IFRS v/s SII Una Guerra de "Dos" Mundos
Germán R.Pinto Perry, Departamento de Contabilidad y Auditoría
Universidad de Santiago de Chile
Mucho se ha especulado sobre la necesidad que el SII emita normas que homologuen las normas tributarias a los criterios contables que imperarán a contar del 2009 en Chile para evitar desmedros en las empresas, pero este postulado desconoce las diametrales diferencias que existen y siempre han existido entre estos dos mundos
Mucha extrañeza me causan los anuncios apocalípticos que expertos tributarios han realizado ante las diferencias que se surgirán en la implementación de las normas internacionales de contabilidad (NIC), respecto de los criterios tributarios aplicados en la determinación de la renta líquida imponible (RLI) de los contribuyentes que llevan contabilidad completa. Me causa asombro, ya que siempre han existido estas discrepancias.
La contabilidad es una disciplina que abstrae los hechos económicos y los expone de una forma útil para realizar el proceso de toma de decisiones. En cambio, las instrucciones que están contenidas en la Ley de Impuesto a la Renta (LIR) establecen el resultado que determinará el tributo de categoría. Son dos realidades absolutamente distintas, pues la contabilidad recoge las motivaciones subjetivas del contribuyente – lo que podemos denominar como "motivación contable" –, los criterios financieros y fines económicos que están involucrados en las transacciones. En cambio, la LIR tiene por hecho gravado la generación de renta, que es todo ingreso que genera beneficio o utilidad por una cosa o actividad, y en general todo incremento de patrimonio devengado o percibido. Según la interpretación del SII, la renta implica un flujo a favor del sujeto, siendo éste el elemento fundamental para que exista tributación, no debiendo considerar estimaciones o recursos que aún no se han realizado jurídicamente.
Las NIC son las normas que en europeas recogen criterios nacidos de la dinámica de los negocios de empresas de esas latitudes, considerando mecanismos como el valor justo y el deterioro para valorizar sus cuentas. Estas prácticas no tienen el mismo origen de los principios que el legislador ha consagrado en el concepto de renta, situación que es obvia.
Las normas que se aplicarán contienen criterios más sofisticados que los aplicados en la actualidad. Según se ha manifestado, existirán "grandes" diferencias respecto al tratamiento tributario en materia de consolidación. Ante esto, sólo me resta decir que es evidente que en Chile tributan los contribuyentes que tienen un RUT en particular, lo que implica que cada empresa satisface su obligación tributaria por separado. En cambio, los principios contables conciben una entidad que suma todas las cuentas de las empresas en las cuales tiene participación, llegando a establecer que el único balance válido es el consolidado. Este criterio tiene plena validez en el campo de la toma de decisiones, pero no tiene cabida a la hora de cobrar impuestos. Esta discrepancia existe en la actualidad, motivo por el cual, la convergencia no generará mayores traumas.
Existen diferencias surgidas del deterioro, depreciación por componentes y no por unidad del activo fijo, leasing y lease back, valorización de existencias y otras relativas a la primera aplicación de las NIC que afectarán cuentas de patrimonio, que han sido expuestas como verdaderos abismos entre los valores contables y tributarios. Sin embargo, puedo decir que muchas de estas discrepancias existen en la actualidad. Creo que las nuevas normas contables tienen un nivel mayor de sofisticación, lo que demandará al contador preocuparse más en los cálculos que en el asiento, pero esta mayor prolijidad está en la Contabilidad y no en la tributación.
Los cálculos tributarios son relativamente sencillos y se pueden controlar con planillas electrónicas extracontables, pues no existe una "contabilidad tributaria". Las discrepancias no justifican un llamado al SII para homologar sus principios a los criterios de las NIC, pues implicaría una derogación de la LIR en su totalidad, dado que cambiarían los fundamentos de su hecho gravado.
Es por eso que considero que los llamados al SII para que emita normas para evitar una mayor carga de trabajo para los contadores, es simplemente no conocer que siempre ha existido una diferencia entre el mundo contable y el tributario, la cual puede convivir con la implantación de las NIC, como se ha llevado hasta ahora y que sus efectos sólo demandarán un mayor análisis en la contabilización del impuesto diferido.
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La Reducción de la Desigualdad
Gonzalo Martner
Académico Departamento de Administración Pública
Universidad de Santiago de Chile
Si nada se quiere hacer, es porque nada se quiere hacer para disminuir la desigualdad. Terminemos con los dobles discursos, declarémoslo con claridad y entonces que cada cual asuma su responsabilidad.
Desde la reciente campaña presidencial se ha hablado mucho sobre la necesidad de redistribuir los ingresos. Incluso un ex candidato perdedor forma hoy parte de la comisión que fue creada por la Presidenta Michelle Bachelet para hacer proposiciones en esta materia. Venimos arrastrando una persistente desigualdad de ingresos desde que en la década de 1970 se produjeron gigantescas transferencias de activos (contrarreforma agraria, privatizaciones) en beneficio de una minoría poderosa vinculada con la dictadura militar. La globalización de los mercados y varias crisis hicieron lo suyo, más tarde, para acentuar la concentración del capital productivo y financiero.
La más reciente encuesta Casen, cuya presentación oficial resulta algo confusa en sus criterios, revela una mejoría en la desmedrada situación chilena que es digna de destacarse. La distribución del ingreso autónomo por habitante entre el 20% más rico y el 20% más pobre -es decir, medida sin las transferencias públicas distintas de las pensiones- era de 19,7 veces en 1990 y de 21,3 veces en 2003. Se reflejó a esa fecha un deterioro en la distribución del ingreso primario (el que emana de la actividad económica) fruto del mal manejo de la crisis asiática y de sus efectos prolongados en el desempleo en nuestro país. Pero la buena noticia es que esta relación disminuyó a 19,3 veces en 2006.
La distribución del ingreso monetario o disponible entre el 20% más rico y el 20% más pobre -es decir, el ingreso que en definitiva está en manos de los chilenos- era de 18,4 veces en 1990 y de 18,9 veces en 2003. Estas cifras muy similares contrastaron con las del ingreso autónomo y reflejaron el buen impacto de una cierta focalización y expansión de los programas de transferencias monetarias. Aquí, de nuevo, la buena noticia es que esta relación disminuyó de manera importante a 16,5 veces en 2006, reflejando, probablemente, la mejoría en el empleo y en las transferencias a los más desfavorecidos.
No obstante, esta cifra sigue dejando al desnudo la enorme brecha de ingresos que todavía persiste (para no hablar de aquella en la posesión de activos productivos, que es aún mucho mayor). Cuando las cifras oficiales morigeran este dato sin considerar los ingresos por habitante (que es la variable pertinente, pues las familias más pobres son más numerosas y el mismo ingreso tiene que alimentar más bocas) o bien introduciendo de modo sólo parcial algunos gastos y recaudaciones públicas, equivocan el camino. La realidad hay que enfrentarla desnuda para poder actuar sobre ella y modificarla.
Hagamos un ejercicio simple con los datos de la Casen 2006: si por la vía tributaria y mediante subsidio directo se redistribuyera adicionalmente 5% del ingreso monetario disponible por habitante de los que pertenecen al 20% más rico hacia los que pertenecen al 20% más pobre, la relación entre sus ingresos promedio pasaría de las 16,5 veces mencionadas a 8,6 veces, es decir una cifra como la de EEUU (aunque este país no es de los más igualitarios si consideramos las 3,8 veces de Finlandia y Japón y las cuatro veces de Noruega y de Suecia).
En dinámica, este tipo de redistribución (que debiera organizarse desde los muy ricos a los que no tienen capacidad de ganarse la vida -niños, ancianos, discapacitados- o posibilidades de hacerlo debido a que están desempleados o enfermos) según los liberales plantearía un problema de incentivos que disminuiría el crecimiento. Esto no está probado en absoluto más que en sus dogmas, y debe dejar de ser un obstáculo mental, que es el que básicamente nos impide avanzar a una sociedad más igualitaria. La resignación es el mal nacional por excelencia de esta época de pragmatismos y dogmatismos mediocres.
Lo que nadie objetaría, pues no admite ningún problema de incentivos, es crear un fondo de redistribución de una parte de los excedentes del cobre que gastara sus intereses sólo para este fin, simplemente porque se declara prioridad nacional atacar directamente la desigualdad. A los fondos de estabilización y de reservas de pensiones ya creados por la Ley de Responsabilidad Fiscal, se podría agregar este fondo de redistribución en una ley de responsabilidad social, voluntad política mediante. El precio del cobre todavía más alto a lo previsto podría alimentarlo de modo significativo, en especial si se modifica el royalty que resultó ínfimo ante las increíbles ganancias que acumulan las mineras privadas con un recurso que es de todos los chilenos.
Si nada se quiere hacer en esta materia, es porque nada se quiere hacer para disminuir la desigualdad. Y, en ese caso, terminemos con los dobles discursos, declarémoslo con claridad y entonces que cada cual asuma su responsabilidad frente a la oportunidad histórica que se nos presenta con la prolongación de la bonanza del cobre.
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Vocación social de Administración Pública, destaca nuevo director
Dr. Pedro Ortega, nuevo director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE
Muy motivado y confiado en cumplir con las tareas que tiene por delante, se muestra el nuevo director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE, Dr. Pedro Ortega. El académico fue recientemente elegido y reemplaza al ex director subrogante de la unidad, profesor Gonzalo Martner. Expresa que "puedo apoyar mucho el desarrollo del departamento, por eso decidí postular al cargo".
Además, considera que es un gran desafío tomar las riendas de este departamento, pues "la carrera de Administración Pública de la Usach es muy bien vista entre sus pares, siendo la única que tiene cinco años de acreditación". Esta carrera es impartida por ocho universidades en el país y, según las propias palabras del Dr. Ortega, "se debe tener real vocación social para ejercerla y perfeccionarse constantemente".
En cuanto a sus primeras medidas en el cargo, el académico tiene tres áreas claramente definidas: mejorar el clima laboral; crear una mejor organización, instaurando líderes y generando programas; y desarrollar nuevos planes de crecimiento. Todo esto apunta a generar proyectos de investigación, asesorar técnicamente a instituciones externas y establecer un ambiente armonioso de trabajo, en el cual se pueda ser franco y "poder poner los puntos sobre la mesa".
Sostiene que la formación de los futuros administradores públicos es muy importante, existiendo dos aspectos fundamentales que se deben tomar en cuenta. En primer lugar, cree que actualmente se es "muy individualista en cualquier orden de cosas, lo que impide que se pueda desarrollar un buen trabajo de equipo" y estima que para enseñar esta carrera se debe tener experiencia laboral en el área, haber trabajado en organizaciones públicas o privadas. Agrega que espera "concretar la mayoría de estos proyectos en los próximos dos años, vinculados siempre a la contingencia nacional". AI
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Gobiernos Corporativos
Francisco Castañeda, Académico
Departamento de Administración, Universidad de Santiago
Se señala que "el mercado premia a las empresas que voluntariamente tienen buenos gobiernos corporativos, y castiga a las que no lo tienen". Un precio de acción más alto o más bajo reflejaría esto. Sin embargo, surgen las siguientes interrogantes: (1) Cuando los fondos de pensiones en Chile tienen invertidos miles de millones de US$ en acciones y bonos de empresas domésticas, ¿habría que esperar la autorregulación de las empresas?. El caso Enron es emblemático: sus altos ejecutivos estaban en contra de la regulación del mercado. ((2) Dado que los controladores en Chile (grupos económicos) tienen un alto porcentaje en control de la propiedad de las empresas listadas en bolsa (sobre el 51%), esto es una externalidad negativa para los minoritarios (léase AFPs, la señora Juanita, etc). Claro está que hay factores de reputación que no los llevarán a licuar utilidades a través de partes relacionadas con el controlador, aunque, ¿depende de la renta en juego?; y un juicio legal por transacciones a precios por debajo de los de mercado podría ser muy largo. (3) Las investigaciones demuestran un magro aporte de los directores a las empresas (Mc Kinsey – Icare, 2004). Esta calificación se debió entre otras a la carencia de directores independientes. La figura del director independiente (aquel que restando los votos del controlador, igualmente saldría elegido) contenida en el proyecto de gobiernos corporativos, mitiga, o aminora la externalidad del control excesivo de los mayoritarios. La pregunta de un accionista cualquiera no es, ¿cuánto gana por comprar cierta acción?...la pregunta relevante es cuanto más pudo ganar aquel inversionista....o cuanto dejó de ganar. Así el director independiente genera más transparencia en este mercado. Y la señora Juanita podría tener una mejor pensión".
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