FAE en Prensa
Facultad de Administración y Economía
Francisco Castañeda G. / Académico del Departamento de Administración
Universidad de Santiago de Chile
En 1988 la democracia se ganaba para introducir equidad al modelo; se afirmaba que el "neoliberalismo" no era capaz de asegurar bienestar. Pero con los concertacionistas permeando el cuerpo empresarial, la derecha perdió "market share" en su nicho, y ya había reducido su poder político.
Hemos sido testigos de marcos regulatorios que no protegen a los consumidores (concesiones), pésimos resultados en empresas estatales (ferrocarriles), desastre en la educación municipalizada, y ahora Transantiago, en el cual el riesgo de este se ajustó de forma tal que este quedará en manos del Estado. Y los que prometieron defender a los pobres y la equidad al inicio de los 90, se enorgullecen del acto amatorio de "defender a las PYME ante las grandes empresas".
Rechazan el proyecto de depreciación acelerada porque "las PYME unidas, jamás serán vencidas". De postre señalan que hasta el Transantiago debería ser estatizado. Critican y adulan a la gran empresa privada, pero en esencia son empresarios; quieren ser dueños del Estado. Ahora para gran parte de la Concertación y la Oposición, los pobres se llaman PYME.
Pero el Robin Hood estatal asesina día a día a los más pobres con la fábrica de mala educación de la cual es monopolio. Por su parte la oposición critica la reciente encuesta Casen señalando que la administración concertacionista no ha aminorado en términos gruesos la brecha entre ricos y pobres. No cabe duda que esto es la consecuencia de aplicar el modelo de mercado con sus luces y sombras. Los gobiernistas por su lado afirman que el crecimiento económico en democracia ha reducido el número de pobres (¡¡ese no era su discurso!!). Así, "ya no serían pobres" las familias que obtienen ingreso per cápita superior a los $ 50.000; pero las transferencias monetarias no son capaces de equilibrar las reales brechas. ¿Que nos queda? La Derecha ahora jugando al Robin Hood, la Concertación protectora del reino PYME y los lanceros de la Concertación directoreando empresas. Los chilenos comunes, por su parte, saben que esto ha ocurrido siempre; es la elite, su poder y sus dobles discursos públicos y privados.
COLUMNA PUBLICADA EN EL DIARIO FINANCIERO
Superávit estructural y evolución económica reciente
Guillermo Patillo / Académico Departamento de Economía
Universidad de Santiago de Chile
Desde 2001 el presupuesto del gobierno central se ha calculado teniendo como base el balance estructural (que aísla el efecto cíclico de las dos variables que son claves en la determinación de los ingresos fiscales: la actividad económica y el precio del cobre), haciéndolo consistente con una meta de superávit de 1% del PIB. Esta importante innovación en la forma que se conducía hasta entonces la política fiscal sigue la tendencia que se ha observado en diversos países en la última década. El objetivo general de tales reglas es dar credibilidad a la política fiscal reduciendo la capacidad de acciones discrecionales. Los intentos de generar disciplina fiscal vía reglas permanentes tienen ya más de siglo y medio. El movimiento actual, que se inicia en Nueva Zelanda en 1994, ha sido seguido por un creciente número de países desarrollados y en desarrollo. La razón más fuerte en apoyo de reglas deriva de la economía política: Las reglas serían necesarias para limitar la capacidad de autoridades políticamente racionales que presentarían un sesgo a producir expansiones fiscales no sustentables al enfrentar un electorado que no entiende, o es indiferente, a su restricción presupuestaria intertemporal. Así la utilidad de un set adecuado de reglas permanentes de política fiscal es despolitizar la conducción de ella. En Chile la implementación de la regla fiscal señalada ha sido, sin duda, un éxito y una muy importante contribución a la estabilidad económica actual y futura. En estos tiempos de particular afluencia transitoria de recursos ha crecido, sin embargo, exponencialmente la presión para reducir ese superávit a cero, con lo cual, evidentemente, se "liberarían" importantes sumas de dinero para gasto fiscal. El fisco, se sostiene, no tendría ninguna necesidad de ser acreedor neto, posición que estaría logrando este año. Si bien esto último es válido, ¿es completamente claro que está bien calculada la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno? Un espacio de duda deriva de los pasivos que acumula la previsión, ámbito en el cual existirá posiblemente una reforma en el mediano plazo que quizás tienda a aumentarlos. Otra sombra tiene que ver con los parámetros que definen los ingresos de largo plazo. Basta observar las enormes correcciones que tienen los cálculos de producto potencial y precio del cobre para tener una duda razonable respecto a la validez del escenario de largo plazo que hoy parece de consenso. En breve, en este caso es válido un criterio conservador: mantener el superávit estructural de 1% del PIB en un horizonte de mediano plazo (por ejemplo, los próximos cinco años), para luego reevaluar su nivel y la forma de usar los recursos que potencialmente se liberarían. Posiblemente la forma más productiva sea, en todo caso, la reducción de impuestos.
Publicado en el Diario Estrategia