Francisco Castañeda Académico Facultad de Administración y Economía Usach
Las predicciones en inflación de alimentos a nivel global no son nada alentadoras. Los 3 candidatos norteamericanos han manifestado ya su beneplácito para seguir apoyando la política de subsidios para el etanol (aditivo en los combustibles); lo consideran clave en su estrategia energética. Si a esto se agregan los factores relacionados con el aumento de la expectativa de vida y los cambios en patrones alimenticios de países asiáticos, nos lleva a una situación global de mayor presión sobre los precios de granos y cereales. Incluso países exportadores de estos productos los han restringido a través de impuestos y controles, lo que ha incidido en agregar más turbulencia. Este escenario base de riesgo debería ser el supuesto de trabajo de cualquier Banco Central. Así, los costos de la mayor inflación local (2,7 veces alejada del objetivo de inflación) se distribuyen asimétricamente a través de los quintiles. Mientras en los países desarrollados, la canasta de alimentos representa el 14% del gasto de los más pobres ("tienen un ingreso relativo mayor que les permite diversificar gasto"), en Chile dicho ratio alcanza al 50%. ¡Y no es un tema agobiante en el mundo desarrollado!. Lo ético es no arriesgar a los más pobres, que no pueden sustituir los efectos negativos de la inflación. Y si esto persiste, más chilenos volverán a caer bajo la línea de pobreza. En consecuencia, la mayor inflación esperada ya ha comenzado a ser internalizada en las expectativas del mercado.
En relación a la carta de Rodrigo Aros, académico UNAB, quisiera señalar que es falso que las universidades del Estado reciban mayoritariamente alumnos de colegios privados. Tampoco una institución universitaria que no se acredita, no significa que no cumpla "ningún criterio de calidad". Respecto al ingreso masivo que debería tener el Estado para con los estudiantes de los colegios municipales, es preferible que se reduzca el porcentaje de la PSU en la admisión y se le asigne mayor ponderación a las notas escolares. Estas reflejan de mejor forma los hábitos de estudio. Por tanto, masificar esto en forma correcta, significa redefinir el AFI (aporte fiscal indirecto para los mejores puntajes) y reasignarlos por prioridad social. De hecho, Usach a través de su Programa Propedéutico con UNESCO recibe alumnos pobres del 5% mejor de sus cursos. Respecto a por qué el Estado debería tener un rol preferente con sus universidades ("en carreras y áreas menos rentables"), la razón es simple. Mientras universidades privadas destinan más recursos a sus unidades de negocios más rentables, debido a las fuertes sinergías empresariales con carreras del área de salud, el Estado debe velar a través de sus universidades por un desarrollo equilibrado de las ciencias y las humanidades. La "miopía del mercado" nos puede dejar con carreras y ámbitos menos desarrollados en el largo plazo, y con profesionales más insatisfechos.
Cuando las empresas se dieron cuenta que les era más rentable invertir en mantener sus actuales clientes, que conseguir nuevos, dieron origen al nacimiento del CRM (Customer Relationship Management), gestionando la relación tecnológicamente con los clientes a través de la utilización de bases de datos, entendiendo sus necesidades y preferencias individuales, es decir, segmentando al cliente. De esta manera, desarrolla estrategias diferentes para cada uno de ellos, dando más a aquellos que la empresa juzga lo merecen. Todo lo anterior, tiene una lógica. De esto se deriva la gran penetración que este tipo de sistemas ha tenido. Sin embargo, si leemos el libro "Not for bread alone" de Matsushita, él señala algo distinto, que amerita una reflexión. "Los clientes adinerados como aquellos que no lo son, tienen similares percepciones de aquellos productos/servicios que brindan calidad y status. Pero los primeros concurren a su tienda por rutina, por lo que si de verdad quiero crecer, debo focalizar los esfuerzos en los segundos." Matsushita explica, que el consumidor más humilde, estará feliz, que aunque sea de una gama diferente, estará orgulloso del producto y será una caja de resonancia en ese segmento, provocando el deseo de compra.
Matsushita nos enseña con su filosofía de negocios, que no sólo hay que ver el potencial inmediato de cada cliente, sino el potencial de compra del segmento al cual el cliente pertenece (demanda incremental) y que existe una clara diferencia entre tener clientes entusiasmados o no.
Los nuevos recursos que requiere el Transantiago son gigantescos. 300 millones de US$ por año sería el subsidio permanente y no transitorio!!! que requiere el plan de transportes. La alternativa desechada es la de carácter regresivo en términos de que estos montos disminuirían cuando aumenten los ingresos del sistema. Esto pone en tela de juicio los incentivos de los operadores para cumplir a cabalidad con los contratos. De hecho, pareciera que al Ministerio de Transportes le es indiferente que algunas de las empresas operadoras tengan incumplidos el pago de arriendo de los buses a los "pequeños y expropiados" dueños, amén de las lagunas previsionales y falta de incumplimiento de una adecuada mantención mecánica. Un subsidio permanente es un premio a la ineficiencia del sistema, el cual debería ser establecido en forma decreciente. Ahora se "maquilla" esto por las autoridades como un subsidio a los operadores debido a la tarifa escolar. Esta había sido siempre sustantivamente más baja que el pasaje adulto, y en épocas de micros amarillas, el Estado jamás los subsidió por esta razón. Se asumía que era parte de la contribución del gremio a la sociedad. Ahora para evitar el descalabro tarifario, aparece como la explicación mágica. Además que el Transantiago consolida un oligopolio natural que no ha pasado los test de eficiencia y de calidad del sistema. Ha contribuido a aumentar el número de automóviles en la ciudad y ha socavado la confianza en el transporte público.
Guillermo Pattillo Académico, Departamento de Economía Universidad de Santiago
Con este nombre, sugestivo de una catástrofe, ha sido denominado el efecto que el alza de precios de los alimentos está teniendo hoy en los grupos pobres en el mundo. Como se sabe, los precios de los alimentos han tenido un alza muy significativa desde 2006. Así, por ejemplo, el índice nominal de precios que construye el Banco Mundial, alcanzó en 2007 un nivel de 145,7 (base enero 95=100) y se proyecta para 2008 que llegue a 155,7. El aumento sería de casi 7%. En Chile, el subgrupo alimentos del IPC ha crecido en doce meses a marzo en 17,6%. Para el subconjunto de los granos el valor de ese índice es de 147,1 en 2007 y se espera 161,4 para 2008. Dentro de estos últimos, la variación esperada del precio nominal del trigo este año es de 15,5% y del maíz 7,4%.
El problema derivado de tales aumentos no sería particularmente grande si ellos fuesen transitorios, pero toda la evidencia disponible indica que el aumento de precios no se reversará en el corto plazo. Para 2009 las proyecciones del Banco sugieren que estos precios experimentarán una leve baja, pero seguirán en un nivel muy superior a 2007 y, por lo tanto, a los de la última década. Más aun, a pesar que estos altos precios generan incentivos adicionales a la producción y a la reducción de la demanda, se espera que en la década que viene (hasta 2020) estén muy por arriba de los niveles de 2004. ¿Qué ha motivado esta escalada de precios? Esencialmente el aumento en su demanda para la producción de bio-combustibles. Un ejemplo es que prácticamente todo el aumento de la producción mundial de maíz entre 2004 y 2007 se destinó a la producción de bio-combustibles en los Estados Unidos.
Evidentemente la evolución del precio de los alimentos ha afectado la distribución del ingreso, siendo los perdedores netos las familias urbanas pobres. En un estudio reciente para una muestra de ocho países de ingreso bajo (Ivanic y Martin, 2008) se encuentra que el aumento del precio de los alimentos entre 2005 y 2007 ha aumentado la pobreza en 3 puntos porcentuales. El problema es, por lo tanto, relevante y compromete muchos de los logros que los países más pobres han lentamente obtenido en su lucha contra la pobreza. En un escenario como el indicado, ¿qué puede hacer la autoridad económica? La respuesta depende del contexto institucional en que se esté situado, pero en el caso de Chile la opción más eficiente en el corto plazo es transferir recursos a los pobres para reducir el impacto de los mayores precios sobre su ingreso, cosa que se está haciendo en este momento, y, para el mediano plazo, reestudiar la regulación que afecta a los mercados agrícolas tal de motivar un aumento de su eficiencia y de la producción.
Juan F. N. Ivanovich Pagés Académico Magíster Departamento de Contabilidad y Auditoria Universidad de Santiago de Chile
A partir del 1 de enero de 2009, los estados financieros de las empresas chilenas, deben ser preparados de acuerdo a las IFRS o Normas Internacionales de Informes Financieros (NIIF).Los riesgos de un cambio de estas características son diversos: natural resistencia al cambio, falta de coordinación entre los agentes participes y las necesarias adecuaciones de cambio cultural, las costumbres del país y los impactos de aplicar normas contables aplicables a países más avanzados (Unión Europea). La decisión de las autoridades locales en "adoptar" IFRS, se fundamenta entre otras, en la pérdida de credibilidad en la información contable tradicional en expresar una imagen fiel; la apertura globalizada a escenarios de economías, donde se percibe que todos los negocios son iguales, pero que se registran en contabilidades diferentes; nuevos lenguajes y forma de hacer negocios con una alta volatilidad de los mercados; múltiples escándalos financieros internacionales con atribución de responsabilidades a la contabilidad creativa. (Enron, Parmalat, Codelco Chile y otros). Expertos estiman que los IFRS, junto con mejorar la calidad y transparencia de la información, establecería la retirada de la denominada "contabilidad creativa, (manipulación contable en la preparación de los estados financieros de la empresa.). Al respecto, debemos formularnos 2 grandes interrogantes: ¿Estamos preparados en Chile para el cambio. ? o por lo contrario, la adopción de IFRS en nuestro medio, ¿Dará lugar a una nueva y más potente contabilidad creativa? Gran parte de los contadores, no conocen las normas locales (Boletines Técnicos) menos aún, las IFRS. A la fecha no se percibe una difusión apropiada de las nuevas norma con comentarios, ilustraciones y ejemplos apropiados. No hay procesos integrados de capacitación profesional. Chile es un país emergente con una gran brecha entre el desarrollo de los negocios y la formación de contadores calificados. La adquisición de competencias y habilidades es de real y vital importancia para un proceso de esta relevancia. El empresariado en general, no dispone de la evaluación de impacto por los cambios de normas. Gran parte de las empresas no han evaluado los costos de la implantación en términos de asesorías especializadas y cambios de sistemas. La adopción de IFRS, no puede ser considerada como un cambio contable más. Comprende un proceso paulatino que, por lo heterogéneo de los agentes participes, puede tomar varios años en implantarse por completo. Requiere cambios culturales y un ajuste en la cultura contable, tributaria y de negocios. Las IFRS demandan un alto nivel de competencias profesionales: manejo de instrumental y técnicas para generar y disponer de valores razonables (Fair Value), aplicación de modelos financieros para determinar "importes recuperables" (deterioro de activos), aplicaciones de precios de transferencia internos para proyectar flujos de efectivo de "unidades generadoras de efectivo", cálculo de valores actuariales para la medición del valor de ciertos activos y/ o pasivos, conocimiento de los activos derivados y su medición en la volatilidad de los mercados, especialmente en ausencia de mercado de transacciones activas. Adecuado dominio de las normas tributarias en la aplicación de normativas contables de impuestos diferidos. Las IFRS son aproximadamente un 50% diferentes a nuestras normas locales. Algunas sin equivalentes en norma local: Inmuebles de Inversión, activos no corrientes disponibles para la venta, activos y productos biológicos, exploración y evaluación de recursos mineros, deterioro de activos, segmentos operativos. Otras, con equivalentes, pero mas complejas y con tratamientos alternativos de aplicación: medición voluntaria (Revaluó) de activos fijos y activos intangibles. En este sentido, la identificación y valoración activos intangibles y la plusvalía en las fusiones y combinaciones de negocios, es algo totalmente nuevo y una tarea no simple de resolver. Por ser las IFRS esencialmente principios, se otorga mayor libertad para poder determinar qué políticas y criterios contables aplicar y sus afectaciones, lo que facilitaría generar un Modelo de Contabilidad Creativa: Como ejemplos podemos mencionar: IFRS vinculadas al activo fijo permiten aplicar voluntariamente el valor de costo o valor revaluado. Si el activo tiene valor de libros de $ 1 y su tasación es de $ 100.- ¿Es creativo o no, que el patrimonio se incremente en $ 99 por el sólo arbitrio de la administración de la empresa? ¿Porqué sobre ésta misma base, los cargos futuros por depreciaciones son arbitrariamente distintos si se opta o no por el modelo del revalúo?
El deterioro de activos representa un cargo a resultados si importe recuperable es menor que su valor en libros del activo. ¿Quién determina el importe recuperable?. La propia empresa: En presencia de volatilidad de los parámetros de medición, ¿se aplicarán criterios conservadores u optimista en las proyecciones? ¿Quien validará técnicamente y con que fundamentos estos importes, en áreas de industrias específicas? ¿Que instancia externa, respaldará la validez de las reservas de minerales probadas y su valuación al valor presente del flujo que generará en un horizonte de tiempo previsto? De no contar con los resguardos adecuados, la medición patrimonial, la determinación de los resultados económicos (retornos) y de la posición financiera de las empresas pueden determinarse bajo un enfoque de Contabilidad Creativa con insospechados impactos en el escenario económico financiero y empresarial de nuestro país. Requerimientos básicos para la aplicación de las IFRS: Los riesgos enunciados demandan a lo menos, un control de ellos con base en: Restituir con urgencia el Rol al Colegio Profesional mediante las modificaciones legales que le permitan iniciar procesos de certificación y acreditación profesional. Que solamente contadores competentes registrados pueda hacerse responsables de las cifras contenidas en los Estados Financieros Establecer mayores responsabilidad en la materia a los comités de directores y roles especiales de los comités de auditoria en las empresas. Se deben crear o establecer mecanismos o instancias refrendadoras o validadoras, garantes de la fe pública, sobre las múltiples opciones que otorgan las IFRS entre ellas: registros de profesionales independientes (peritos), para instancias de tasaciones en el revalúo de activos fijos, expertos validadores de flujos proyectados de efectivo como en el caso de valuación de recursos mineros a valores justos, validadores de las pruebas de deterioro.
Incrementar la capacidad de monitoreo del proceso por parte de los organismos fiscalizadores o supervisores contables. Dictaminar una norma legal, similar a la Ley Sarbanes-Oxley de valores bursátiles en Estados Unidades que regulan y sancionan la divulgación de reportes financieros no apegada a la realidad de la emp y que se pronuncie prolijamente sobre la regulación de los gobiernos corporativos, la supervisión de los roles de los auditores y de las mejoras en el desempeño de la profesión de la contabilidad, Creación de un organismo tipo comisión fiscal, para establecer demandas por incumplimiento de la Ley. Preocupación por parte de las UNIVERSIDADES, por establecer un perfil profesional de la contabilidad, que responda a los requerimientos demandados, asegurando una formación certificada la más alto nivel. Algunas Universidades han reaccionado oportunamente en este rol y el mercado así lo ha reconocido con sus preferencias. Frente a este escenario las autoridades han reaccionado tibiamente prorrogando para el 2010 la obligación de la aplicación a ciertas sociedades anónimas abiertas. Debemos capitalizar las experiencias que nuestro país tiene por aplicaciones de cambios drásticos de reciente data, por implantaciones masivas sin preparación adecuada y de desastrosas consecuencias.
Es extraño el Comunicado del B. Central en cuanto a justificar la intervención cambiaria. Señala que esta intervención es para acumular reservas (comprará 8 mm de US$), "para enfrentar un deterioro de la economía internacional" (principal). Además, el Comunicado señala que la medida es "congruente con que el tipo de cambio real está bajo su nivel de largo plazo" (secundario).
Por ejemplo el ratio Reservas/M2 (M2: oferta monetaria ampliada) que mide la fortaleza financiera de la economía, alcanza a casi el 20%, mientras que en 1997 estaba sobre el 50%. Sin embargo mayoritariamente la acumulación de excedentes por cobre se ha ido depositando en el extranjero, no siendo esta cifra menor a los 20 mm de US$. Esto significa que el cuociente corregido de Reservas/M2 alcanzaría el 40% (el actual de 20% estaría subvaluado). Esto último es consistente con las declaraciones de Velasco de que la economía tiene recursos más que suficientes para enfrentar una crisis de balanza de pagos. Entonces lo correcto sería que el Comunicado señalará que "la intervención cambiaria busca aumentar el valor del dólar (verdadero objetivo), y que el incierto fin de la crisis subprime, es el pretexto perfecto para salir a comprar US$ (secundario)". Esperemos que no pague Moya, otra vez, si la divisa no se empina. A su vez, la Fed sigue chorreando US$ para salvar a los campeoncitos bancos de inversión, además de bajar repetidamente su tasa de instancia. ¿Adivine que pasará con el US$ en los próximos meses?.
La comparaciónde rentabilidades de universidades privadas (UPriv) con las universidades estatales (UEst) es estéril. Lo correcto sería comparar la calidad de la educación entregada por éstas, pero considerando los costos de los diferentes modos de financiamiento (publico-privado o mixto) y la declaración fehaciente de propósitos (si es con fin de lucro, que lo declare). Mientras en la mayoría de las UPriv hay grupos de inversionistas que asignan legítimamente los recursos con una lógica privada de maximización, las Uest presentan una serie de restricciones legales en la toma de decisiones. Esto hace que estas últimas sean percibidas como ineficientes, pese a que ya se están autofinanciando, y además están adecuándose a un vigoroso mercado de la educación. No obstante, reciben en el agregado a los deciles más pobres. Cierto está que hay universidades públicas y privadas de elite y masivas, pero servir a un sector social sin considerar las condiciones crediticias de tasa de interés y calidad académica, no es sinónimo de labor social.
Las UEst deberían aprender del sistema privado la capacidad de gestión para no producir déficit que son finalmente cargados a los contribuyentes. Pero tampoco las UEst pueden producir altas rentabilidades ("mejorar la gestión") subinvirtiendo, o inflacionando excesivamente los aranceles. Este punto se morigera con la publicación por ley de los balances de las UEst. Por consiguiente sería importante más transparencia en el sistema universitario en su totalidad. Así las familias y alumnos podrían expresar si lo recibido por ellos como "bienes educacionales" tiene coherencia con la rentabilidad y desempeño académico observado. No es menos cierto que la irrupción privada de la educación superior ha permitido incrementar sostenidamente el ratio de cobertura, lo que ha permitido dinamizar la industria académica, entregando espacios que están vedados a los académicos jóvenes en las UEst.
También, admitir a los mejores alumnos de liceos municipales sin una PSU óptima ("la cancha al inicio está ladeada") podría transformarse en un objetivo de política pública. Una vez agotadas las becas para facilitar los estudios de alumnos vulnerables, se debe recurrir al crédito. Este lo entrega ya la banca privada con aval del Estado. Pero presenta deficiencias debido a que el riesgo de crédito (el no pago) permanece mayoritariamente en manos de las instituciones de educación superior (IES). Esto crea incentivos perversos para devaluar ("sin que se note mucho") la calidad académica. El objetivo es "titular al alumno para que pague este crédito". El Estado se engaña en este caso ya que al no asumir parte importante de este riesgo y traspasarlo a las IES no está reconociendo que en el futuro estos estudiantes tendrán una tasa de tributación mayor. Si bien es cierto que estos créditos cuentan con algún subsidio del Estado, el mayor riesgo lo asumen las IES. Debería por consiguiente establecerse una garantía del Estado por un porcentaje del crédito asignado al alumno. Para reducir el traspaso de riesgo ("titular alumnos por doquier"), la parte no garantizada por el Estado se complementa con un seguro de cobertura limitada sólo si la IES (quien debería pagar la prima) tiene "infraestructura académica" en sentido amplio (de primer nivel) para reducir la deserción en el primer año. Esto es porque ambos, Estado e IES, compartirían el riesgo de crédito de la deserción. Además que la prima de siniestralidad pagada por las IES al Estado debería ser en función de la tasa de abandono. Así el seguro en cuanto a cubrir el no pago, permite alinear esta divergencia de de intereses. Acceder a este seguro y garantía, ambos, para inversión en capital humano, requiere transparentar los objetivos de fondo del proyecto educacional. Son recursos públicos los que se asignan.
En cualquier caso, Chile aspira a tener inflación OECD ("club de países modernos") y ser miembro pleno del club. Pero en estos países, el esfuerzo de las familias en promedio corresponde solo al 23% del total del gasto en educación superior mientras el restante es asumido por el Estado. Ojalás podamos tener también más EDUCACIÓN OECD: habría más inclusión social. El Estado tiene la palabra.