Circulares 24 y 34 sobre Créditos Incobrables:
El Fin de Un Dolor de Cabeza para los Contribuyentes


Profesor Germán R. Pinto Perry
Departamento de Contabilidad y Auditoría
Universidad de Santiago

En abril y en junio recién pasado, se emitieron sendas circulares 24 y 34 sobre el tratamiento que el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha definido para el castigo de los créditos incobrables, actualizando sus criterios y dejando de lado políticas de fiscalización que generaban grandes problemas a los contribuyentes.

Una cuenta incobrable es aquella sobre la cual un comerciante duda que pueda ser cobrada, o simplemente, ya no hay esperanzas para su pago. Este hecho es evidente en toda entidad que permita algún tiempo de gracia a sus clientes, para cumplir con sus obligaciones. Lo anterior puede generar pérdidas que son reflejadas a través de estimaciones por deudores incobrables (EDI) que la teoría contable efectúa según el principio de criterio conservador o, como está señalado en el nuevo Marco Conceptual de la Contabilidad, que está en difusión por el Colegio de Contadores de Chile A.G., criterio prudencial.

Sin embargo, esta estimación no es aceptada por el legislador tributario como un gasto necesario para producir la renta, pues en el número 4 del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), se señala que sólo es posible castigar una cuenta por cobrar y, por ende, no se puede estimar o aprovisionar su cuantía, cuando "hayan agotado prudencialmente los medios de cobro". Este carácter prudencial había sido interpretado por el SII en su Circular 13 de 1979, como la constatación de cuatro requisitos: que provengan de operaciones que generan renta afecta a Primera Categoría; que realmente sean incobrables, hecho que sólo se constata en el caso de "quiebras, fallecimientos sin haber dejado bienes, rebajas en virtud de convenios judiciales, etc"; el castigo debe ser el año en declaración y que se deje constancia en los libros de la operación, para tener antecedentes vinculantes ante una eventual y futura recuperación del crédito. Sin duda que estas disposiciones generaban muchos problemas para los contribuyentes, amén del hecho que la fiscalización operativa no aceptaba antecedentes como las cartas de abogados que habían realizado gestiones para el cobro, pero que consideraban inoportuna su recuperación.

Con las circulares que se comentan, el organismo fiscalizador facilitó la función de los tribunales que recibían gran número de demandas, que no seguían su curso ante el desistimiento de los acreedores, ya que éstos sólo querían evidenciar que habían empezado gestiones judiciales.

Estas normativas especifican sólo tres requisitos fundamentales relativos a los créditos: "que provengan de operaciones relacionadas con el giro del negocio, que el castigo de dichos créditos incobrables haya sido contabilizado oportunamente, y que respecto de ellos se hayan agotado prudencialmente los  medios de cobro". Respecto a este último requisito, se innovó señalando criterios claros y precisos de acuerdo al monto de las cuentas. En efecto, cuando se traten de cuentas por cobrar, que no superen 10 Unidades de Fomento (UF), es posible castigarla cuando no se ha mantenido otras relaciones comerciantes con el cliente en mora, cuando se demuestre que se ha comunicado con el deudor, y se le ha impelido al pago y cuando se demuestre gestiones de cobranza obligada, como su publicación en boletines informativos. Cuando se trate de deudas entre 10 y 50 UF, no estén prescritas, se demuestre la cobranza extrajudicial, aplicar políticas de cobranzas oficiales, haber cesado en las relaciones comerciales con el deudor. Finalmente, existe un tramo de deudas que superan las 50 UF, en cuyo caso, hay que demostrar gestiones formales de cobranza judicial.

La Circular 34 está dedicada, exclusivamente, a empresas de suministros de servicios domiciliarios, para las cuales, ha señalado criterios que permiten el castigo de acuerdo a la naturaleza del servicio.

Un elemento que ha demostrado el espíritu que ahora tiene el SII, y que evidencia el respeto al principio general de la buena fe de los contribuyentes, es que se ha marginado del impuesto de castigo del inciso tercero del artículo 21 de la LIR, que afecta con una tasa del 35%, los castigos que se realizan sin cumplir los requisitos que se han señalado. En otros tiempos, a los bancos se les aplicó esta tributación, y fue menester resolver las controversias en los tribunales superiores de justicia.

Con las circulares que comento en esta oportunidad, el organismo fiscalizador evidencia la aplicación de criterios modernos y transparentes, que facilitan el cumplimiento tributario de los contribuyentes.

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Por Francisco Castañeda
Académico Usach
 
"Es necesario que las deudas de los chilenos estén unificadas en una sola base de datos. El argumento de que así los bancos podrán endeudar más a los chilenos tiene su contrapeso en la constitución de provisiones (equivalente a una reducción en el patrimonio de los bancos); esto es un castigo por efectuar créditos inciertos. La industria del retail argumenta que no hay riesgo sistémico en sus créditos porque son realizados en base al patrimonio de sus socios. Pero un cliente altamente endeudado con la industria del retail no podrá cancelar a tiempo sus deudas bancarias; y si a esto se adiciona un estrato medio-bajo fuertemente endeudado, sí tenemos un impacto en la estabilidad del sistema ante un endeudamiento excesivo. No compartir las bases de datos es un juego del tipo "dilema del prisionero"; ambas industrias terminarán en el mediano plazo con carteras vencidas y altas morosidades dañando la apuesta de largo plazo de inversionistas en esta industria. En el corto plazo, podrían haber eventuales beneficios de no compartir la información de endeudamiento, especialmente para  el retail, pero esto tiene un techo. Una desaceleración brusca de la economía podría ser perjudicial para este sector. Para que el mercado opere, no deben existir asimetrías de información, ni feudalismos informativos. El bien común está sobre el bien de determinada industria".

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Guillermo Patillo
Académico Departamento de Economía
Universidad de Santiago de Chile

Hoy, tras conocerse los resultados de US$7 mil millones de superávit fiscal existente, para el primer trimestre de este año, entregados por el Director de Presupuestos, se consultó al economista y académico, de la Facultad de Administración y Economía, de la Universidad de Santiago de Chile, Guillermo Patillo. En palabras de Patillo, "si bien constituye un ahorro importante, esto no quiere decir que al fisco no se le pueda pedir más para colaborar en la coyuntura actual".   

- ¿Que significa en términos macro este superávit de US $7 mil millones para el país?
- La política fiscal chilena se conduce, desde el año 2001, sobre la base de una regla, en extremo importante, consistente en un gran avance en la conducción macroeconómica, el superávit estructural. Eso significa que, en síntesis, el fisco gasta los recursos que son compatibles para generar, año a año, un superávit estructural que, en este momento, es de un 0,5% del producto. Esto significa que, los ingresos que son extraordinarios, es decir, los schoks -positivos y negativos sobre los ingresos del fisco-, no se van a gasto, sino que a ahorro. Eso es lo que refleja el superávit de US$ 7 mil millones. 

En breve, es el reflejo de una conducción seria de la política fiscal, que ha sido un gran aporte al país. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista más que no se le pueda pedir al fisco para colaborar en la coyuntura actual, en que la inflación esta más lejos de lo esperado, y en que la perspectivas, para el año 2009, no son particularmente buenas.

- ¿Cómo puede este ahorro afectar a las personas en su diario vivir?
- Este superávit es un ahorro que el fisco hace, que implica, a su vez, que cuando estemos en la fase baja del ciclo, se puede gastar más de lo que te permiten los ingresos directos de ese momento. Por lo tanto, el impacto sobre el bienestar, en el mediano y largo plazo, va en poder sostener políticas fiscales contra cíclicas eficientes, y en ese aspecto, un componente muy relevante, es el gasto orientado a la gente más pobre, que son quienes sufren todo este impacto.

Por tanto, todo este esfuerzo de ahorro, que se hace en las etapas buenas, y se va a des ahorrar en las malas, lo que finalmente logra, es mejorar las transferencias que se hacen a los sectores que lo requieren con más fuerza, y mantener una política fiscal más sana, lo que se traduce en un riesgo país más bajo, que conlleva bienestar para todo el mundo.  

- Se avecina un año 2009 más complicado. ¿Cómo podría influir, o ser visto, este ahorro de mejoría a futuro?
- El próximo año, lo que se le pide al fisco es, básicamente, moderar el crecimiento de sus gastos. Va a ser un año complicado, porque el crecimiento ha sido algo superior a éste, pero no muy superior. Todavía, a la economía la vamos a ver en tasas de crecimiento menores al 5%. Si se pudiese poner un rango hoy, sería entre 4 y 4,5 en Chile. Pero, la inflación, a fines de 2009, va a estar en doce meses, en el orden del 4,5, o sea, todavía por arriba de la meta, descendiendo gradualmente a lo largo del año, aunque por encima aún. 

Por lo tanto, la mayor contribución que puede hacer el fisco, para la estabilidad macro global, es: continuar la regla que lleva hace mucho tiempo, y que nadie duda; pero, ojalá hacer un esfuerzo adicional que signifique, esencialmente, moderar el crecimiento del gasto corriente a crecimiento de producto potencial, o menos que eso, al orden del 4%. No es muy probable, pero mientras más se modere, mayor será el superávit y el ahorro. 

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Francisco Castañeda
Académico Usach

Las pérdidas millonarias de la crisis subprime, tanto en USA, y globalmente, tienen en común la existencia de un alto apetito por el riesgo de las instituciones financieras. Se subvaluaron los riesgos de crédito y financieros, debido a una baja tasa de interés a nivel global y a un entorno regulatorio débil para la securitización de las hipotecas subprime. Estaba ya el precedente del rescate de "Long Term Capital Management"
por la reserva Federal. Este era un hedge fund global, operando con altísimo leverage financiero, que quiebra por tomar posiciones agresivas, sin cumplirse las correlaciones estáticas de diversificación de instrumentos que predice la teoría de portafolios. Así es que actualmente, "Fanny Mae" y "Freddie Mac", corporaciones de préstamos hipotecarios en USA, envueltas en una crisis profunda, están a la espera del rescate de la Fed. El riesgo moral (moral Hazard), esto es el traspaso de riesgo (esperando al prestamista de última instancia) sin compensación económica alguna, no es una política pública financiera sana a seguir. No se estabilizará el sistema financiero, y esto creará más incentivos a incrementar los riesgos en el futuro. La "disciplina de mercado" en mercados con riesgo sistémico debe operar, de otra forma los contribuyentes terminaran pagando el que los inversionistas financieros ex-ante no puedan poner el precio óptimo a los recursos.

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Sergio López Bohle
Académico del Departamento de Administración
Universidad de Santiago

La decisión de mantener el "gasto" o "inversión" hacia la RSE está inserta en la esencia de la gestión; el arte de elegir. Los comportamientos reactivos, proactivos y dubitativos dependerán de la visión costo-beneficio existente a nivel gerencial.

En este sentido, en las crisis abundan las expectativas negativas que sobrevaloran costos, subvaloran beneficios y donde se privilegia una visión conservadora. Sin embargo, otros liderazgos visionarios, ven la RSE como una oportunidad de negocios, un elemento diferenciador y fortalecedor de la competitividad de las empresas.

A su vez, la existencia de un ciclo negativo, permite evaluar el grado de compromiso hacia la RSE y ver los distintos niveles de acción de las compañías. De alguna forma, podremos ser jueces y descubrir la distancia real entre lo declarado versus lo realizado.

Por otra parte, existen fuerzas externas como los grupos de interés, los que demandarán y presionarán con distinta fuerza en cada una de las industrias y áreas de acción de la RSE. Esto ejercerá un estímulo para mantener, incrementar o disminuir "ciertas inversiones" en las compañías. Esto es fundamental dado que estos grupos determinan la rentabilidad y el éxito corporativo.

Finalmente, un dilema consistirá en el rol que realizarán las PYME, importante sector en la economía donde este tema es emergente, altamente vulnerable y donde existen problemas de supervivencia que cuestionan fuertemente las actividades dirigidas a activos intangibles o de largo plazo.

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Francisco Castañeda
Académico Usach

La coyuntura actual genera señales disonantes. Es claro que una moderación del gasto público (¡sin afectar los programas sociales!) permitirá no traumatizar a la economía con alzas sustantivas en la tasa de interés. Así, el peso del ajuste no recaería principalmente en las personas y las pymes. La noticia actual de que el gasto público crecerá en 2008 a una tasa del 6,8% real anual, en vez del 8,9% contemplado en la Ley de Presupuestos, se debe principalmente a una inflación sustantivamente más alta que la esperada a finales de 2007 (la base de comparación es más alta). Por tanto, esto tiende a subvaluar el impacto del gasto público en los precios; ergo "el gasto público crecería más cercano a la demanda interna y no existirían presiones inflacionarias por el lado del fisco", lo que es argumentado por la autoridad.
Se requieren, por tanto, miradas adicionales. Cuando la inflación es alta y desanclada parece prudente observar mejor los ratios nominales, en vez de variaciones reales anuales (hay multiplicidad de deflactores). Esto es, medir el gasto público nominal (a precios corrientes) sobre el producto interno bruto nominal (a precios corrientes) entregaría una visión más amplia de la real contribución fiscal al actual ajuste económico.

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Gonzalo Martner Fanta
Director Magíster Gerencia Pública
Facultad de Administración y Economía, Usach

El desempleo es la variable que viene fuera de marco desde hace más tiempo, es decir desde que en 1998-99 se provocó en Chile -por una mala política monetaria y fiscal- una recesión gratuita.
 
Un funcionamiento económico satisfactorio incluye muchos aspectos, pero en Chile los "tres cincos" -un crecimiento de al menos 5%, una inflación no superior a 5% y un desempleo no superior a 5%- son buenos indicadores de síntesis. Los tres están "fuera de trayectoria".

El crecimiento del PIB, que registró 5,1% en 2007, volverá a estar este año y el próximo por debajo de esa cifra (entre 3 y 4%). La productividad viene creciendo poco y los choques de oferta en materia de energía y sequía no han ayudado. El tipo de cambio sufrió una severa apreciación que afectó la cantidad exportada en lo que va de año y complicó mucho a los que compiten con importaciones. La tardía intervención del Banco Central ha servido para revertir el problema, lo que demuestra una vez más que buenas políticas económicas producen resultados mejores que el mercado librado a su suerte.

La inflación experimentó un salto que no veíamos desde hace mucho tiempo. Recordemos que en 1990 la democracia se inauguró con un ritmo anual de cerca de 30% y desde esa fecha se redujo sistemáticamente. La inflación es regresiva -afecta más a los que viven de un salario o de ingresos esporádicos- y en el largo plazo disminuye la inversión al afectar el horizonte del cálculo económico. Una inflación en ritmo anual de 9% en vez de 3%, que es la meta del Banco Central, es un problema serio. Este repunte es complicado, porque se acompaña de una disminución de la actividad.

El desempleo es la variable que viene fuera de marco desde hace más tiempo, es decir desde que en 1998-99 se provocó en Chile -gracias a una mala política monetaria y fiscal- una recesión gratuita. Ha costado mucho desde entonces bajar el desempleo del rango de 8% a 10%, que no es socialmente aceptable. La trayectoria venía lenta, pero bien encaminada hasta 2007. Se siguen aún creando muchos empleos en la economía, pero el ritmo viene de baja y las tasas de desempleo son mayores que las del año pasado (en parte porque más gente busca trabajo).

Frente a estas turbulencias, el peligro principal está en los expertos. Los hay de dos tipos que son peligrosos. Algunos engarzan muy bien con la tradición que tiene en el Presidente Barros Luco su mejor representante: "Los problemas son de dos tipos, los que no tienen solución y los que se arreglan solos". Es el credo liberal de los ajustes automáticos: no hagamos nada, o lo menos posible, los gobiernos no están para actuar, es mejor que los desequilibrios se absorban solos y se deje a los mercados el máximo de flexibilidad sin intervenciones que sólo agravan los problemas. Desde la crisis de 1929 se sabe que esta receta no hace más que dañar a las economías. La otra versión es la del activismo brusco, que lleva a cazar moscas con escopeta. Sus recomendaciones suelen ser: si hay inflación, súbase fuertemente la tasa de interés para que el Banco Central "sea creíble" y exíjase al Gobierno bajar el gasto. Si el origen de la inflación es importado, mala suerte: el riesgo de difusión de la inflación debe atacarse con medios recesivos rápidos y masivos. Estas políticas de tasas de interés altas y contracciones del gasto público de forma invariable terminan deprimiendo la economía y provocando un incremento del desempleo como en 1975, 1982 y 1999.

Lo que cabe hacer es diagnosticar bien el problema:

-La inflación se explica hoy por aumentos de costos originados en fenómenos externos (petróleo y alimentos), no por exceso de demanda.

-El consumo interno viene creciendo menos desde fines de 2007. No hay que contraerlo más, pues puede desplomarse.

-Por tanto, no hay que subir las tasas de interés afectando a los consumidores y a los productores ni disminuir el gasto público (se debe respetar la regla anticíclica en vigencia), pues esto deprime la actividad innecesariamente.

-El propio efecto de la pérdida del poder adquisitivo moderará el consumo.

-Hay que establecer un horizonte de 24 meses para volver a la meta de inflación.

-Hay que actuar conteniendo el alza de combustibles en lo que tiene de temporal modulando no tanto el impuesto específico (que se aplica a las cantidades consumidas) como el IVA, limitando la recaudación a la que resulte del valor del petróleo de largo plazo.

-Hay que restablecer de forma urgente los ingresos de los más pobres, perdidos con la inflación, si no queremos un aumento rápido de la pobreza. Bonos trimestrales compensatorios a las familias de ingresos más débiles mientras dure la emergencia de precios altos de la energía y los alimentos son posibles y justos si es que no se tiene a los dogmas neoliberales y las instituciones que los defienden como guías de conducta.

Los economistas chilenos de esta corriente han demostrado ser lo suficientemente incompetentes como para que no sea recomendable seguir sus recetas recesivas. Por último, el país debe asumir que el precio del cobre será por un largo período más alto que lo previsto y que el inmenso caudal de recursos adicionales generados no va a sus dueños, todos los chilenos, sino a quienes tienen la concesión privada de la explotación obtenida en condiciones ilegítimamente ventajosas. Establecer un nuevo trato tributario con las mineras privadas es un deber nacional que si no se cumple nos será reprochado con justicia por las futuras generaciones, que no encontrarán justificación a la increíble ceguera colectiva frente a la dilapidación de recursos que permitirían asegurar el salto al desarrollo que el país necesita. Se debe renunciar con urgencia a la defensa dogmática de "la estabilidad de las reglas del juego" que en este caso son directamente injustificables y privan a los chilenos ni más ni menos que de un mejor futuro.

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*Este año, la Asociación de Empleados Fiscales ha solicitado un reajuste para el sector público, en una primera instancia, del 14%. Para el profesor Guillermo Patillo, perteneciente al Departamento de Economía de la FAE, ello correspondería a una cifra desmesurada. Se consultó al profesor Patillo las razones de su opinión.

- ¿Por qué cree usted que no existe una base para solicitar un reajuste del 14%?

En el sector público, los criterios de reajustabilidad de salarios, debiesen contar con dos componentes principales: uno, correspondería a la inflación esperada, correspondiente al período en que se va a negociar el contrato. En este caso, la inflación esperada es de 9%. Es evidente que cuando uno negocia un contrato, lo importante son las condiciones que van de momento a haber en el futuro. En tanto, el segundo, corresponde a la ganancia de productividad que hubiese, que justifique el aumento de salarios reales.

Si se suma una inflación esperada (9%) junto con la ganancia probable de productividad, jamás se llegaría al 14%. Se podría decir que en el contrato 2008, el reajuste erró en la inflación efectiva. Probablemente, podría darse como válido alguna corrección, por el error de inflación y en el error en la expectativa cometida antes; pero el criterio debe ser siempre inflación esperada. 

El punto clave es que el sector público, primero, no está ganando productividad. Segundo, la inflación esperada en 2009 es del orden del 4,5 a 5%. Por tanto, un reajuste cercano a 6%, más o menos, compensaría con la inflación esperada, más alguna mínima ganancia en productividad. 

Cualquiera que sea el contexto, es fundamental tener presente que existe una restricción adicional. Al hablar del sector público, no nos estamos refiriendo al mismo contrato de las empresas privadas. El gasto corriente del sector público, en buena medida, corresponde a remuneraciones. Por un tema inflacionario, ojala debiese acordarse un crecimiento no mayor a la del producto. Y, por ello, claramente, un reajuste de dos dígitos, en los funcionarios del sector público, no es consistente.

- Respecto al poder adquisitivo que poseen los funcionarios del sector público, ¿cómo incide esta cifra de reajuste en su calidad de vida?

Existe un elemento más de fondo en el tema. Uno debiese avanzar en crecimiento a terminar con los reajustes globales del sector, y avanzar en la fijación de salarios, por cada una de las reparticiones del sector público, de acuerdo a sus realidades.

Hay reparticiones en que la productividad ha crecido fuerte, y es relativamente medible. Sin embargo, hay otras en que no crece absolutamente nada, porque no se han hecho esfuerzos. No parece muy eficiente, ni tampoco muy equitativo, que se entreguen reajustes parejos, que abarquen tanto a buenos como malos. Existen reparticiones que están haciendo grandes esfuerzos por mejorar su productividad, junto con otros que no hacen absolutamente nada, o muy poco. Sé que eso no está aún en la agenda, pero es algo que discutiría en el futuro. 

Un reajuste parejo, como todas las cosas, es simple, es fácil de hacer: una sola regla para todos. Pero, hoy día, tenemos tecnología para poner, de una manera, lo que había hace sesenta o setenta años en Chile. Hoy, es posible medir, con un grado de mayor perfección, que es lo que la gente en verdad hace, y premiarlos por su contribución real.

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Francisco Castañeda
Académico Usach

La Universidad de Santiago de Chile se encuentra ad portas de una nueva Acreditación Institucional, proceso complejo, pleno de metas, logros y desafíos. El innegable rol social en que le toca estar imbuida, la hacen ser una Universidad líder en su género. No puede mejorar su fortaleza financiera maximizando la tasa arancelaria (en desmedro de los estudiantes), ni puede tener un lucro encubierto. Su rol es el espacio público, con las limitantes y beneficios que le impone el marco legal. La sociedad, como un todo, puede apreciar y evaluar sus laboratorios, centros de investigación, incubadoras, cuadros artísticos y deportivos, y su vocación internacional; así como una rica extensión que posiciona a USACH en la prensa y en los medios audiovisuales. Si a esto se agrega que posee una propia radioemisora, junto a un Programa de Inclusión Social Propedéutico-Liceos Prioritarios, es posible afirmar que, como institución, estamos insertos en las temáticas locales y globales relacionadas con el desarrollo de la nación. Así, la USACH se transforma en un faro del valor del aprendizaje, y en una nítida ventana de movilidad social.

La USACH permite, asimismo, de muchas formas, ser nuestro sueño, y el de nuestras familias. Es el momento de fortalecerla, con el trabajo honesto y bien hecho, y con altura de miras; elemento tan necesario en todo grupo humano. Principalmente, debemos estar orgullosos de pertenecer a un proyecto que aspira a vencer la desigualdad en el acceso a la educación superior. Los pares evaluadores se encontrarán con una universidad extensivamente compleja, que tiene un claro movimiento en dirección hacia la excelencia académica. Nuestra USACH tiene orgullo de sí misma, porque estos jóvenes, a quienes hoy enseñamos, serán aquellos profesionales que harán de Chile un país más humano y más meritocrático. 

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Ingresos que Tributan e Ingresos que NO Tributan

Prof. Germán R.Pinto Perry
Departamento de Contabilidad y Tributación
Universidad de Santiago de Chile

Los colegios subvencionados tienen un tratamiento especial que permite que todos lo recibido del Estado, no tribute. Esta calidad sólo está restringida a las subvenciones y no alcanzan a los cobros mensuales que realizan los establecimientos con financiamiento compartido

El DFL Nº2 de 1998, pero que fue promulgado en 1996, establece en su artículo 5 que la subvención, derechos de matrículas, derechos de escolaridad y donaciones que se destinen al pago de remuneraciones, en la administración, reparación, mantención o ampliaciones de las instalaciones de los establecimientos de educación "subvencionados", no estarán afectos a ningún tributo contenido en la Ley sobre Impuesto a la Renta. Este tratamiento es muy interesante, porque determina el carácter de ingreso no constitutivo de renta (en la práctica adquiere esta calificación) en todos los recursos que los sostenedores de colegios reciben del Estado a través del mecanismo de subvención por educación, que en estos últimos meses ha estado muy cuestionado. Esta exención es particular porque adquiere tal calidad (de no pagar impuestos) cuando se constate el destino dado, el cual está íntimamente ligado a la prestación del servicio de educación. En otras palabras, todo lo recibido del Estado no tendrá una tributación que la afecte, en la medida que se destine a las remuneraciones de docentes y administrativos, adquisición de material pedagógico y a mantención del activo fijo de los colegios.

Es importante señalar que el requisito fundamental para impetrar la calidad tributaria antes señalada, está dado exclusivamente en la constatación del destino claramente definido por el legislador, de los fondos entregados.

Hay que recalcar que el Derecho Tributario es una rama del Derecho Público y sólo amerita hacer lo que está expresamente señalado en algún cuerpo normativo, tal como es la mención expresa del destino que pueden tener los fondos de la subvención. Esto implica que si un sostenedor realiza retiros de los fondos estatales, deberá pagar Primera Categoría por el flujo íntegro, sin ser posible descontar gastos, y Global Complementario cuando refleje en su base imponible (como persona natural) el retiro realizado del colegio.

Esta restricción es tan clara y excluyente, que deja fuera a lo cobrado por los establecimientos educaciones como "financiamiento compartido". El Título II del DFL Nº2 antes señalado permite que los sostenedores perciban un ingreso adicional a la subvención, mediante un cobro que se hace a los padres y apoderados de los estudiantes que están matriculados en sus colegios. Este ingreso está normado en su naturaleza y cuantía. Sin embargo, como está en otro título, el cual no corresponde a la subvención estatal, y no queda incluida en el tratamiento que permite considerarlo como exento de toda tributación.

En efecto, el hecho de percibir un financiamiento adicional de los apoderados significa que está recibiendo un incremento de patrimonio que cumple los elementos del hecho gravado de la Ley sobre Impuesto a la Renta, teniendo la calidad de ingreso de Primera Categoría porque está expresamente señalado como tal en el número 4 del artículo 20 de la ley del ramo. De esta forma, el cobro del financiamiento compartido sería renta de Primera Categoría que debe ser declarada y demostrada según contabilidad completa.

Sin duda que para ojos inexpertos en el tema tributario, lo anterior es un intríngulis que sólo viene a complicar el oscuro panorama de los sostenedores, tan vituperados últimamente.

Sin embargo, la tributación es clara, y así lo ha señalado el Servicio de Impuestos Internos en su Oficio Nº 4197 de 2006 cuando señaló que el pago mensual que se realiza a los apoderados de colegios acogidos al sistema de subvención estatal con financiamiento compartido, no se les aplica la exención del artículo 5 del DFL Nº2 que sólo beneficia a los ingresos por subvención, siempre y cuando se respete el destino que ya señalé. Por otro lado, tendrá el carácter de ingreso renta ordinario, afecto a Primera Categoría y Global Complementario cuando sean retirados por los dueños, todo ingreso que reciban los establecimientos de parte de sus apoderados, bajo la modalidad de financiamiento compartido.

En la práctica, la disposición que he comentado tiene un fácil control, cuando los colegios llevan sistemas de contabilidad con la sofisticación suficiente que les permita demostrar el destino de las subvenciones y determinar, por otro lado, una renta líquida imponible según lo dispuestos en los artículo 29 al 33, en concordancia de los artículos 21 y 41, todos de la Ley sobre Impuestos a la Renta, según los ingresos adicionales que les cobren a sus padres y apoderamos, siendo menester tributar exclusivamente por este último concepto.

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