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Guillermo Pattillo
Departamento de Economía
Universidad de Santiago
Si respecto de algo existe consenso en Chile, actualmente, es que el Transantiago es, y todo indica que continuará siendo, un desastre. Este nuevo sistema de transporte de Santiago fue mal diseñado e implementado y es, actualmente, mediocremente operado. Prácticamente, ninguno de los beneficios que se prometieron se ha cumplido. La verdad es que constituye no sólo el mayor fracaso de una política pública en muchos años, sino evidencia tangible de la ineptitud pública y privada, y de las pobres capacidades profesionales de empresas que se suponían técnicamente solventes. En realidad, una vergüenza para este país, que se sostuvo iba a ser desarrollado en 2010.
En este contexto de fracaso y, más relevante, de falta de claridad respecto al destino de todo el sistema, el gobierno ha vuelto a pedir recursos al Congreso para financiar los enormes déficits que tiene su operación. Específicamente, se ha presentado un proyecto de ley, que tiene dos componentes principales: un subsidio permanente y un subsidio transitorio, para los años 2008 a 2011. El subsidio permanente, se justifica como la forma adecuada de financiar el pase escolar, cuya tarifa se fija bajo los costos de operación del sistema, generándose un subsidio cruzado desde los pasajes adultos que deben cubrir la diferencia. Esto es válido. El problema principal surge con el subsidio transitorio; el proyecto crea un Fondo Transitorio para el Sistema de Transporte Público de Santiago, con un monto de $190.350 millones, los que serían desembolsados entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011; asimismo crea un Fondo de Inversiones Regionales para el Transporte y Conectividad, que se constituiría con un monto equivalente al indicado antes, y sus recursos serían desembolsados sólo a contar de la fecha de inicio de aplicación de los recursos del Fondo Transitorio para Santiago.
Aun cuando se dan diversas explicaciones para el subsidio transitorio, todo indica que su única razón es contribuir a cerrar el déficit mensual del sistema; su extensión a las regiones no es más que una medida para darle viabilidad política. Dado que en el largo plazo no existen razones de eficiencia que sugieran que debe haber un subsidio al transporte público, no existe razón tampoco para otorgarlo hoy, menos aun si no existe un cronograma preciso en que se pueda exigir el cumplimiento de las condiciones de calidad y eficiencia prometidas. Ya se ha usado ineficientemente una enorme cantidad de recursos de la comunidad, recursos que tienen un alto costo de oportunidad; la contribución al bienestar general que corresponde al Congreso ahora es detener esta sangría, rechazando este proyecto y separar el financiamiento del pase escolar del subsidio transitorio.
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Circulares 24 y 34 sobre Créditos Incobrables:
El Fin de Un Dolor de Cabeza para los Contribuyentes
Profesor Germán R. Pinto Perry
Departamento de Contabilidad y Auditoría
Universidad de Santiago
En abril y en junio recién pasado, se emitieron sendas circulares 24 y 34 sobre el tratamiento que el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha definido para el castigo de los créditos incobrables, actualizando sus criterios y dejando de lado políticas de fiscalización que generaban grandes problemas a los contribuyentes.
Una cuenta incobrable es aquella sobre la cual un comerciante duda que pueda ser cobrada, o simplemente, ya no hay esperanzas para su pago. Este hecho es evidente en toda entidad que permita algún tiempo de gracia a sus clientes, para cumplir con sus obligaciones. Lo anterior puede generar pérdidas que son reflejadas a través de estimaciones por deudores incobrables (EDI) que la teoría contable efectúa según el principio de criterio conservador o, como está señalado en el nuevo Marco Conceptual de la Contabilidad, que está en difusión por el Colegio de Contadores de Chile A.G., criterio prudencial.
Sin embargo, esta estimación no es aceptada por el legislador tributario como un gasto necesario para producir la renta, pues en el número 4 del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), se señala que sólo es posible castigar una cuenta por cobrar y, por ende, no se puede estimar o aprovisionar su cuantía, cuando "hayan agotado prudencialmente los medios de cobro". Este carácter prudencial había sido interpretado por el SII en su Circular 13 de 1979, como la constatación de cuatro requisitos: que provengan de operaciones que generan renta afecta a Primera Categoría; que realmente sean incobrables, hecho que sólo se constata en el caso de "quiebras, fallecimientos sin haber dejado bienes, rebajas en virtud de convenios judiciales, etc"; el castigo debe ser el año en declaración y que se deje constancia en los libros de la operación, para tener antecedentes vinculantes ante una eventual y futura recuperación del crédito. Sin duda que estas disposiciones generaban muchos problemas para los contribuyentes, amén del hecho que la fiscalización operativa no aceptaba antecedentes como las cartas de abogados que habían realizado gestiones para el cobro, pero que consideraban inoportuna su recuperación.
Con las circulares que se comentan, el organismo fiscalizador facilitó la función de los tribunales que recibían gran número de demandas, que no seguían su curso ante el desistimiento de los acreedores, ya que éstos sólo querían evidenciar que habían empezado gestiones judiciales.
Estas normativas especifican sólo tres requisitos fundamentales relativos a los créditos: "que provengan de operaciones relacionadas con el giro del negocio, que el castigo de dichos créditos incobrables haya sido contabilizado oportunamente, y que respecto de ellos se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro". Respecto a este último requisito, se innovó señalando criterios claros y precisos de acuerdo al monto de las cuentas. En efecto, cuando se traten de cuentas por cobrar, que no superen 10 Unidades de Fomento (UF), es posible castigarla cuando no se ha mantenido otras relaciones comerciantes con el cliente en mora, cuando se demuestre que se ha comunicado con el deudor, y se le ha impelido al pago y cuando se demuestre gestiones de cobranza obligada, como su publicación en boletines informativos. Cuando se trate de deudas entre 10 y 50 UF, no estén prescritas, se demuestre la cobranza extrajudicial, aplicar políticas de cobranzas oficiales, haber cesado en las relaciones comerciales con el deudor. Finalmente, existe un tramo de deudas que superan las 50 UF, en cuyo caso, hay que demostrar gestiones formales de cobranza judicial.
La Circular 34 está dedicada, exclusivamente, a empresas de suministros de servicios domiciliarios, para las cuales, ha señalado criterios que permiten el castigo de acuerdo a la naturaleza del servicio.
Un elemento que ha demostrado el espíritu que ahora tiene el SII, y que evidencia el respeto al principio general de la buena fe de los contribuyentes, es que se ha marginado del impuesto de castigo del inciso tercero del artículo 21 de la LIR, que afecta con una tasa del 35%, los castigos que se realizan sin cumplir los requisitos que se han señalado. En otros tiempos, a los bancos se les aplicó esta tributación, y fue menester resolver las controversias en los tribunales superiores de justicia.
Con las circulares que comento en esta oportunidad, el organismo fiscalizador evidencia la aplicación de criterios modernos y transparentes, que facilitan el cumplimiento tributario de los contribuyentes.
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Por Francisco Castañeda
Académico Usach
"Es necesario que las deudas de los chilenos estén unificadas en una sola base de datos. El argumento de que así los bancos podrán endeudar más a los chilenos tiene su contrapeso en la constitución de provisiones (equivalente a una reducción en el patrimonio de los bancos); esto es un castigo por efectuar créditos inciertos. La industria del retail argumenta que no hay riesgo sistémico en sus créditos porque son realizados en base al patrimonio de sus socios. Pero un cliente altamente endeudado con la industria del retail no podrá cancelar a tiempo sus deudas bancarias; y si a esto se adiciona un estrato medio-bajo fuertemente endeudado, sí tenemos un impacto en la estabilidad del sistema ante un endeudamiento excesivo. No compartir las bases de datos es un juego del tipo "dilema del prisionero"; ambas industrias terminarán en el mediano plazo con carteras vencidas y altas morosidades dañando la apuesta de largo plazo de inversionistas en esta industria. En el corto plazo, podrían haber eventuales beneficios de no compartir la información de endeudamiento, especialmente para el retail, pero esto tiene un techo. Una desaceleración brusca de la economía podría ser perjudicial para este sector. Para que el mercado opere, no deben existir asimetrías de información, ni feudalismos informativos. El bien común está sobre el bien de determinada industria".
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Guillermo Patillo
Académico Departamento de Economía
Universidad de Santiago de Chile
Hoy, tras conocerse los resultados de US$7 mil millones de superávit fiscal existente, para el primer trimestre de este año, entregados por el Director de Presupuestos, se consultó al economista y académico, de la Facultad de Administración y Economía, de la Universidad de Santiago de Chile, Guillermo Patillo. En palabras de Patillo, "si bien constituye un ahorro importante, esto no quiere decir que al fisco no se le pueda pedir más para colaborar en la coyuntura actual".
- ¿Que significa en términos macro este superávit de US $7 mil millones para el país?
- La política fiscal chilena se conduce, desde el año 2001, sobre la base de una regla, en extremo importante, consistente en un gran avance en la conducción macroeconómica, el superávit estructural. Eso significa que, en síntesis, el fisco gasta los recursos que son compatibles para generar, año a año, un superávit estructural que, en este momento, es de un 0,5% del producto. Esto significa que, los ingresos que son extraordinarios, es decir, los schoks -positivos y negativos sobre los ingresos del fisco-, no se van a gasto, sino que a ahorro. Eso es lo que refleja el superávit de US$ 7 mil millones.
En breve, es el reflejo de una conducción seria de la política fiscal, que ha sido un gran aporte al país. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista más que no se le pueda pedir al fisco para colaborar en la coyuntura actual, en que la inflación esta más lejos de lo esperado, y en que la perspectivas, para el año 2009, no son particularmente buenas.
- ¿Cómo puede este ahorro afectar a las personas en su diario vivir?
- Este superávit es un ahorro que el fisco hace, que implica, a su vez, que cuando estemos en la fase baja del ciclo, se puede gastar más de lo que te permiten los ingresos directos de ese momento. Por lo tanto, el impacto sobre el bienestar, en el mediano y largo plazo, va en poder sostener políticas fiscales contra cíclicas eficientes, y en ese aspecto, un componente muy relevante, es el gasto orientado a la gente más pobre, que son quienes sufren todo este impacto.
Por tanto, todo este esfuerzo de ahorro, que se hace en las etapas buenas, y se va a des ahorrar en las malas, lo que finalmente logra, es mejorar las transferencias que se hacen a los sectores que lo requieren con más fuerza, y mantener una política fiscal más sana, lo que se traduce en un riesgo país más bajo, que conlleva bienestar para todo el mundo.
- Se avecina un año 2009 más complicado. ¿Cómo podría influir, o ser visto, este ahorro de mejoría a futuro?
- El próximo año, lo que se le pide al fisco es, básicamente, moderar el crecimiento de sus gastos. Va a ser un año complicado, porque el crecimiento ha sido algo superior a éste, pero no muy superior. Todavía, a la economía la vamos a ver en tasas de crecimiento menores al 5%. Si se pudiese poner un rango hoy, sería entre 4 y 4,5 en Chile. Pero, la inflación, a fines de 2009, va a estar en doce meses, en el orden del 4,5, o sea, todavía por arriba de la meta, descendiendo gradualmente a lo largo del año, aunque por encima aún.
Por lo tanto, la mayor contribución que puede hacer el fisco, para la estabilidad macro global, es: continuar la regla que lleva hace mucho tiempo, y que nadie duda; pero, ojalá hacer un esfuerzo adicional que signifique, esencialmente, moderar el crecimiento del gasto corriente a crecimiento de producto potencial, o menos que eso, al orden del 4%. No es muy probable, pero mientras más se modere, mayor será el superávit y el ahorro.
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Leer más: "El superávit es reflejo de una conducción seria de la política fiscal"
Francisco Castañeda
Académico Usach
Las pérdidas millonarias de la crisis subprime, tanto en USA, y globalmente, tienen en común la existencia de un alto apetito por el riesgo de las instituciones financieras. Se subvaluaron los riesgos de crédito y financieros, debido a una baja tasa de interés a nivel global y a un entorno regulatorio débil para la securitización de las hipotecas subprime. Estaba ya el precedente del rescate de "Long Term Capital Management"
por la reserva Federal. Este era un hedge fund global, operando con altísimo leverage financiero, que quiebra por tomar posiciones agresivas, sin cumplirse las correlaciones estáticas de diversificación de instrumentos que predice la teoría de portafolios. Así es que actualmente, "Fanny Mae" y "Freddie Mac", corporaciones de préstamos hipotecarios en USA, envueltas en una crisis profunda, están a la espera del rescate de la Fed. El riesgo moral (moral Hazard), esto es el traspaso de riesgo (esperando al prestamista de última instancia) sin compensación económica alguna, no es una política pública financiera sana a seguir. No se estabilizará el sistema financiero, y esto creará más incentivos a incrementar los riesgos en el futuro. La "disciplina de mercado" en mercados con riesgo sistémico debe operar, de otra forma los contribuyentes terminaran pagando el que los inversionistas financieros ex-ante no puedan poner el precio óptimo a los recursos.
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Sergio López Bohle
Académico del Departamento de Administración
Universidad de Santiago
La decisión de mantener el "gasto" o "inversión" hacia la RSE está inserta en la esencia de la gestión; el arte de elegir. Los comportamientos reactivos, proactivos y dubitativos dependerán de la visión costo-beneficio existente a nivel gerencial.
En este sentido, en las crisis abundan las expectativas negativas que sobrevaloran costos, subvaloran beneficios y donde se privilegia una visión conservadora. Sin embargo, otros liderazgos visionarios, ven la RSE como una oportunidad de negocios, un elemento diferenciador y fortalecedor de la competitividad de las empresas.
A su vez, la existencia de un ciclo negativo, permite evaluar el grado de compromiso hacia la RSE y ver los distintos niveles de acción de las compañías. De alguna forma, podremos ser jueces y descubrir la distancia real entre lo declarado versus lo realizado.
Por otra parte, existen fuerzas externas como los grupos de interés, los que demandarán y presionarán con distinta fuerza en cada una de las industrias y áreas de acción de la RSE. Esto ejercerá un estímulo para mantener, incrementar o disminuir "ciertas inversiones" en las compañías. Esto es fundamental dado que estos grupos determinan la rentabilidad y el éxito corporativo.
Finalmente, un dilema consistirá en el rol que realizarán las PYME, importante sector en la economía donde este tema es emergente, altamente vulnerable y donde existen problemas de supervivencia que cuestionan fuertemente las actividades dirigidas a activos intangibles o de largo plazo.
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Francisco Castañeda
Académico Usach
La coyuntura actual genera señales disonantes. Es claro que una moderación del gasto público (¡sin afectar los programas sociales!) permitirá no traumatizar a la economía con alzas sustantivas en la tasa de interés. Así, el peso del ajuste no recaería principalmente en las personas y las pymes. La noticia actual de que el gasto público crecerá en 2008 a una tasa del 6,8% real anual, en vez del 8,9% contemplado en la Ley de Presupuestos, se debe principalmente a una inflación sustantivamente más alta que la esperada a finales de 2007 (la base de comparación es más alta). Por tanto, esto tiende a subvaluar el impacto del gasto público en los precios; ergo "el gasto público crecería más cercano a la demanda interna y no existirían presiones inflacionarias por el lado del fisco", lo que es argumentado por la autoridad.
Se requieren, por tanto, miradas adicionales. Cuando la inflación es alta y desanclada parece prudente observar mejor los ratios nominales, en vez de variaciones reales anuales (hay multiplicidad de deflactores). Esto es, medir el gasto público nominal (a precios corrientes) sobre el producto interno bruto nominal (a precios corrientes) entregaría una visión más amplia de la real contribución fiscal al actual ajuste económico.
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Gonzalo Martner Fanta
Director Magíster Gerencia Pública
Facultad de Administración y Economía, Usach
El desempleo es la variable que viene fuera de marco desde hace más tiempo, es decir desde que en 1998-99 se provocó en Chile -por una mala política monetaria y fiscal- una recesión gratuita.
Un funcionamiento económico satisfactorio incluye muchos aspectos, pero en Chile los "tres cincos" -un crecimiento de al menos 5%, una inflación no superior a 5% y un desempleo no superior a 5%- son buenos indicadores de síntesis. Los tres están "fuera de trayectoria".
El crecimiento del PIB, que registró 5,1% en 2007, volverá a estar este año y el próximo por debajo de esa cifra (entre 3 y 4%). La productividad viene creciendo poco y los choques de oferta en materia de energía y sequía no han ayudado. El tipo de cambio sufrió una severa apreciación que afectó la cantidad exportada en lo que va de año y complicó mucho a los que compiten con importaciones. La tardía intervención del Banco Central ha servido para revertir el problema, lo que demuestra una vez más que buenas políticas económicas producen resultados mejores que el mercado librado a su suerte.
La inflación experimentó un salto que no veíamos desde hace mucho tiempo. Recordemos que en 1990 la democracia se inauguró con un ritmo anual de cerca de 30% y desde esa fecha se redujo sistemáticamente. La inflación es regresiva -afecta más a los que viven de un salario o de ingresos esporádicos- y en el largo plazo disminuye la inversión al afectar el horizonte del cálculo económico. Una inflación en ritmo anual de 9% en vez de 3%, que es la meta del Banco Central, es un problema serio. Este repunte es complicado, porque se acompaña de una disminución de la actividad.
El desempleo es la variable que viene fuera de marco desde hace más tiempo, es decir desde que en 1998-99 se provocó en Chile -gracias a una mala política monetaria y fiscal- una recesión gratuita. Ha costado mucho desde entonces bajar el desempleo del rango de 8% a 10%, que no es socialmente aceptable. La trayectoria venía lenta, pero bien encaminada hasta 2007. Se siguen aún creando muchos empleos en la economía, pero el ritmo viene de baja y las tasas de desempleo son mayores que las del año pasado (en parte porque más gente busca trabajo).
Frente a estas turbulencias, el peligro principal está en los expertos. Los hay de dos tipos que son peligrosos. Algunos engarzan muy bien con la tradición que tiene en el Presidente Barros Luco su mejor representante: "Los problemas son de dos tipos, los que no tienen solución y los que se arreglan solos". Es el credo liberal de los ajustes automáticos: no hagamos nada, o lo menos posible, los gobiernos no están para actuar, es mejor que los desequilibrios se absorban solos y se deje a los mercados el máximo de flexibilidad sin intervenciones que sólo agravan los problemas. Desde la crisis de 1929 se sabe que esta receta no hace más que dañar a las economías. La otra versión es la del activismo brusco, que lleva a cazar moscas con escopeta. Sus recomendaciones suelen ser: si hay inflación, súbase fuertemente la tasa de interés para que el Banco Central "sea creíble" y exíjase al Gobierno bajar el gasto. Si el origen de la inflación es importado, mala suerte: el riesgo de difusión de la inflación debe atacarse con medios recesivos rápidos y masivos. Estas políticas de tasas de interés altas y contracciones del gasto público de forma invariable terminan deprimiendo la economía y provocando un incremento del desempleo como en 1975, 1982 y 1999.
Lo que cabe hacer es diagnosticar bien el problema:
-La inflación se explica hoy por aumentos de costos originados en fenómenos externos (petróleo y alimentos), no por exceso de demanda.
-El consumo interno viene creciendo menos desde fines de 2007. No hay que contraerlo más, pues puede desplomarse.
-Por tanto, no hay que subir las tasas de interés afectando a los consumidores y a los productores ni disminuir el gasto público (se debe respetar la regla anticíclica en vigencia), pues esto deprime la actividad innecesariamente.
-El propio efecto de la pérdida del poder adquisitivo moderará el consumo.
-Hay que establecer un horizonte de 24 meses para volver a la meta de inflación.
-Hay que actuar conteniendo el alza de combustibles en lo que tiene de temporal modulando no tanto el impuesto específico (que se aplica a las cantidades consumidas) como el IVA, limitando la recaudación a la que resulte del valor del petróleo de largo plazo.
-Hay que restablecer de forma urgente los ingresos de los más pobres, perdidos con la inflación, si no queremos un aumento rápido de la pobreza. Bonos trimestrales compensatorios a las familias de ingresos más débiles mientras dure la emergencia de precios altos de la energía y los alimentos son posibles y justos si es que no se tiene a los dogmas neoliberales y las instituciones que los defienden como guías de conducta.
Los economistas chilenos de esta corriente han demostrado ser lo suficientemente incompetentes como para que no sea recomendable seguir sus recetas recesivas. Por último, el país debe asumir que el precio del cobre será por un largo período más alto que lo previsto y que el inmenso caudal de recursos adicionales generados no va a sus dueños, todos los chilenos, sino a quienes tienen la concesión privada de la explotación obtenida en condiciones ilegítimamente ventajosas. Establecer un nuevo trato tributario con las mineras privadas es un deber nacional que si no se cumple nos será reprochado con justicia por las futuras generaciones, que no encontrarán justificación a la increíble ceguera colectiva frente a la dilapidación de recursos que permitirían asegurar el salto al desarrollo que el país necesita. Se debe renunciar con urgencia a la defensa dogmática de "la estabilidad de las reglas del juego" que en este caso son directamente injustificables y privan a los chilenos ni más ni menos que de un mejor futuro.
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