través de partes relacionadas con el controlador, aunque, ¿depende de la renta en juego?; y un juicio legal  por transacciones a precios por debajo de los de mercado podría ser muy largo. (3) Las investigaciones demuestran un magro aporte de los directores a las empresas (Mc Kinsey – Icare, 2004). Esta calificación se debió entre otras a la carencia de directores independientes. La figura del director independiente (aquel que restando los votos del controlador, igualmente saldría elegido) contenida en el proyecto de gobiernos corporativos, mitiga, o aminora la externalidad del control excesivo de los mayoritarios. La pregunta de un accionista cualquiera no es, ¿cuánto gana por comprar cierta acción?...la pregunta relevante es cuanto más pudo ganar aquel inversionista....o cuanto dejó de ganar. Así el director independiente genera más transparencia en este mercado. Y la señora Juanita podría tener una mejor pensión".

Comisión investigadora del AUGE

René Fernández Montt
Académico, Departamento de Gestión y Políticas Públicas

En los últimos días la salud chilena y en particular el AUGE han estado en entredicho. Todo comenzó con la evaluación que hizo la Contraloría de esta reforma, luego se invitó a María Soledad Barría al Congreso y finalmente se ha aprobado una comisión investigadora del Plan AUGE. Debido a que el tiempo apremia y la comisión investigadora tiene sólo un mes, creo que es importante considerar a forma de introducción las conclusiones de un estudio publicado en la Revista Española de Economía de la Salud el año pasado.
En el artículo "¿GES o No GES? Ésa es la cuestión." se determinó la probabilidad de que un paciente opte por el sistema AUGE o GES, (donde el Estado de Chile, garantiza el acceso, la calidad, la oportunidad y la protección financiera para un número de patologías) para atender alguna de las patologías tipificadas en él. Por medio de Modelos Probit y Logit se determinó la incidencia de variables en la decisión final de acceder o rechazar la atención vía este criticado plan.
Como resultado se obtuvo que las patologías de alto costo, dentro de las que se encuentran los tratamientos oncológicos, tienen mayor probabilidad de ser atendidas vía AUGE. En cambio, las atenciones ambulatorias, como por ejemplo algunas afecciones respiratorias, donde los beneficios planteados en esta reforma no tienen una incidencia monetaria tan significativa, poseen una mayor probabilidad de ser atendidas vía plan individual o también llamada cuenta abierta.
Así, como aporte central a la salud pública de este estudio, tenemos que se observó un mayor nivel de aceptación al existir signos de un menor nivel socioeconómico en el paciente, es decir el AUGE no es para todos sino que en la mayoría de los casos para los más desposeídos, pues los más acomodados quedan en muchas oportunidades voluntariamente al margen de las garantías ofrecidas.
Una vez establecido el punto anterior, tenemos que otros estudios han dado señales claras en sentido de que se ha producido un aumento de los tiempos de espera de los pacientes que requieren atención a una patología tipificada como NO AUGE, lo que sería un efecto colateral de esta reforma y que afectaría ahora a los más desposeídos.
Concluyendo, tenemos que se estaba en condiciones de tolerar las alteraciones que el AUGE producía para los más acomodados e incluso para quienes no lo eran tanto, pero requerían atención para alguna patología tipificada como NO AUGE, con tal de cumplir en el acceso universal a las garantías explícitas para todas las patologías tipificadas. Es justamente por la suma de inconvenientes que ha provocado el AUGE que un porcentaje pequeño de incumplimiento debe considerarse grave.
El AUGE ciertamente es una gran reforma, que como gran parte de las políticas públicas es difícil de implementar y por ello se justifica la aprobación de la comisión investigadora, para avanzar en mejor forma.

Tipo de Cambio y Competitividad.

Guillermo Pattillo, Académico
Departamento de Economía, Universidad de Santiago

La evolución reciente de los mercados financieros ha tenido un efecto adicional en el nivel del tipo de cambio nominal del peso con el dólar. En estos días éste se encuentra en torno a $515 y no es esperable que suba en el corto plazo. Nuestras estimaciones son que en 2007 el tipo de cambio nominal promedio anual caiga 0,8% respecto a 2006. Normalmente cuando se observa una apreciación perdurable de la moneda nacional, comienzan también a hacerse frecuentes las quejas sectoriales por la supuesta pérdida general de competitividad que iría aparejada. Pero esta conexión que se hace entre competitividad y tipo de cambio nominal es errónea. Para entender por qué es importante recordar que la competitividad de una nación (si es que tal cosa puede definirse) está directamente ligada al nivel y variación de su productividad. Esta última, a su vez, depende de la innovación tecnológica, la institucionalidad de la economía y el ambiente micro y macroeconómico. El tipo de cambio nominal nada tiene que ver con esto. La variable relevante es el tipo de cambio real multilateral, el cual indica cómo evoluciona la razón entre los precios de los socios comerciales del país y los precios locales. Nuestra estimación es que el tipo de cambio real medio crecerá este año en 1,7% respecto a 2006, habrá caído 4% respecto a 2002 (cuando ocurre su peak) y crecido 13,3% respecto a 1999. Si consideramos el tipo de cambio real respecto a los cinco socios comerciales más relevantes de Chile, la caída respecto de 2002 será cercana a 8% y el aumento respecto de 1999 de 12%.

Lo anterior indica claramente que si usamos la variación del tipo de cambio real como proxy para la evolución de la competitividad, la situación hoy (y la proyectable a mediano plazo) no es particularmente difícil. Esto no significa, por supuesto, que actividades específicas no puedan tener problemas relevantes con la evolución de sus propias capacidades competitivas, pero el problema está localizado. El rol que cabe a la autoridad en este contexto no es respecto del tipo de cambio, sino de las condiciones regulatorias y de otro tipo que afectan el crecimiento de la productividad.

Tributación según el Origen y Domicilio de las Rentas

Prof. Germán R.Pinto Perry
Departamento de Contabilidad y Auditoría
Universidad de Santiago

La Ley de Impuesto a la Renta establece la tributación de las rentas de acuerdo al origen de su generación, como también de acuerdo al domicilio del contribuyente, determinado una carga tributaria que es necesario conocer para evitar sobre saltos.

La doctrina del Derecho Tributario reconoce la aplicación de determinados principios cuando se afecta con impuestos alguna renta. Al respecto se reconoce el principio del domicilio, de la fuente generadora y de la nacionalidad.

El primero establece que se debe tributar con los impuestos de un país, todas las rentas que generen los contribuyentes que tengan domicilio en su territorio, independientemente del lugar donde fueron generadas, ya sea en el país o en exterior. El segundo principio establece que es menester afectar todas las rentas que generaron los bienes ubicados en un país y las que surgieron de actividades efectuadas dentro de sus fronteras, sin importar el domicilio de los contribuyentes que las perciban o devenguen. El tercer principio establece que toda persona que tenga una nacionalidad, que es el vínculo jurídico que une a un sujeto con un estado determinado, puede ser contribuyente. Decimos "puede" porque si está en otro país, y no desea seguir contribuyendo en su patria, pierde el derecho a exigir que su Estado le otorgue beneficios como la asistencia, la defensa, la salud, etc. Para no terminar con estas prestaciones, el sujeto "debe" seguir pagando impuestos, sin importar si ya no vive en ese lugar.

Nuestra legislación tributaria no reconoce la calidad de nacionalidad para definir al contribuyente, sino que se concentra en el domicilio y la fuente. En efecto, el artículo 3 de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR) señala que "toda persona domiciliada o residente en Chile, pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la fuente de entradas esté situada dentro del país o fuera de él, y las personas no residentes en Chile estarán sujetas a impuesto sobre sus rentas cuya fuente esté dentro del país". El carácter de domiciliado no está definido en las leyes tributarias, debiendo aplicarse la norma de remisión al Derecho Común y aplicar la definición que sobre la materia está contenida en el artículo 59 del Código Civil. Esta disposición lo define como la residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en él. De esta forma, con la sola mención positiva de querer estar en un lugar de nuestro territorio, damos por nacimiento el domicilio. Sin embargo, no es suficiente este sólo hecho, ya que también es necesario demostrar la residencia, que pasa a ser la manifestación fáctica del domicilio, ya que el legislador entiende por tal, según lo establece el número 8 del artículo 8 del Código Tributario, como la permanencia en nuestro país por más de seis meses consecutivos en un año calendario o en dos años seguidos.

Estas menciones no dicen relación con la nacionalidad, entendiendo de esta forma que no es importante es vínculo jurídico para ser contribuyente en Chile, sino que sólo importa el tiempo que el sujeto ha permanecido en nuestro país para tener que tributar por todas las rentas generadas de forma interna o externa a nuestra frontera. Esto ha sido llamado la tributación por renta mundial.
 
De todo lo anterior se colige que un chileno (con nacionalidad chilena) se ausenta del país por un periodo prolongado, pierde la calidad de contribuyente, no debiendo tributar por las rentas de fuentes extranjeras, pero sí por las eventuales rentas nacionales generadas.
 
Existe una sola mención a la importancia de la nacionalidad en nuestra legislación, y está en el segundo inciso del artículo 3 de la LIR, que señala que el "extranjero", haciendo alusión a los que no tienen nuestra nacionalidad, que adquieran domicilio y residencia en nuestro país, sólo tributarán por las rentas de fuente chileno y no por la extranjera por un lapso de tres años. A contrario sensu, cuando sea un chileno que ha vivido largo tiempo en el extranjero, perdiendo el domicilio y residencia en Chile, y decide volver a nuestro país, deberá tributar por la renta mundial a contar del séptimo mes de su nueva permanencia continua.

Como podemos apreciar, a la hora de saber si se tributa en nuestro país  por las rentas de uno u otro origen, es imperioso reconocer el carácter del contribuyente, atendiendo a si ha permanecido un tiempo considerable o no en Chile, amén del hecho de respetar sólo para los extranjeros, un periodo de tres años para que sólo tributen por las rentas nacionales.