Subsidios a la Electricidad
En estos días la autoridad ha anunciado que entregará un subsidio a las cuentas de electricidad del 40% más pobre de la población que suban más de 5% en septiembre y octubre. Los cálculos oficiales indican que esto alcanzaría a cerca de un millón de personas y costaría del orden de US$ 39 millones. Este subsidio sería pagado en diciembre de 2007 y marzo de 2008 en cuotas de $ 9.000 cada una para hogares del SIC y $ 6.000 para aquellos del Sing. Adicionalmente, y en una acción inédita, se anunció que se regalarán, durante el primer semestre de 2008, dos ampolletas eficientes a esos mismos hogares.
Como es bien sabido, el precio de la electricidad ha subido significativamente. El precio medio a nudo aumentó entre julio de 2007 y octubre de 2006 en 17,5%. Este precio, por su parte, es elemento central del precio de la electricidad a los usuarios, que se calcula como la suma del precio de nudo, el valor agregado de distribución y el cargo único por uso del sistema troncal. Es inevitable, por lo tanto, que el precio a usuario de la electricidad aumente.
Dado ese escenario, ¿es correcto el subsidio del gobierno? Dejando de lado el tema de las ampolletas (que nadie sabe dónde irán finalmente a terminar), la respuesta es que, siendo el objetivo reducir el impacto económico del alza de un precio en las familias pobres, el esquema general del subsidio planteado es correcto.
La regla aquí es que la forma eficiente de actuar es dejar que los mercados reflejen plenamente el alza de precios y, si por razones de equidad, se considera necesario proteger a algún grupo de esa alza, hacerlo con subsidios directos. Respecto del mecanismo concreto, ¿por qué no haberlo realizado con rebaja directa de la cuenta de luz, como ha ocurrido en oportunidades anteriores? ¿El subsidio compensa exacto el alza de la electricidad o incluye algo más? No existe información pública sobre eso. En cualquier caso, el subsidio tiene algún costo en términos de eficiencia. Lo tiene al modificar artificialmente el patrón de consumo de un grupo de la sociedad, pero dado que esos consumidores se supone están fuertemente restringidos respecto de ese y otros bienes, y dado que una caída del consumo eléctrico podría asumirse, genera externalidades negativas por sobre el impacto en la familia involucrada, el subsidio en cuestión se justificaría.
Pero su justificación base está, realmente, en el ámbito de la teoría distributiva, no principalmente en la economía, que puede orientarnos respecto del efecto de políticas alternativas, pero no respecto de su deseabilidad ética. Desde ese ámbito, aparentemente el subsidio en cuestión (y para estos efectos, muchas otras acciones del gobierno) estaría fundado en principios basados en criterios de bienestar. Estos sostienen que lo que es de primera importancia moral es el bienestar de la gente, por lo que el análisis de los problemas distributivos debería centrarse en qué distribución lo maximiza.
En el fondo de esto está la teoría conocida como "utilitarismo". Las críticas a este enfoque, que no es posible sintetizar aquí, provienen tanto de frentes teóricos como empíricos.