FAE en Prensa

Sergio López Bohle
Académico del Departamento de Administración
Universidad de Santiago

La decisión de mantener el "gasto" o "inversión" hacia la RSE está inserta en la esencia de la gestión; el arte de elegir. Los comportamientos reactivos, proactivos y dubitativos dependerán de la visión costo-beneficio existente a nivel gerencial.

En este sentido, en las crisis abundan las expectativas negativas que sobrevaloran costos, subvaloran beneficios y donde se privilegia una visión conservadora. Sin embargo, otros liderazgos visionarios, ven la RSE como una oportunidad de negocios, un elemento diferenciador y fortalecedor de la competitividad de las empresas.

A su vez, la existencia de un ciclo negativo, permite evaluar el grado de compromiso hacia la RSE y ver los distintos niveles de acción de las compañías. De alguna forma, podremos ser jueces y descubrir la distancia real entre lo declarado versus lo realizado.

Por otra parte, existen fuerzas externas como los grupos de interés, los que demandarán y presionarán con distinta fuerza en cada una de las industrias y áreas de acción de la RSE. Esto ejercerá un estímulo para mantener, incrementar o disminuir "ciertas inversiones" en las compañías. Esto es fundamental dado que estos grupos determinan la rentabilidad y el éxito corporativo.

Finalmente, un dilema consistirá en el rol que realizarán las PYME, importante sector en la economía donde este tema es emergente, altamente vulnerable y donde existen problemas de supervivencia que cuestionan fuertemente las actividades dirigidas a activos intangibles o de largo plazo.

Francisco Castañeda
Académico Usach

La coyuntura actual genera señales disonantes. Es claro que una moderación del gasto público (¡sin afectar los programas sociales!) permitirá no traumatizar a la economía con alzas sustantivas en la tasa de interés. Así, el peso del ajuste no recaería principalmente en las personas y las pymes. La noticia actual de que el gasto público crecerá en 2008 a una tasa del 6,8% real anual, en vez del 8,9% contemplado en la Ley de Presupuestos, se debe principalmente a una inflación sustantivamente más alta que la esperada a finales de 2007 (la base de comparación es más alta). Por tanto, esto tiende a subvaluar el impacto del gasto público en los precios; ergo "el gasto público crecería más cercano a la demanda interna y no existirían presiones inflacionarias por el lado del fisco", lo que es argumentado por la autoridad.
Se requieren, por tanto, miradas adicionales. Cuando la inflación es alta y desanclada parece prudente observar mejor los ratios nominales, en vez de variaciones reales anuales (hay multiplicidad de deflactores). Esto es, medir el gasto público nominal (a precios corrientes) sobre el producto interno bruto nominal (a precios corrientes) entregaría una visión más amplia de la real contribución fiscal al actual ajuste económico.

Gonzalo Martner Fanta
Director Magíster Gerencia Pública
Facultad de Administración y Economía, Usach

El desempleo es la variable que viene fuera de marco desde hace más tiempo, es decir desde que en 1998-99 se provocó en Chile -por una mala política monetaria y fiscal- una recesión gratuita.
 
Un funcionamiento económico satisfactorio incluye muchos aspectos, pero en Chile los "tres cincos" -un crecimiento de al menos 5%, una inflación no superior a 5% y un desempleo no superior a 5%- son buenos indicadores de síntesis. Los tres están "fuera de trayectoria".

El crecimiento del PIB, que registró 5,1% en 2007, volverá a estar este año y el próximo por debajo de esa cifra (entre 3 y 4%). La productividad viene creciendo poco y los choques de oferta en materia de energía y sequía no han ayudado. El tipo de cambio sufrió una severa apreciación que afectó la cantidad exportada en lo que va de año y complicó mucho a los que compiten con importaciones. La tardía intervención del Banco Central ha servido para revertir el problema, lo que demuestra una vez más que buenas políticas económicas producen resultados mejores que el mercado librado a su suerte.

La inflación experimentó un salto que no veíamos desde hace mucho tiempo. Recordemos que en 1990 la democracia se inauguró con un ritmo anual de cerca de 30% y desde esa fecha se redujo sistemáticamente. La inflación es regresiva -afecta más a los que viven de un salario o de ingresos esporádicos- y en el largo plazo disminuye la inversión al afectar el horizonte del cálculo económico. Una inflación en ritmo anual de 9% en vez de 3%, que es la meta del Banco Central, es un problema serio. Este repunte es complicado, porque se acompaña de una disminución de la actividad.

El desempleo es la variable que viene fuera de marco desde hace más tiempo, es decir desde que en 1998-99 se provocó en Chile -gracias a una mala política monetaria y fiscal- una recesión gratuita. Ha costado mucho desde entonces bajar el desempleo del rango de 8% a 10%, que no es socialmente aceptable. La trayectoria venía lenta, pero bien encaminada hasta 2007. Se siguen aún creando muchos empleos en la economía, pero el ritmo viene de baja y las tasas de desempleo son mayores que las del año pasado (en parte porque más gente busca trabajo).

Frente a estas turbulencias, el peligro principal está en los expertos. Los hay de dos tipos que son peligrosos. Algunos engarzan muy bien con la tradición que tiene en el Presidente Barros Luco su mejor representante: "Los problemas son de dos tipos, los que no tienen solución y los que se arreglan solos". Es el credo liberal de los ajustes automáticos: no hagamos nada, o lo menos posible, los gobiernos no están para actuar, es mejor que los desequilibrios se absorban solos y se deje a los mercados el máximo de flexibilidad sin intervenciones que sólo agravan los problemas. Desde la crisis de 1929 se sabe que esta receta no hace más que dañar a las economías. La otra versión es la del activismo brusco, que lleva a cazar moscas con escopeta. Sus recomendaciones suelen ser: si hay inflación, súbase fuertemente la tasa de interés para que el Banco Central "sea creíble" y exíjase al Gobierno bajar el gasto. Si el origen de la inflación es importado, mala suerte: el riesgo de difusión de la inflación debe atacarse con medios recesivos rápidos y masivos. Estas políticas de tasas de interés altas y contracciones del gasto público de forma invariable terminan deprimiendo la economía y provocando un incremento del desempleo como en 1975, 1982 y 1999.

Lo que cabe hacer es diagnosticar bien el problema:

-La inflación se explica hoy por aumentos de costos originados en fenómenos externos (petróleo y alimentos), no por exceso de demanda.

-El consumo interno viene creciendo menos desde fines de 2007. No hay que contraerlo más, pues puede desplomarse.

-Por tanto, no hay que subir las tasas de interés afectando a los consumidores y a los productores ni disminuir el gasto público (se debe respetar la regla anticíclica en vigencia), pues esto deprime la actividad innecesariamente.

-El propio efecto de la pérdida del poder adquisitivo moderará el consumo.

-Hay que establecer un horizonte de 24 meses para volver a la meta de inflación.

-Hay que actuar conteniendo el alza de combustibles en lo que tiene de temporal modulando no tanto el impuesto específico (que se aplica a las cantidades consumidas) como el IVA, limitando la recaudación a la que resulte del valor del petróleo de largo plazo.

-Hay que restablecer de forma urgente los ingresos de los más pobres, perdidos con la inflación, si no queremos un aumento rápido de la pobreza. Bonos trimestrales compensatorios a las familias de ingresos más débiles mientras dure la emergencia de precios altos de la energía y los alimentos son posibles y justos si es que no se tiene a los dogmas neoliberales y las instituciones que los defienden como guías de conducta.

Los economistas chilenos de esta corriente han demostrado ser lo suficientemente incompetentes como para que no sea recomendable seguir sus recetas recesivas. Por último, el país debe asumir que el precio del cobre será por un largo período más alto que lo previsto y que el inmenso caudal de recursos adicionales generados no va a sus dueños, todos los chilenos, sino a quienes tienen la concesión privada de la explotación obtenida en condiciones ilegítimamente ventajosas. Establecer un nuevo trato tributario con las mineras privadas es un deber nacional que si no se cumple nos será reprochado con justicia por las futuras generaciones, que no encontrarán justificación a la increíble ceguera colectiva frente a la dilapidación de recursos que permitirían asegurar el salto al desarrollo que el país necesita. Se debe renunciar con urgencia a la defensa dogmática de "la estabilidad de las reglas del juego" que en este caso son directamente injustificables y privan a los chilenos ni más ni menos que de un mejor futuro.

*Este año, la Asociación de Empleados Fiscales ha solicitado un reajuste para el sector público, en una primera instancia, del 14%. Para el profesor Guillermo Patillo, perteneciente al Departamento de Economía de la FAE, ello correspondería a una cifra desmesurada. Se consultó al profesor Patillo las razones de su opinión.

- ¿Por qué cree usted que no existe una base para solicitar un reajuste del 14%?

En el sector público, los criterios de reajustabilidad de salarios, debiesen contar con dos componentes principales: uno, correspondería a la inflación esperada, correspondiente al período en que se va a negociar el contrato. En este caso, la inflación esperada es de 9%. Es evidente que cuando uno negocia un contrato, lo importante son las condiciones que van de momento a haber en el futuro. En tanto, el segundo, corresponde a la ganancia de productividad que hubiese, que justifique el aumento de salarios reales.

Si se suma una inflación esperada (9%) junto con la ganancia probable de productividad, jamás se llegaría al 14%. Se podría decir que en el contrato 2008, el reajuste erró en la inflación efectiva. Probablemente, podría darse como válido alguna corrección, por el error de inflación y en el error en la expectativa cometida antes; pero el criterio debe ser siempre inflación esperada. 

El punto clave es que el sector público, primero, no está ganando productividad. Segundo, la inflación esperada en 2009 es del orden del 4,5 a 5%. Por tanto, un reajuste cercano a 6%, más o menos, compensaría con la inflación esperada, más alguna mínima ganancia en productividad. 

Cualquiera que sea el contexto, es fundamental tener presente que existe una restricción adicional. Al hablar del sector público, no nos estamos refiriendo al mismo contrato de las empresas privadas. El gasto corriente del sector público, en buena medida, corresponde a remuneraciones. Por un tema inflacionario, ojala debiese acordarse un crecimiento no mayor a la del producto. Y, por ello, claramente, un reajuste de dos dígitos, en los funcionarios del sector público, no es consistente.

- Respecto al poder adquisitivo que poseen los funcionarios del sector público, ¿cómo incide esta cifra de reajuste en su calidad de vida?

Existe un elemento más de fondo en el tema. Uno debiese avanzar en crecimiento a terminar con los reajustes globales del sector, y avanzar en la fijación de salarios, por cada una de las reparticiones del sector público, de acuerdo a sus realidades.

Hay reparticiones en que la productividad ha crecido fuerte, y es relativamente medible. Sin embargo, hay otras en que no crece absolutamente nada, porque no se han hecho esfuerzos. No parece muy eficiente, ni tampoco muy equitativo, que se entreguen reajustes parejos, que abarquen tanto a buenos como malos. Existen reparticiones que están haciendo grandes esfuerzos por mejorar su productividad, junto con otros que no hacen absolutamente nada, o muy poco. Sé que eso no está aún en la agenda, pero es algo que discutiría en el futuro. 

Un reajuste parejo, como todas las cosas, es simple, es fácil de hacer: una sola regla para todos. Pero, hoy día, tenemos tecnología para poner, de una manera, lo que había hace sesenta o setenta años en Chile. Hoy, es posible medir, con un grado de mayor perfección, que es lo que la gente en verdad hace, y premiarlos por su contribución real.

Francisco Castañeda
Académico Usach

La Universidad de Santiago de Chile se encuentra ad portas de una nueva Acreditación Institucional, proceso complejo, pleno de metas, logros y desafíos. El innegable rol social en que le toca estar imbuida, la hacen ser una Universidad líder en su género. No puede mejorar su fortaleza financiera maximizando la tasa arancelaria (en desmedro de los estudiantes), ni puede tener un lucro encubierto. Su rol es el espacio público, con las limitantes y beneficios que le impone el marco legal. La sociedad, como un todo, puede apreciar y evaluar sus laboratorios, centros de investigación, incubadoras, cuadros artísticos y deportivos, y su vocación internacional; así como una rica extensión que posiciona a USACH en la prensa y en los medios audiovisuales. Si a esto se agrega que posee una propia radioemisora, junto a un Programa de Inclusión Social Propedéutico-Liceos Prioritarios, es posible afirmar que, como institución, estamos insertos en las temáticas locales y globales relacionadas con el desarrollo de la nación. Así, la USACH se transforma en un faro del valor del aprendizaje, y en una nítida ventana de movilidad social.

La USACH permite, asimismo, de muchas formas, ser nuestro sueño, y el de nuestras familias. Es el momento de fortalecerla, con el trabajo honesto y bien hecho, y con altura de miras; elemento tan necesario en todo grupo humano. Principalmente, debemos estar orgullosos de pertenecer a un proyecto que aspira a vencer la desigualdad en el acceso a la educación superior. Los pares evaluadores se encontrarán con una universidad extensivamente compleja, que tiene un claro movimiento en dirección hacia la excelencia académica. Nuestra USACH tiene orgullo de sí misma, porque estos jóvenes, a quienes hoy enseñamos, serán aquellos profesionales que harán de Chile un país más humano y más meritocrático. 

Ingresos que Tributan e Ingresos que NO Tributan

Prof. Germán R.Pinto Perry
Departamento de Contabilidad y Tributación
Universidad de Santiago de Chile

Los colegios subvencionados tienen un tratamiento especial que permite que todos lo recibido del Estado, no tribute. Esta calidad sólo está restringida a las subvenciones y no alcanzan a los cobros mensuales que realizan los establecimientos con financiamiento compartido

El DFL Nº2 de 1998, pero que fue promulgado en 1996, establece en su artículo 5 que la subvención, derechos de matrículas, derechos de escolaridad y donaciones que se destinen al pago de remuneraciones, en la administración, reparación, mantención o ampliaciones de las instalaciones de los establecimientos de educación "subvencionados", no estarán afectos a ningún tributo contenido en la Ley sobre Impuesto a la Renta. Este tratamiento es muy interesante, porque determina el carácter de ingreso no constitutivo de renta (en la práctica adquiere esta calificación) en todos los recursos que los sostenedores de colegios reciben del Estado a través del mecanismo de subvención por educación, que en estos últimos meses ha estado muy cuestionado. Esta exención es particular porque adquiere tal calidad (de no pagar impuestos) cuando se constate el destino dado, el cual está íntimamente ligado a la prestación del servicio de educación. En otras palabras, todo lo recibido del Estado no tendrá una tributación que la afecte, en la medida que se destine a las remuneraciones de docentes y administrativos, adquisición de material pedagógico y a mantención del activo fijo de los colegios.

Es importante señalar que el requisito fundamental para impetrar la calidad tributaria antes señalada, está dado exclusivamente en la constatación del destino claramente definido por el legislador, de los fondos entregados.

Hay que recalcar que el Derecho Tributario es una rama del Derecho Público y sólo amerita hacer lo que está expresamente señalado en algún cuerpo normativo, tal como es la mención expresa del destino que pueden tener los fondos de la subvención. Esto implica que si un sostenedor realiza retiros de los fondos estatales, deberá pagar Primera Categoría por el flujo íntegro, sin ser posible descontar gastos, y Global Complementario cuando refleje en su base imponible (como persona natural) el retiro realizado del colegio.

Esta restricción es tan clara y excluyente, que deja fuera a lo cobrado por los establecimientos educaciones como "financiamiento compartido". El Título II del DFL Nº2 antes señalado permite que los sostenedores perciban un ingreso adicional a la subvención, mediante un cobro que se hace a los padres y apoderados de los estudiantes que están matriculados en sus colegios. Este ingreso está normado en su naturaleza y cuantía. Sin embargo, como está en otro título, el cual no corresponde a la subvención estatal, y no queda incluida en el tratamiento que permite considerarlo como exento de toda tributación.

En efecto, el hecho de percibir un financiamiento adicional de los apoderados significa que está recibiendo un incremento de patrimonio que cumple los elementos del hecho gravado de la Ley sobre Impuesto a la Renta, teniendo la calidad de ingreso de Primera Categoría porque está expresamente señalado como tal en el número 4 del artículo 20 de la ley del ramo. De esta forma, el cobro del financiamiento compartido sería renta de Primera Categoría que debe ser declarada y demostrada según contabilidad completa.

Sin duda que para ojos inexpertos en el tema tributario, lo anterior es un intríngulis que sólo viene a complicar el oscuro panorama de los sostenedores, tan vituperados últimamente.

Sin embargo, la tributación es clara, y así lo ha señalado el Servicio de Impuestos Internos en su Oficio Nº 4197 de 2006 cuando señaló que el pago mensual que se realiza a los apoderados de colegios acogidos al sistema de subvención estatal con financiamiento compartido, no se les aplica la exención del artículo 5 del DFL Nº2 que sólo beneficia a los ingresos por subvención, siempre y cuando se respete el destino que ya señalé. Por otro lado, tendrá el carácter de ingreso renta ordinario, afecto a Primera Categoría y Global Complementario cuando sean retirados por los dueños, todo ingreso que reciban los establecimientos de parte de sus apoderados, bajo la modalidad de financiamiento compartido.

En la práctica, la disposición que he comentado tiene un fácil control, cuando los colegios llevan sistemas de contabilidad con la sofisticación suficiente que les permita demostrar el destino de las subvenciones y determinar, por otro lado, una renta líquida imponible según lo dispuestos en los artículo 29 al 33, en concordancia de los artículos 21 y 41, todos de la Ley sobre Impuestos a la Renta, según los ingresos adicionales que les cobren a sus padres y apoderamos, siendo menester tributar exclusivamente por este último concepto.

Francisco Castañeda
Académico Usach

En la década de los 90 se señalaba que desindexar (terminar con la UF!!) los contratos en la economía era una contribución para reducir aún más la inflación. De hecho, años más tarde, el B.Central aumentó su proporción de papeles en pesos (tasas nominales) en las licitaciones. Todo esto formaba parte de la necesaria credibilidad (el principal activo del instituto emisor) para bajar gradualmente la inflación y así enfrentar peticiones desmedidas de aumentos de salarios de grupos organizados. Hoy esto es ya lejano, debido a que el escenario central  de riesgo para la economía es la mayor inflación alimentaria internacional por masificación de biocombustibles (a lo que se adiciona el alto precio del crudo). Este escenario estaba asentado desde ya hace meses (basta observar los subsidios al etanol en Estados Unidos). Pero el B.Central subvaluó esto, y prefirió intervenir para hacer subir el tipo de cambio, debido al intenso lobby exportador y parlamentario. Y lo hizo pese a que la inflación estaba ya 2,5 veces alejada del rango objetivo (altamente peligroso!!). Cierto que hay factores internos y externos responsables de la mayor inflación doméstica, pero en este momento el tipo de cambio esta trasvasijando esa mayor inflación alimentaria (el IPC de Junio de 1,5% lo demuestra). Todo indica que el escenario central de riesgo se sinceró. Ahora el B.Central debe realizar los ajustes necesarios para alterar la intervención cambiaria en curso.

Francisco Castañeda
Académico Usach

Las Microfirmas y PYMES enfrentarán claramente en los próximos meses un panorama complejo. A las inevitables alzas de tasa de instancia del Banco Central para contrarrestar la inflación, se adicionará un creciente riesgo de crédito ya asimilado por la industria bancaria. Las provisiones bancarias tanto para personas como empresas han subido fuertemente. La posibilidad de que los controles de riesgo de la cartera se basen en parte en futuros incrementos de la tasa de interés para compensar el sobreapetito por riesgo del pasado, terminará empeorando la calidad de las carteras; el efecto Lemons ("clientes riesgosos") siempre opera en mercados con asimetrías informacionales. Las PYMEs con flujos inciertos y riesgosos, deberán soportar esta mayor tasa de interés. Los márgenes de operación ya se resienten con el mayor costo financiero, mermando el capital de trabajo de estas. Si a esto agregamos el escaso poder de mercado para negociar mejores condiciones de plazo y pago con los grandes conglomerados empresariales, la situación es con sesgo al deterioro. Así también la oferta crediticia para inversión productiva es insuficiente en relación con la amplia oferta total de consumo, representando una baja fracción. Los fondos con garantía del Estado (FOGAPE y FOGAIN, que son operados por la banca), tan importantes para proyectos sin garantías reales, requieren de inyección de más recursos y de una administración menos burocrática. También las PYMES deben mejorar sus procesos y readecuar sus  estructuras financieras.

Francisco Castañeda
Académico USACH

Esta meridianamente claro que el actual nivel del tipo de cambio esta creando una presión inflacionaria adicional. El actual desanclaje de las expectativas inflacionarias, viene desde la época de Corbo. La política monetaria fue complaciente con los grados adicionales de inflación en tal período. A esto se agregaba la discusión entre quienes "eran protectores del empleo" versus los "protectores de una baja inflación". El trade-off estaba presente en el mapa político, pero no en el mapa de la institucionalidad. La inflación global de alimentos y el alto precio del crudo han contribuido a que esta disyuntiva (trade-off) sea hoy notoriamente clara. Con la actual intervención cambiaria operando a razón de 50 millones de US$ diarios, y con expectativas de inflación total y subyacente, fuera de las predicciones de la convergencia a la meta en el plazo de 12 a 24 meses, la autoridad monetaria ha comenzado a actuar incrementando la tasa de instancia. Pero con una inflación cercana al 10%, y reajustes salariales de esa magnitud, el tipo de cambio real tampoco despega significativamente (que era el objetivo encubierto de la intervención). Por su parte, el crecimiento del gasto fiscal ya ha agotado su espacio macroeconómico, alterando otras variables, pese a cumplir la regla de ahorro estructural. Alargamiento del plazo de la intervención, o disminución de los montos diarios de compra, serán alternativas que se deben explorar para mitigar este considerable mayor umbral de inflación, que afecta sobre todo a los más pobres.